El pasado 15 de octubre, España presentó su plan presupuestario para el año 2024, un ejercicio requerido por la gobernanza económica europea, aun a sabiendas de que, a fecha de hoy, no hay una previsión cierta de la conformación de un nuevo gobierno y que, desde luego, no se puede descartar todavía una repetición electoral. En cualquier caso, España cumple así con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas presupuestarias, y ofrece, de esta manera, un panorama de análisis en profundidad sobre la situación y perspectivas de la economía española y de las cuentas públicas.

Cabe recordarse que 2024 será el año en el que, tras varios ejercicios, se reactivarán las reglas fiscales de la Unión Europea y, con ellas, el procedimiento de déficit excesivo, mecanismo por el que se realiza una vigilancia reforzada sobre aquellos países con un déficit público superior al 3% del PIB, situación en la que se encuentra España desde 2020, debido al esfuerzo fiscal realizado para contrarrestar el efecto de la crisis de la pandemia, y la posterior recuperación, atravesada por la guerra en Ucrania y los sucesivos paquetes de apoyo puestos en marcha desde entonces hasta, previsiblemente, diciembre de 2023. Esto significa que España deberá aplicarse en materia de ajuste fiscal con una senda de consolidación fiscal lo suficientemente solvente como para mantener la confianza de inversores e instituciones en nuestra economía.

El impulso cíclico de los últimos tres años ha permitido, junto con la inflación, un ritmo de reducción de la deuda pública y del déficit público muy positivo, pasando de tener una deuda pública cercana al 120% del PIB en 2021 a situarse, de cumplirse los pronósticos ofrecidos por el gobierno, en un 106% en 2024. La realidad es que el impulso de ciclo, que tanto han hecho por mantener este ritmo de reducción de la deuda, pero también por mantener el crecimiento del empleo, se atenuará notablemente en 2024 y siguientes, de manera que no esperamos grandes crecimientos económicos más allá de los próximos doce meses. Aun así, España pronostica para 2023 un crecimiento del 2,4% del PIB, muy por encima de la media de la Unión Europea, y por encima de las previsiones iniciales del gobierno en otoño de 2022 (y también, por qué no recordarlo, de la mayoría de las previsiones de los analistas). Los datos de los últimos dos trimestres apuntan a una fuerte desaceleración tras el verano, pero, aun así, la cifra global mantendrá esas magnitudes, que se situarán, en 2024, en un previsible crecimiento del 2% del PIB.

Con esta ralentización del ciclo económico, que en el caso de nuestro país, ha experimentado una muy notable resiliencia frente a la situación generada por la guerra en Ucrania, la disciplina fiscal debe volver a estar en primera línea. España ya ha anunciado la finalización de las medidas de apoyo puestas en marcha en el marco de la lucha contra los efectos de la inflación, con las bajadas de impuestos indirectos, las subvenciones y las bonificaciones implementadas desde marzo de 2022. En principio, la retirada de las medidas de apoyo conllevaría la retirada de algunos de los impuestos extraordinarios que se pusieron en marcha, como el impuesto sobre beneficios extraordinarios para la banca, aunque justo este tema es motivo de negociación en la conformación del nuevo gobierno. En cualquier caso, España tiene previsto incrementar sus ingresos públicos del 41,9% del PIB en 2023 al 42% en 2024, aprovechando el tirón de crecimiento del que disfrutaremos todavía en 2024. En materia de gasto, se espera una reducción de ocho décimas, pasando del 45,8% en 2023 al 45% en 2024, reducción que se concentraría en la remuneración de los asalariados públicos y en la retirada de los apoyos públicos ante la inflación, que se centran en las transferencias sociales y en las subvenciones.

Es de esperar que 2024 sea el último año del ciclo alcista que comenzó en la segunda parte de 2020, cuando se produjo el primer rebote tras el parón de la primavera de la pandemia. De aquí en adelante, España tendrá que ver cómo su crecimiento se adecúa a sus condiciones estructurales, que señalan un crecimiento notablemente menor a medio y largo plazo, afectando de esta manera a la capacidad del crecimiento económico para contribuir a equilibrar nuestras cuentas públicas. El abultado déficit estructural, que se sitúa por encima del 4%, apunta a que la mera evolución de los ingresos y gastos sujetos al ciclo económico no serán suficientes para continuar la consolidación fiscal, de manera que tarde o temprano tendremos que volver a realizar ajustes de carácter estructural, algo que con casi toda seguridad será señalado en el informe que, de manera preceptiva, debe realizar la Comisión Europea en los próximos días. Tendremos entonces que volver a pensar en qué país queremos ser, un país que es capaz de movilizar e invertir un 42% de nuestro PIB en gasto público, o un país que se conforma con recaudar y gastar un 38%, cifra mágica en la que se han venido situando las métricas de referencia del Partido Popular. Estos cuatro puntos de PIB son los que, hasta el momento, han marcado la diferencia entre unos y otros en materia de gastos e ingresos. Es una pena que, de nuevo, hayamos orillado el documento de la reforma tributaria desarrollado por la comisión mandatada a tal efecto, porque la reforma fiscal que necesitamos no se puede lograr a base de parches.

Mientras todo eso ocurre, España deberá mantener la disciplina fiscal suficiente para asegurar que cumplimos con el objetivo de situar el déficit público de 2024 en el 3%, y deberá acelerar la implementación de los fondos Next Generation que faltan por ejecutar, incluyendo la nueva adenda, para poder incrementar de nuevo el crecimiento potencial de nuestra economía a través de las inversiones y reformas que siguen pendientes. No es tarea menor.