El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) investigará al diputado del PDeCAT y exconseller de Justicia, Germà Gordó, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos público y otros asuntos vinculados al caso del 3%.
Según informa el TSJC, este órgano se declara competente para investigar al extitular de Justicia de la Generalitat y actual diputado en el Parlamento catalán, por lo que abrirá diligencias ante el aforamiento de Gordó.
Hombre de confianza del expresidente catalán Artur Mas, Gordó fue gerente de CDC entre 2004 y 2011, secretario del Govern entre 2010 y 2012; conseller de Justicia entre el 2016 y consejero de la empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya (GISA), con lo que tuvo responsabilidades organizativas y económicas, expone el auto.
Presuntamente, requería a empresas que optaban a concursos públicos a realizar "cuantiosas donaciones a dos fundaciones estrechamente vinculadas a CDC, en concreto, las fundaciones Catdem y Fòrum Barcelona".
Dimite en la Comisión
Tras conocerse la decisión del tribunal, Gordó ha anunciado que deja la presidencia de la Comisión de Justicia del Parlament, aunque continuará como diputado en la Cámara catalana, aunque ha reiterado su inocencia.
Así lo ha informado el DPeCAT en un comunicado, subrayando también que Gordó "se reafirma en que nunca ha hecho ninguna actuación fuera del ordenamiento jurídico" y, en este contexto, la anterior Convergencia "confía en las palabras del diputado" y pide que se respete el principio de presunción de inocencia.
Esquerra pide que se aparte
Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha pedido la dimisión de Gordó, exconseller de Justicia y exgerente de CDC que será investigado por el caso 3%, para que este hecho no sea un obstáculo para el proceso soberanista.
Tardà afirma en una entrada de su perfil en Twitter que “quien se pueda convertir en un impedimento, tiene que dar inmediatamente un paso al lado”.
El portavoz republicano en el Congreso añade en un tuit: “Gordó tiene que dimitir, será su mejor servicio al país”.
Por su parte la CUP, que sustenta al Gobierno de Junts Pel Sí en Cataluña, también ha pedido en un comunicado la dimisión de Gordó como diputado y ha recordado que hace unas semanas se conocieron unas conversaciones en las que otro ex alto cargo de CDC investigado por corrupción, Lluís Prenafeta, hablaba de "la recepción de empresarios controvertidos" por parte de "altos dirigentes" de Convergència.
Comisiones por adjudicaciones
Germà Gordó habría conseguido que Constructora Pirenaica (Copisa) donara 100.000 euros a las fundaciones ligadas a CDC en el 2012 a cambio de la adjudicación por el Consorci d'Educació de Barcelona y del contrato de obras de mantenimiento de varios edificios escolares públicos, que ascendían a 4,7 millones de euros.
También habría seguido el mismo camino la adjudicación por la Autoridad Portuaria de Barcelona -la Generalitat forma parte del consejo de administración a una UTE formada por Copisa, COmsa, ACSA y Benito Arnó- por dos contratos que ascendían a 39,6 millones de euros.
Estas adjudicaciones se habrían hecho "después de haber negociado personalmente los importes de las licitaciones y de las donaciones y las fechas de las adjudicaciones y de las entregas" con el consejero delegado de Copisa, Xavier Taulell.
Del mismo modo, según el auto, Gordó habría conseguido donaciones de 147.000 euros entre el 2014 y el 2015 a cambio de adjudicaciones de Gisa a la empresa Pasquina por 2,5 millones para mejorar la carretera C-55 y otro de 7,6 millones por el Departamento de Territori para señalizaciones en carreteras.
Gordó también habría obtenido, "aprovechando sus relaciones personales y políticas con Josep Manel Bassols, diversos regalos personales de la empresa Oproler por mediar" en adjudicaciones de Ginsa por un importe de 2.671.559 euros en unas obras en Manresa (Barcelona).
El caso 3% estalló en junio del 2014 en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona) tras la denuncia de una concejala republicana de varias irregularidades en el consistorio que sigue investigando el juez del Vendrell.
