La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lanzó hace unos meses una de sus propuestas más señaladas, con el objetivo de intentar reducir el coste de los alquileres. Esta medida trata de permitir la transformación de las oficinas en viviendas. Con esta ley, el Gobierno regional busca aumentar la oferta de viviendas en Madrid, en línea con otras iniciativas como la de habilitar suelo dotacional para destinarlo a alquileres accesibles.

El proyecto se presentó en febrero y fue aprobado a comienzos de verano. Desde entonces, los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid han tenido un plazo para decidir si se sumaban a esta medida. Este período finalizó el 4 de noviembre con cuatro ayuntamientos que no han apoyado la iniciativa de Díaz Ayuso.

Esta decisión no ha estado influida por las ideologías políticas, ya que dos de estos municipios están gobernados por el Partido Popular, y los otros dos por partidos de izquierda. No obstante, las razones de cada consistorio, según el partido que esté al frente del municipio, sí han variado.

Las localidades bajo el mando del Partido Popular, que han decidido no aplicar la ley de transformación de oficinas en viviendas, han sido Las Rozas, uno de los municipios más prósperos y ricos de España, y Colmenar Viejo, en crecimiento por su cercanía a Tres Cantos y el desarrollo de proyectos en los sectores de salud. Por su parte, los dos municipios bajo gobiernos de izquierda, que rechazaron la medida, son Alcorcón, liderado por la socialista Candelaria Testa, y Rivas-Vaciamadrid, gobernado por una coalición de izquierdas.

Además, esta ley establece el silencio administrativo,de modo que esta medida entrara en vigor en los municipios que no se hayan pronunciado sobre el proyecto. Esto ha sucedido en municipios como Leganés y Móstoles, ambos grandes poblaciones gobernadas por el Partido Popular en minoría, que permitieron que el plazo expirara para evitar enfrentar la oposición.

Otros municipios, como el Ayuntamiento de Madrid, han aprobado la ley, aunque con condiciones que incluyen determinadas modificaciones, como ha llevado a cabo el equipo de José Luis Martínez-Almeida .

Las Rozas y Colmenar Viejo rechazan esta ley

Este municipio ha optado por rechazar dicha ley debido a su enfoque actual en mantener su modelo de crecimiento residencial. Esta localidad ha destacado que ya cuentan con varias propuestas para sumar construcciones de vivienda protegida en normativa de alquileres asequibles.

El Ayuntamiento de las Rozas ya lo puso en marcha en marzo de 2023 con la ley aprobada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, beneficiando la construcción de vivienda pública y modificando el suelo dotacional para porteger la vivienda protegida.

Aunque otras localidades del Partido Popular han permitido que la medida entre en vigor sin pronunciarse a favor o en contra, como ha ocurrido en Móstoles y Leganés, en Las Rozas han mostrado preocupación por el posible impacto que podría provocar esta medida ante una transformación masiva de oficinas en viviendas y el debilitamiento de las infraestructuras y servicios.

"Gracias al marco normativo creado por la popularmente conocida como Ley Ómnibus de la Comunidad de Madrid, 4 parcelas municipales de suelo dotacional se sacaron a licitación para construir 550 viviendas de alquiler protegido en los barrios de La Marazuela, El Montecillo, El Cantizal y Monterrozas. Actualmente, ya se encuentran adjudicadas y en breve comenzará su construcción", han destacado.

Según han explicado a Madrid Total, el ayuntamiento lleva más de un año apostando por esta vía para aumentar la oferta de alquiler protegido, por lo que no han recurrido a la nueva Ley de Vivienda que permite cambiar el uso de oficinas a viviendas. Además, debido a la naturaleza empresarial de Las Rozas, que cuenta con un extenso Parque Empresarial, el municipio prefiere mantener y atraer proyectos empresariales de gran tamaño que generen empleo en la zona.

“Por eso se ha querido seguir preservando el número de oficinas del municipio con capacidad para albergar grandes empresas y corporaciones”, concluyen desde el ayuntamiento.

Además de este municipio, el Ayuntamiento de Colmenar Viejo decidió, el pasado 31 de octubre de 2024, no acogerse a la ley de la Comunidad de Madrid que requiere el cambio de uso de oficinas a viviendas protegidas. Principalmente, esta decisión se basa en los terrenos ubicados y, por tanto, en su posible transformación. Este aspecto preocupa a esta localidad debido a que dichos terrenos se encuentran cercanos a infraestructuras que podrían ocasionar molestias para futuros residentes. En particular, destacan parcelas situadas cerca de la subestación eléctrica que abastece al municipio y otras junto a la vía del tren.

50.000 nuevas viviendas

Desde el Ayuntamiento explican que, debido a estos factores, estas áreas podrían no ser adecuadas para viviendas y que el desarrollo habitacional en esas parcelas podría traer problemas de convivencia por temas como ruidos y molestias. Sin embargo, puntualizaron que esta decisión no es definitiva y que se podría modificar en el futuro si las circunstancias urbanísticas cambian o si se hace una nueva evaluación de la situación actual.

A pesar de las negativas en estos municipios tan señalados, la Comunidad de Madrid ha considerado como un "éxito" esta implemantación de la ley. Según Carlos Novillo, el consejero de Medio Ambiente e Interior, la medida tiene el potencial de generar hasta 50,000 nuevas viviendas si los promotores inmobiliarios optan por este camino en los próximos dos años. Originalmente, se estimaba que la ley permitiría crear unas 20,000 viviendas, pero la estimación ha crecido considerablemente. Novillo también enfatizó que los municipios tienen libertad para adaptar la ley a su realidad particular, y algunos ayuntamientos han aplicado adaptaciones para asegurar sus propias necesidades urbanísticas.

En su entrevista declaraba que esto es una "herramienta para los municipios" y que "son ellos quienes mejor conocen su realidad y, con este instrumento que antes tal vez querían, pero no tenían, ahora pueden abordar problemas de vivienda, especialmente para los jóvenes que, en muchos casos, sienten que deben abandonar su municipio".