El Gobierno de Pere Aragonés no acaba de acomodarse al hecho científico de su clamorosa minoría parlamentaria; de ahí que PSC y Junts hayan alcanzado una entente no formalizada ni asumida públicamente para imponer a ERC la fuerza de sus 65 diputados, una suma inalcanzable para los republicanos, a menos que consiguieran los improbables apoyos de Vox, PP y Ciudadanos. Los socialistas y los exsocios de ERC han forzado al Gobierno de la Generalitat a tramitar como proyecto de ley el decreto contra la sequía presentado sin apoyos, mientras preparan la reprobación del consejero de Derechos Sociales y vuelven a poner la proa al consejero de Interior por reestructurar los Mossos, que ya fue reprobado hace unos meses, sin ofrecer más explicaciones.

El próximo viernes los grupos parlamentarios se reunirán con el presidente de la Generalitat en la denominada cumbre por la sequía en la que se espera se impulsen nuevas propuestas para combatir la amenaza de restricciones. De esta reunión, los socialistas esperan un nuevo decreto que sustituya el aprobado la semana pasada por el Parlament con más abstenciones que votos favorables. De hecho, PSC y Junts aceptaron no tumbarlo con sus votos en el último minuto por el compromiso de tramitarlo como proposición de ley y con la perspectiva de esta reunión para reconducir la política “errática” de la consejera de Acción Climática, Teresa Jordà. Ambos grupos se abstuvieron, al igual que En Comú Podem y la CUP.

En Cataluña hay 220 municipios bajo restricciones de agua y la conglomeración metropolitana está al borde de sufrir restricciones severas de no llover pronto. La gravedad de la situación solo es comparable a la vivida en 2008. La oposición acusa al Gobierno de pasividad y de querer pasar las responsabilidades a los ayuntamientos cuando ésta es una competencia exclusiva de la Generalitat y cuando, aseguran, la Agencia Catalana del Agua solo ha invertido un euro de cada tres euros presupuestados. La urgencia de la situación coincide con la peor coyuntura parlamentaria de un Gobierno de la Generalitat.

Pere Aragonés sobrevive políticamente gracias a la aprobación de los presupuestos por parte del PSC, sin embargo, los socialistas no parecen dispuestos a prodigarse en estos gestos estando como estamos en campaña electoral municipal. En este punto coinciden con Junts, que siguen pasando factura por su salida del Gobierno y están a las puertas de unas municipales que son cruciales para su futuro como partido. Las perspectivas para Junts se anuncian mejores que para ERC. En el caso de Barcelona, y tras la candidatura de Xavier Trias, los republicanos se ven relegados a la cuarta posición por la mayoría de sondeos.

En estas circunstancias electorales, el consejero de Derechos Sociales, Carles Campuzano, tuvo la mala idea de prometer una residencia geriátrica para Santa Coloma de Gramenet en un acto electoral de Gabriel Rufián, la gran esperanza de ERC para hacerse un lugar al sol en el área metropolitana de Barcelona. Este acto de electoralismo le costará al consejero una votación de reprobación a petición de Junts y del PSC. Esta combinación (con la abstención de Junts) ya se produjo con motivo de la reprobación del consejero de Interior, Juan Ignasi Elena, en noviembre de 2022, por las “intromisiones” políticas en el organigrama de la policía autonómica. Precisamente ahora, el consejero se arriesga a una nueva reprobación por haber reestructurado los Mossos sin más apoyos político que los suyos.