A partir de enero de 2018, la CNMV tendrá nuevos poderes, alguno a la altura del mismísimo CNI. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá pedir, con permiso judicial, los registros de llamadas y de datos móviles de las telecomunicaciones de sus investigados. La petición se puede hacer a cualquier compañía, aunque las más grandes son Telefónica, Orange y Vodafone.
Hasta ahora, esta prerrogativa sólo estaba disponible para estamentos como la policía o el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El mérito es del presidente de la CNMV, Sebastián Albella, quien se lo ha pedido explícitamente al Ministerio de Economía. La cartera de De Guindos incluye la modificación enla reforma que traspone la directiva para que los mercados europeos funcionen mejor, conocida como Mifid 2, informa Cinco Días.
La norma que regula la custodia de las comunicaciones electrónicas está en vigor desde 2007 y exige a las telecos guardar los registros de llamadas y los datos de comunicaciones durante un año, aunque el plazo se puede variar reglariamente entre seis meses y dos años.
La CNMV podrá pedir judicialmente estos datos “para detener, investigar y enjuiciar delitos graves contemplados en el Código Penal”. Y se amplía para la “investigación y persecución del abuso de mercado en el ámbito del mercado de valores cuando haya sospecha razonable de que se ha cometido una infracción y dichos registros puedan ser relevantes para la investigación”.
Una capacidad que ahora reciben y que antes tenían las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando desempeñen funciones de policía judicial, los funcionarios de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera y los agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
