Este martes, los gobiernos de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida publicaron simultáneamente dos notas de prensa en las que aseguraron que Madrid lidera la construcción y el alquiler de viviendas sociales en España. Tanto la Comunidad como el Ayuntamiento compararon sus cifras con Cataluña y Barcelona, afirmando haberlas superado en inversión y en parque de vivienda asequible, cuando los alquileres continúan disparados y el Plan Vive ha resultado ser una solución fallida.

Según el gobierno regional, “la Comunidad de Madrid lidera la construcción de vivienda protegida en España con 10.775 nuevos hogares en el periodo 2021-2023, según los últimos datos publicados por el Gobierno central”. En su comunicado, insistieron en que la región “duplica los datos registrados en Cataluña, con apenas 5.495, y que ocupa a distancia la segunda plaza”. Además, destacaron que “Madrid se situó a la cabeza de todas las comunidades autónomas con un 22,4% de los hogares edificados en el periodo 2021/23”, unas declaraciones que la oposición criticó por parecer un “medallero olímpico”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid afirmó que la ciudad cuenta con “el mayor parque de vivienda asequible en alquiler”, con 9.082 pisos sociales, lo que representa un crecimiento del 44% respecto a las 6.304 viviendas de 2020, según los datos del Ministerio. Asimismo, destacaron que Madrid lidera la inversión en vivienda pública con un presupuesto de más de 811 millones de euros entre 2020 y 2023, un 316% más que Barcelona. Según Almeida, “los inquilinos de los pisos del Ayuntamiento de Madrid nunca destinan a pagar la renta de alquiler más del 30% de los ingresos de la unidad familiar”.

Sin embargo, la oposición cuestiona estas cifras y acusa a ambos gobiernos de manipular los datos para proyectar una imagen irreal de la situación.

Según Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, “la caradura de Almeida no tiene límites” y lo acusa de “inventarse los datos”, argumentando que en la capital “el alquiler ha subido casi un 18% en el último año” y que desde la llegada de Almeida al poder en 2019 “la vivienda es un 50% más cara en Madrid”. También señala que la inversión en vivienda por habitante en Madrid es de apenas 41,4 euros al año, muy por debajo de ciudades como Barcelona (125 euros), Londres (133 euros), París (318 euros) o Berlín (486 euros). 

Uno de los principales cuestionamientos de la oposición es el uso de cifras absolutas en lugar de datos relativos. Antonio Giraldo, concejal del PSOE, sostiene que “la trampa” viene en que el Ayuntamiento y la Comunidad presentan los datos en términos absolutos sin tener en cuenta la población. “Se trata de ver la influencia que tiene la vivienda pública sobre el conjunto de la ciudad y hay que hacerlo en términos relativos. Hablar en términos absolutos no tiene ningún sentido”, ha explicado. El concejal ha argumentado que si se midiera cuánta vivienda pública hay por cada habitante, los datos serían desastrosos en la comunidad. “Hay una casa por cada 361 habitantes. En el caso de Barcelona, una por cada 191. Y eso que Madrid tiene el doble de población y el doble de presupuesto”, añadió.

Desde la oposición también critican que, a diferencia de otras comunidades, Madrid no cuenta con vivienda pública protegida de manera permanente. Jorge Moruno, diputado de Más Madrid, denunció que “el Gobierno de Ayuso ha liberado más vivienda de la que ha inaugurado”.

Además, Moruno destacó que, aunque Madrid insiste en que lidera la construcción de vivienda protegida, no menciona al País Vasco porque son conscientes de que se “ha construido más vivienda protegida durante el mismo periodo de tiempo”.

Más Madrid también responsabiliza a Almeida del aumento del precio del alquiler en la ciudad, acusándolo de incrementar el crecimiento de los pisos turísticos ilegales. Según sus datos, hay más de 25.000 viviendas de este tipo operando sin regulación en Madrid, con el “Plan Expulsa de Almeida”, que permitiría que hasta 315.000 viviendas y 66.000 locales comerciales se conviertan en alojamientos turísticos, dejando indefensos a los barrios.

 

El Plan Vive: promesas incumplidas y vivienda inaccesible

El gobierno de Isabel Díaz Ayuso defiende su gestión de vivienda con el Plan Vive, asegurando que gracias a la iniciativa se ha impulsado la construcción de casi 11.000 viviendas protegidas entre 2021 y 2023. Sin embargo, este programa, que prometía ser una solución al problema de la vivienda en Madrid, ha resultado ser una gran decepción para la mayoría de los inscritos en busca de una solución habitacional.

Los precios de los alquileres están lejos de ser asequibles, siendo una promesa incumplida de la presidenta. Se han llegado a cobrar más de 800 euros por pisos de 40 metros cuadrados y hasta 1.000 euros por viviendas algo más grandes. Además, los inquilinos deben asumir gastos como el IBI y la comunidad, algo que en el mercado privado suele pagar el casero. También se incluyen servicios como piscina, gimnasio y parking obligatorio, lo que encarece aún más el coste.

El resultado es que más de la mitad de los adjudicatarios han renunciado a sus viviendas al no poder hacer frente a los altos precios que superaban las expectativas prometidas. A esto se suman problemas de calidad en las construcciones, como goteras en Alcorcón, deficiencias estructurales en Alcalá de Henares o falta de luz en Getafe.

Por tanto, los requisitos de acceso a las viviendas de la iniciativa de la presidenta excluyen a muchas familias con bajos ingresos, mientras que personas con sueldos de hasta 6.300 euros sí podrían optar a estas viviendas protegidas, algo que se aleja totalmente del objetivo prometido del programa.

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