La promesa de Isabel Díaz Ayuso de investigar el drama que se había producido durante la primera ola de la pandemia en residencias de mayores, solo se quedó en una "consulta informal" a algunos departamentos.

Frente a la comisión de investigación propuesta por los principales partidos de la oposición en junio de 2020, con más de 6.000 personas fallecidas en los centros de mayores a causa de la Covid-19, la presidenta regional obviaba tal propuesta para asegurar que tal investigación se produciría internamente para esclarecer lo sucedido.

Una afirmación con la que Ayuso justificaba que el modo de acción de la Consejería de Sanidad no fue negligente y que a todos los fallecidos se les "ha tratado con absoluto respeto y dignidad": "No ha habido ni una sola orden pública o política que haya decidido traslados o no".

Unas palabras similares a las que utilizó el titular de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, quién aseguró que uno de los seis borradores del protocolo dirigidos a atender en centros hospitalarios a personas con Covid-19 procedentes de centros residenciales se envió por "error".

Una postura con la que discrepaba el por aquel entonces consejero de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, de Ciudadanos: "La derivación (a hospitales) debe basarse en criterios médicos pero no por grado de dependencia. No es ético y posiblemente no sea legal. Si no era posible la derivación, habría que medicalizar las residencias, dije. O el residente va al hospital o al revés".

Tal y como revela la Cadena SER, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, según señala el Portal de Transparencia, no ha hecho ninguna petición de informe de las consejerías de Sanidad, Políticas Sociales y Justicia, tal y como prometió Ayuso y todo ello se ha reducido a una "consulta informal".

El Ejecutivo autonómico reconoce al medio radiofónico que no existe ningún documento con conclusiones sobre la indagación: "Tampoco resulta posible tener conocimiento del curso de las actuaciones practicadas, por distintos medios, de forma cronológica y detallada, pues no se ha elaborado un registro detallado de aquellas".

Frente a la promesa de Ayuso, el Gobierno madrileño solo realizó una "solicitud de información interna" que suele ser habitual en la gestión diaria de las funciones administrativas. En este caso, se pidió "con objeto de tomar conocimiento de las mismas". Mientras tanto, la presidenta de la Comunidad de Madrid consiguió convencer a Vox con su acuerdo de Gobierno y evitó así que se abriera una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid.