PREGUNTA

Buenas tardes, ante todo gracias por facilitar este servicio que he encontrado en internet.

El motivo de mi consulta es preguntarles si mi empresa puede cambiar el centro de trabajo y yo puedo negarme, acogiéndome a los 20 días por año. Ni siquiera me han notificado con un mes de antelación el cambio de centro por escrito, si bien es cierto que soy conocedor del cambio.

Tengo vehículo de empresa y lo podría utilizar, con lo que no me supone un coste económico, pero sí de tiempo, porque tiene 40 km de distancia respecto al anterior centro de trabajo.

Espero que con esta información nos pueda servir para darme una valoración.

Muchas gracias.

RESPUESTA

Hola,

El art. 40 del Estatuto de los Trabajadores (ET) regula la denominada “movilidad geográfica”, esto es, el cambio de un centro de trabajo a otro centro de la misma empresa pero en distinta localidad, que exija un cambio de residencia para el trabajador. Atendiendo a su carácter temporal o definitivo, el ET contempla dos tipos de movilidad geográfica: los desplazamientos y los traslados.

Por lo tanto, debemos adelantar que los cambios de centro de trabajo que no requieran cambio de residencia por parte del trabajador no se califican legalmente como traslados. En esos casos, la empresa puede adoptar la decisión unilateralmente, sin necesidad de negociar con los representantes legales de los trabajadores, aunque sí deberá informarles de su decisión (art. 64.5.c del ET).

Pues bien, el art. 40.1 del ET dispone lo siguiente:

“El traslado de trabajadores que no hayan sido contratados específicamente para prestar sus servicios en empresas con centros de trabajo móviles o itinerantes a un centro de trabajo distinto de la misma empresa que exija cambios de residencia requerirá la existencia de razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que lo justifiquen. Se consideraran tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa, así como las contrataciones referidas a la actividad empresarial.

La decisión de traslado deberá ser notificada por el empresario al trabajador, así como a sus representantes legales, con una antelación mínima de treinta días a la fecha de su efectividad.

Notificada la decisión de traslado, el trabajador tendrá derecho a optar entre el traslado, percibiendo una compensación por gastos, o la extinción de su contrato, percibiendo una indemnización de veinte días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades. La compensación a que se refiere el primer supuesto comprenderá tanto los gastos propios como los de los familiares a su cargo, en los términos que se convengan entre las partes, y nunca será inferior a los límites mínimos establecidos en los convenios colectivos.

Sin perjuicio de la ejecutividad del traslado en el plazo de incorporación citado, el trabajador que, no habiendo optado por la extinción de su contrato, se muestre disconforme con la decisión empresarial podrá impugnarla ante la jurisdicción social. La sentencia declarará el traslado justificado o injustificado y, en este último caso, reconocerá el derecho del trabajador a ser reincorporado al centro de trabajo de origen (…).”

Por lo tanto, la decisión unilateral de la empresa de trasladar al trabajador requiere de:

- La existencia de razones económicas técnicas, organizativas o productivas que lo justifiquen.

- La notificación al trabajador y a sus representantes legales con una antelación mínima de 30 días a la fecha de su efectividad.

Una vez que al trabajador se le comunica la decisión empresarial de proceder a su traslado, éste tiene estas alternativas:

  • Aceptar el traslado. En ese caso tendrá derecho a percibir una compensación económica, en aras de sufragar los gastos propiciados por el traslado. Respecto a su importe, habrá que estar a lo que señale el convenio colectivo correspondiente.

  • Pedir la rescisión de su contrato, percibiendo una indemnización de 20 días de salario por cada año trabajado en la empresa (con un tope de 12 mensualidades).

  • Impugnar la decisión empresarial ante la jurisdicción social. En cuyo caso dispone de un plazo de veinte días inmediatamente posteriores a la notificación del traslado para interponer la demanda. Existe un procedimiento especial y preferente en la ley reguladora de la jurisdicción social (arts. 138 y ss.), exento de conciliación previa ante el SMAC. Ahora bien, el hecho de interponer la demanda no obsta a que el trabajador tenga obligación de cumplir la decisión empresarial de traslado, al menos hasta que exista una sentencia judicial que le dé la razón.

Además de los traslados individuales, el art. 40.2 regula un procedimiento específico para los traslados colectivos, al señalar que este debe ir precedido de un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores de una duración no superior a quince días. A estos efectos, se considera el traslado colectivo cuando afecte a la totalidad del centro de trabajo, siempre que este ocupe a más de 5 trabajadores, o cuando, sin afectar a la totalidad del centro de trabajo, en un periodo de 90 días comprenda a un número de trabajadores de, al menos:

a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.

b) El diez por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores.

c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores.

Una vez vista la regulación legal y centrándonos en su consulta, hemos de señalar que en la práctica, el principal problema que se plantea es, precisamente, determinar cuándo un cambio de centro de trabajo comporta la necesidad de cambiar de domicilio.

Algunos convenios colectivos (como el de la Banca), establecen que el cambio de centro de trabajo en un radio que no supere los 25 kilómetros no se considera movilidad geográfica. Luego a sensu contrario puede entenderse que todo cambio de centro de trabajo que supere dicha distancia será considerado como traslado.

En defecto de regulación en el convenio colectivo que le sea de aplicación, la jurisprudencia ha tomado en consideración una serie de criterios, siendo los más habituales los siguientes:

– la distancia entre el nuevo centro de trabajo y el domicilio del trabajador,

– la existencia o no de medios de transporte que posibiliten el acceso del trabajador al nuevo centro de trabajo, atendiendo a la regularidad del servicio, el horario del trabajador, etc.

– las medidas adoptadas por la empresa para neutralizar los efectos derivados la movilidad.

El cambio de lugar de trabajo implicará un cambio de domicilio cuando, atendiendo a los criterios expuestos u otros similares, quepa sostener que “razonablemente” no ofrece dudas al ciudadano medio la necesidad de cambiar su domicilio para residir con carácter estable en el nuevo lugar de trabajo.

Así, el TSJ de Madrid ha considerado que no existe necesidad de cambiar de domicilio (y por tanto no existe movilidad geográfica) a pesar de que el nuevo centro de trabajo se encuentre a una distancia de 45km, si existe un servicio público de transportes de autobuses o trenes; otros Tribunales tampoco lo han considerado cuando la distancia es de 60 Km., el tiempo utilizado de 45 minutos a través de autovía sin peaje y se le abona, conforme el convenio colectivo, una compensación económica; o cuando el recorrido en vehículo particular es de 25 o 30 k. de ida y vuelta y puede realizarse en un período corto de tiempo por existir una buena comunicación vial; o cuando el centro de trabajo está a 13,4 km de distancia del domicilio de trabajador.

Por el contrario, en otros supuestos se ha entendido que el desplazamiento entre el nuevo centro de trabajo, mediando 37 km de distancia, sí implica cambio de residencia.

Por lo tanto, la casuística es muy variada y en defecto de previsión convencional, habrá que examinar no solo la distancia entre el antiguo y el nuevo centro de trabajo, sino también las infraestructuras y medios públicos de transporte disponibles, para poder ponderar si objetivamente se hace o no necesario un cambio de residencia y aplicar, en este supuesto, la regulación legal prevista para los traslados.

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