En un contexto de crisis grave, tal percepción está relacionada íntimamente con el hecho de que las instituciones políticas están fracasando en la resolución de los problemas que más angustian a los ciudadanos, como la recesión económica y el paro. También tiene que ver con la aparente abdicación de los legítimos representantes democráticos en la adopción de las decisiones estratégicas, que aparecen en manos de instancias lejanas y ajenas al control ciudadano, como es el caso de las autoridades monetarias o las llamadas “troikas”. La proliferación de casos de corrupción y la amplificación mediática, más o menos interesada, de las denuncias sobre la supuesta indolencia y la indiferencia entre los políticos, contribuyen a aumentar esta dinámica.
Una de las ideas que ha logrado abrirse paso en la opinión pública como solución al problema de la “lejanía” de los políticos consiste en la adopción de las listas abiertas en nuestro sistema electoral. Se trataría de sustituir las actuales listas cerradas y bloqueadas que presentan los partidos políticos para las elecciones a ayuntamientos, parlamentos autonómicos y Congreso de los Diputados, por unos listados abiertos de nombres entre los que la ciudadanía pueda elegir libremente. No es una idea nueva. Sin duda presenta ventajas, pero también tiene inconvenientes muy serios. El balance, a mi juicio, es negativo. Y el hecho de que políticos como Esperanza Aguirre se hayan apuntado de manera entusiasta a su promoción debiera aportarnos alguna pista.
Las ventajas son evidentes. Salvar y tachar nombres en un listado de políticos resulta aparentemente el culmen de lo que se ha dado en llamar el “empoderamiento ciudadano”. Tú me gustas, tú no me gustas. El vínculo entre elector y elegido se estrecha al máximo, y el débito del político reside tan solo en el conjunto de sus votantes, y no en la dirección de su partido.
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