El productor televisivo José Luis Moreno, que fue detenido por orden de la Audiencia Nacional el pasado 29 de junio en su domicilio de Boadilla del Monte, no abrió las puertas de su finca a la policía en el momento de la entrada y registro, y aguardó a los agentes y a la comitiva judicial en su dormitorio.
Así consta en el atestado policial al que ha tenido acceso Europa Press y que forma parte del sumario de la Operación Titella que se sigue contra el afamado ventrílocuo y otros por presuntos delitos de estafa y organización criminal, entre otros.
"Tras varios intentos por que abran la puerta, nadie desde el interior de la casa accede a ello. Que ante tal situación los comparecientes (...) saltan la valla principal de la finca, para poder llegar a la puerta de acceso al inmueble", detallan los agentes sobre la entrada a las 08.00 horas en el domicilio.
Una vez en la finca lograron que abrieran las puertas de la residencia, donde había varias personas que indicaron que Moreno se encontraba en la primera planta. "Localizan en el dormitorio al ahora presentado como detenido, el cual es informado de los derechos que le asisten", indica el informe policial.
En ese registro que se produjo inmediatamente después y que se alargó hasta las 19.00 horas, la policía encontró, entre otras cosas, una pistola --Smith & Wesson-- del calibre 9 por 19 milímetros propiedad de Moreno.
Tras su detención, a Moreno se le leyeron sus derechos "en lenguaje sencillo y accesible" y fue informado de los hechos motivadores de su detención. El ventrílocuo manifestó que no prestaría declaración, que quería ser asistido por el abogado Carlos Aguilar y solicitó que de su detención fuera avisado el teniente coronel de la Guardia Civil Javier Rogero.
El entramado "muy complejo" de Moreno
En un informe de 20 de enero, los agentes sostienen que Moreno, con el "pretexto" de financiar un proyecto cinematográfico o televisivo, "se valió de ciertos individuos" y de "una serie de mercantiles que constituían un entramado empresarial muy complejo" para poder "acceder a diferentes y diversas entidades bancarias en busca de financiación, permaneciendo él en el anonimato".
Según los investigadores, el productor de televisión habría "embaucado" --"o por lo menos intentado"-- tanto a inversores privados como a entidades bancarias.
En el marco de las pesquisas, la Policía Judicial ha descubierto que el ventrílocuo participó "directamente en la fase de blanqueo de capitales", invirtió dinero en "objetos y bienes de lujo" y se sirvió de su departamento de administración para "confeccionar facturas que justifiquen los ingresos y gastos irregulares" y para "manipular" la contabilidad de las sociedades que gestiona con la intención de "engañar a socios e inversores privados" y "distraer" los pagos de impuestos a la Hacienda Pública.
En los informes que obran en la causa se sostiene que la presunta trama en la que se investiga al productor habría llevado a cabo operaciones "fraudulentas de financiación a través de empresas pantalla" que eran "administradas por testaferros" y "carecen de actividad real".
Además, los agentes aseguran que el supuesto entramado se habría "beneficiado de los créditos ICO" que se estaban concediendo a raíz de la pandemia y que habría solicitado líneas COMEX (Comercio Exterior) "previsiblemente para desviar los beneficios obtenidos a través de la financiación irregular de las sociedades a países extranjeros".
El papel de Martin
En el sumario, concretamente en un oficio policial de junio de 2021, elaborado días antes de su detención, también se recogen extractos de las conversaciones telefónicas intervenidas a personas de la trama y que sirvieron para sustentar las imputaciones. En ese contexto, los investigadores plasman negro sobre blanco el papel del amigo íntimo de Moreno, Martin Czehmester, quien de acuerdo con la "inteligencia financiera disponible" realizó distintas transferencias a la Republica Checa "de las que se podría estar lucrando".

Además, a los investigadores les consta la compra de un piso en Praga por el que se habrían pagado alrededor de 700.000 euros a través de una de las empresas de Moreno, YOUMORE TV S.L., y que habría sido "un regalo" del productor a Martin.
Los agentes añaden que Martin participaba "directamente" en al fase de blanqueo de os beneficios obtenidos por Moreno y sus empresas a través de su actividad fraudulenta. "En concreto ostenta la titularidad de propiedades inmuebles de alto standing en el extranjero, en concreto en la República Checa, disfruta de viajes de lujo en barcos y aviones privados, tiene el usufructo de vehículos de alta gama de las mejores marcas y recibe dinero en sus cuentas", detallan.
Una mula en un control
Por otro lado, el sumario también recoge detalles sobre la participación en la organización de Javier Villalba, que colaboraba "activamente" con el propio Antonio Aguilera --otro de los cabecillas junto a Moreno--, al que habría preparado y vendido sociedades destinadas a "ocultar y blanquear el dinero que le aporta la actividad fraudulenta". Así las cosas, éste se encargaba de organizar los transportes, envíos y recogidas de efectivo desde el extranjero, encargándose de buscar las "mulas" y gestionar los viajes.
Uno de estos envíos fue interceptado por una patrulla de la Guardia Civil en Zaragoza. Tras darle el alto, agentes del Instituto Armado revisaron el maletero de Montserrat Pedreny, encontrando en una madera bajo la rueda de repuesto billetes por valor de 1.294.250 euros, además de 1.000 euros que le fueron entregados a la mula en concepto de dietas.
Este montante, según los investigadores, tendría su origen en la actividad delictiva en Milán (Italia) de Carlos José Brambilla que, situado el escalón superior de la jerarquía organizativa, sería dirigente de una organización que se dedicaba al narcotráfico.
Tras la intercepción del dinero, Villalba llamó a su cuñado, José Antonio Cortés, al que confesó el "impresionante cabreo" que tenía después de que le hubieran intervenido en la capital aragonesa, en un control en el peaje, un envío de sushi, el más grande hasta la fecha, aludiendo así al dinero interceptado por la Guardia Civil.
"No veas qué pinta, que ni la serie Ozark"
Villalba, preocupado por si esto generaría alguna inspección en las empresas, aseguró que lo que había generado la pérdida del dinero "es cabreo y desconfianza" a los responsables. "Esta gente está acostumbrada a las pérdidas, pero que claro, que cuando te toca directamente y encima ahora que solo llevaban dos meses trabajando pues ha sido una 'putada'", reconoció.
En la charla con su cuñado Villalba comparó a "los jefes" con los protagonistas de la serie Ozark, basada en un cártel de narcotraficantes mexicanos. "No veas qué pinta, que ni la serie, que es peor todavía", le habría asegurado, relatándole que, en un encuentro, uno de los encargados le hizo pasar a una sala para preguntarle por el dinero.
Allí uno de los dirigentes -que iba acompañado de un "matón enano"-- sin saludarle "ni nada", le preguntó "sin mirarle" que cuándo se iba a recuperar el montante y que "cuánto tiempo" se iba a tardar. El propio Villalba quitó importancia a este encuentro explicando que esto a los jefes les daba igual, porque "de seis cargamentos que traen, pierden cuatro", siendo el margen de beneficios "tan alto que les sale a cuenta".
Para los investigadores "esta comunicación es muy reveladora, e importante" porque "por una parte insinúa a través de la mención a la serie Ozark, que el dinero es procedente del narcotráfico y además añade que están acostumbrados a perder tanto dinero como mercancía (cocaína), porque los beneficios son tan altos que les compensa".
La Policía sospecha que varios directores de oficinas bancarias han colaborado con la presunta trama en la que se investiga al productor de televisión José Luis Moreno "obviando la diligencia debida a la hora de aprobar las operaciones de financiación".
Entre los principales señalados constan cuatro que fueron detenidos en el marco de la 'Operación Titella': el directivo del Banco Santander Javier Rumbo Lorenzo, el de CaixaBank Miguel Méndez López, el de Caja Rural Soria Luis Peña Andrés y el de Banca Pueyo Luis Ángel Moreira Ausín.
En un informe del pasado 20 de enero --al que ha tenido acceso Europa Press-- que figura en el sumario de la causa que se instruye en el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, los investigadores sostienen que a raíz de las interceptaciones telefónicas practicadas "se ha podido determinar que existe un número de directores de entidades que cuanto menos están colaborando con la organización".
La participación de los directivos bancarios estaría "ligada directamente" a una "organización criminal" liderada por Carlos José Brambilla Ulloa --uno de los investigados en la causa-- que "tiene presuntamente como actividad principal el tráfico internacional de drogas" y que es utilizada para "blanquear dinero negro", según indican los investigadores en un oficio de 21 de junio, al que también ha tenido acceso Europa Press.
En este documento, los agentes subrayan que la actividad de la trama "no habría sido posible sin la colaboración de los empleados de bancos que habían conseguido captar y que hacían lo imposible por que se aprobasen las operaciones presentadas, recibiendo a cambio, su compensación".
"Colaboradores necesarios"
Entre los "colaboradores necesarios" la Policía Judicial destaca a Miguel Méndez López, de CaixaBank, quien "recogía dinero en efectivo, se encargaba de hacer ingresos y que además es la persona que controla las cuentas de Carlos José Brambilla Ulloa", investigado en la causa.
También se hace referencia a Luis Peña Andrés, de Caja Rural Soria, que, entre otras cosas, "se encargaba de recepcionar dinero en efectivo e ir realizando ingresos de 10.000 en 10.000, por lo que dijo estar sometido a auditoría por parte del banco".
En el informe de 20 de enero, el Equipo Conjunto de Investigación distingue entre "aquellos que han aparecido en la interceptación a través de las correspondientes llamadas telefónicas" por haber mantenido comunicación directa con los investigados y "otros de los que solamente se han hecho referencia a ellos en tercera persona".
En el apartado de "gestiones", los investigadores han identificado a 41 personas --directivos y trabajadores bancarios-- presuntamente implicados en la trama que se investiga en la Audiencia Nacional.
Registros en oficinas bancarias
En el atestado elaborado por el grupo IX UDEF de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid con posterioridad a las detenciones y registros, al que también ha tenido acceso Europa Press, se detalla que se entró el 29 de junio por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en cuatro oficinas bancarias en las que además se produjeron detenciones.
En concreto, detallan que se registró un despacho de la oficina del Banco Santander ubicada en el Paseo de la Florida (Madrid) donde se procedió a la detención de Javier Rumbo Lorenzo, quien --según informe de la Policía Judicial-- habría participado "en el descuento de pagarés de la empresa Bitton Sport S.L., relacionada con su ámbito personal", y en las actuaciones para conseguir financiación para tres de los investigados.
También se detalla que se registró la oficina de la Banca Pueyo ubicada en la calle Jaime el Conquistador (Madrid), donde se detuvo a Luis Ángel Moreira Ausín, quien habría mantenido comunicación con uno de los investigados para la "presentación de sociedades y para la posterior consecución de financiación".
A estos suma el atestado los registros de una oficina de Caixabank en la calle Pedro Laborde (Madrid), donde detuvo a Miguel Méndez López, y de una oficina de la Caja Rural de Soria radicada en el municipio de Torrejón de Ardoz donde se detuvo a Luis Peña Andrés.
A José Luis Moreno se le acusa de haber estafado más de 50 millones de euros a través de la creación de un entramado empresarial que contaba con más de 700 mercantiles, blanqueando presuntamente el dinero negro de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
La investigación nació en 2018 a raíz de varias denuncias de entidades bancarias en las que se manifestaba cómo haciendo abuso de la operativa bancaria esta organización había conseguido defraudar más de un 1,3 millones.