El silencio que atesora toda sala de cine se asemeja mucho al que se respira en la España rural. Lejos de las prisas y los ruidos constantes de la gran urbe, el campo español vive a otro ritmo. Sin embargo, parece que la paz que caracteriza al campo ha terminado por romperse a causa de los fondos buitres interesados en adquirir parcelas para invertir en el lucrativo negocio de las renovables, tan en boga a causa de la guerra de Ucrania. Un hecho del que el cine, como herramienta artística, no ha tardado en trasladar a la gran pantalla, ejemplo claro el de dos filmes muy premiados ‘Alcarrás’ y ‘As Bestas’ -premiada en los pasados Goya-. 

Tanto Carla Simón como Rodrigo Sorogoyen han sabido plasmar la sangrante situación por la que pasan muchos agricultores y ganaderos españoles. Consignas como “el solar sí, pero no así”, “eólicos aquí non” o “el capital nos echa del rural” lleva tiempo resonando en una España casi vacía que lucha por sobrevivir.

Sin embargo, el problema de fondo radica en dos conceptos fundamentales para la economía española. Por un lado, la acuciante necesidad de impulsar las renovables y apostar por una independencia energética basada en la energía verde impulsada por las crisis de energía derivada de la guerra de Ucrania. Y por otro lado, la amenaza al medio rural, a la producción alimentaria, al paisaje, a la biodiversidad, a la agricultura e incluso al motor económico de España, el turismo.

Las ‘opas’ de las grandes energéticas han convencido a multitud de pequeños agricultores que, ante semejante oferta, no han podido negarse a vender sus tierras y buscar otro medio de vida. Sin embargo, el agricultor más profesionalizado, el que ha hecho del campo su modo de vida y reconoce en la tierra su principal medio de subsistencia es mucho más reacio a someterse al poder económico de las empresas.

A pesar de las buenas intenciones de la Administración, las metas marcadas por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobada en 2021 que persigue el objetivo de que el 74% de la energía del sistema eléctrico se nutra a través de energías renovables, hacen de las turbinas eólicas y las placas solares el mejor de los cultivos.

En la actualidad, existen en España más de 62.000 instalaciones fotovoltaicas y 1.300 parques eólicos, una cifra en renovables muy por encima de la media de la Unión Europea pero que sigue sin ser suficiente para alimentar la demanda energética española. Las condiciones de demanda y de gran disponibilidad de viento y sol -2.500 horas al año que hacen de España el país con más sol de Europa- hacen del país un enclave muy codiciado por los inversores que han visto en la necesaria transición energética un interesante filón.

Los espantapájaros no alejan a los fondos buitre

De las 31.367 fincas rústicas registradas en diciembre del 2022, hasta 11.250 cambiaron de manos. La tendencia se repite en los meses anteriores, en noviembre las transacciones de fincas rústicas alcanzaron las 13.926, mientras que en octubre los intercambios se contaron por 11.587, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Unos datos que no responden al azar en absoluto -quizá si al libre mercado- atendiendo a los datos, las operaciones con terrenos agrícolas se han disparado durante los dos últimos ejercicios, mientras se espera que el 2023 la tendencia continúe. Sin embargo, tras estas cifras no se esconde una apuesta por el mundo rural, o al menos, no por su actividad tradicional. Un cada vez más creciente número de inversores se está lanzando a comprar empresas y terrenos del sector primario dada su rentabilidad y, en parte, para convertir dichos terrenos en un ‘invernadero de energía renovable’.

La aceleración de proyectos renovables

El debate está en boca de todos, trasladado ahora a la gran pantalla. Galicia no es solo el escenario de la premiada película de Sorogoyen, sino también el epicentro de la cuestión, más aún, meses después de que la Xunta aprobara en dos meses 26 proyectos, la misma cantidad que en los seis años anteriores.

El equilibrio entre la ecología y la crisis energética resulta sumamente precario. El decreto de prórroga de las medidas anticrisis, aprobado el pasado 27 de diciembre, eliminaba el requisito de obtener una Declaración de Impacto Ambiental excepto en las zonas inscritas en la Red Natura 2000 (de protección) y otros espacios protegidos.

Lo que realmente resulta poco verosímil es que Galicia sea el territorio con menor porcentaje de territorio protegido por la Red Natura 2000, más aún teniendo en cuenta la gran biodiversidad con la que cuenta. Es por esa razón por la que algunos parques eólicos proyectados en las laderas de sus montes afectan a zonas de alto valor ecológico como humedales y reservas.

Zonas como la de Sabucedo (Pontevedra) no cuentan con una protección especial, ni tampoco lo hacen las fuentes de agua de las que beben tanto los vecinos como los caballos, y que se podrán ver afectadas por los trabajos de construcción de los parques eléctricos.