La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves su intención de recurrir la nueva Ley de Vivienda, en caso de que esta logre salir adelante, por, según ella, invadir competencias autonómicas. Con esta posición, la presidenta regional se niega a atajar el grave problema de los alquileres, precisamente en la comunidad que presenta no solo mayores problemas con la vivienda, si no también, con el precio del alquiler más alto de España.

Ayuso ha reafirmado dicha negativa durante su visita a San Sebastián de los Reyes (Madrid) para conocer las obras de edificación y el piso piloto de una de las promociones del Plan Vive. Desde la localidad madrileña, la presidenta regional ha insistido en que esa normativa, que se está tramitando actualmente, ha sido elaborada “sin ningún consenso y sin preguntar a los agentes implicados”, como, a su juicio, "se sacan adelante todas las leyes últimamente".

Los argumentos esgrimidos por la ‘popular’ se basan en dicha norma “encarecerá la vivienda” porque "va a frenar el desarrollo y hará que haya menos oferta". A la par, ha advertido que considera la maniobra como un “asalto institucional” porque “invade las competencias” regionales y, en el caso de Madrid, supondrá “perjuicios” y “atentará a la inversión y a los intereses de Madrid”.

¿En qué consiste la nueva ley de vivienda a la que Ayuso se opone?

La ley de Vivienda, anunciada en Consejo de Ministros el 1 de febrero de 2022, aún se encuentra pendiente de aprobación a causa del necesario periodo de consultas y negociaciones, que ha llevado a cabo el Ejecutivo central. Hecho que parece pasar por alto la líder madrileña.

En concreto, la nueva ley de Vivienda recoge una serie de puntos que regulan, entre otras cosas, los precios del alquiler en España. En primer lugar, la medida dictamina que las nuevas promociones tendrán la obligación de reservar un 30% de los inmuebles al parque público de viviendas.

Además, el texto recogería una serie de bonificaciones fiscales para que aquellos pequeños propietarios (menos de 10 viviendas en propiedad) puedan optar a grandes descuentos e incentivos fiscales para animar a dichos propietarios a rebajar el precio de las viviendas en alquiler.

En concreto, se ofrecería un 50% de bonificación impositiva a aquellos propietarios que alquilen su vivienda. Unas cargas fiscales que se verían reducidas hasta el 70% si la vivienda se alquila por primera vez a jóvenes de entre 18 y 35 años y/o si se trata e de un nuevo contrato con mejoras o rehabilitación. También contarán con una bonificación del 90% si el propietario alquila una vivienda en una zona tensionada.

A pesar de que la Ley de Vivienda ha sido, precisamente, uno de los puntos de discrepancia entre PSOE y Unidas Podemos a lo largo de la Legislatura, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que dichas desavenencias estarían solventadas "prácticamente" con un acuerdo entre los socios de Gobierno que estaría "pendiente de unos flecos". Entre los puntos consensuados estaría elevar desde el 2% al 3% el límite a los alquileres, pero solo de manera temporal, hasta que se defina un nuevo índice.

Madrid, con el alquiler más caro de España que Ayuso se niega a atajar

De acuerdo con varios estudios, la Comunidad de Madrid tuvo el dudoso honor de cerrar el 2022 a la cabeza de las autonomías con los precios de los alquileres más caros, en 12,39 euros por metro cuadrado, muy lejos de una económica Castilla y León cuyo precio ronda los 4,55 euros.

Además, a pesar de los esfuerzos del Gobierno Central de solucionar la presión sobre los alquileres que afecta principalmente a Madrid y Barcelona, como el bono de alquiler que contempla una ayuda de 250 euros mensuales durante dos años. Sin embargo, la subida constante de los alquileres impide a los más jóvenes -el grueso del mercado- acceder al alquiler y por ende al bono.

En el papel de oposición que se disputa con Feijóo, este recurso que Ayuso interpondrá, con una norma ni siquiera aprobada, es el último de una caterva de procedimientos judiciales iniciados contra el Ejecutivo central. El impuesto a los ricos, el decreto de ahorro o los currículos de Bachillerato que fomentan la inclusión, han sido el objeto de denuncia de la presidenta madrileña.

Sin embargo, Ayuso lleva ejerciendo su papel de oposición desde el estallido de la pandemia. Durante la crisis del COVID se denunciaron las órdenes y medidas del Ministerio de Sanidad o la concesión directa de subvenciones para "nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad", enmarcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.