Investigan la adjudicación de una vivienda protegida con piscina a una concejala del PP en Palencia

Laura Lombraña, concejala del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Palencia, está siendo investigada por la adjudicación de una vivienda de protección oficial con piscina. El candidato de Podemos para los comicios celebrados en Castilla y León el pasado domingo, Miguel Ángel Llamas, presentó una denuncia tras la revelación del escándalo por parte del periódico ElPaís, y la Fiscalía de Palencia ha decidido abrir una investigación contra la miembro de la formación comandada por Alfonso Fernández Mañueco, vencedor de la cita electoral.

El fiscal jefe, Arturo Carrillo, ha comunicado la apertura de las diligencias a través de un escrito firmado hace una semana, que ha sido expuesto en la noche de este jueves por elDiario.es. La señalada fue responsable de la cartera de Cultura, Turismo, Fiestas y Deportes entre 2019 y 2023 y, desde las últimas elecciones municipales, sigue siendo concejala en la oposición. Fue justo durante su último año al frente del departamento que se hizo con el chalé con piscina que ahora se investiga.

Un caso que, por sus detalles, se asemeja mucho al escándalo destapado en Alicante, donde la cúpula conservadora está involucrada. El casoplón de la concejala del PP, que no registró en su declaración de bienes municipal, corresponde una promoción de 47 inmuebles de la misma naturaleza que fueron construidos con naturaleza protegida en un solar que el Ayuntamiento, del que formaba parte, vendió en 2019 por 1,89 millones de euros. Es más, la millonaria operación de venta del terreno se produjo poco después de que se constituyera el Gobierno municipal, derivado de una coalición de Ciudadanos y el PP.

Los chalés, pese a sus evidentes lujos, fueron vendidos por tan solo 157.320 euros, a través de la comercialización de la inmobiliaria palentina Ingucasa. Su entrega se produjo el 23 de abril, tan solo un mes antes de que se celebrasen, casualmente, las elecciones municipales y autonómicas. Las sospechas en torno a la adjudicación de esta viviendas crecen, además, al no haberse realizado siguiendo la propia normativa autonómica que regula estos procesos, la Ley 9/2010, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León.

Esta normativa establece, en el apartado 2 de su artículo 64 bis, que “con carácter general, el procedimiento para seleccionar a los adquirentes o arrendatarios será el sorteo entre las personas inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública de Castilla y León”. Pues bien, en este caso no se realizó ningún tipo de sorteo abierto, al que podrían haber concurrido 1.949 personas, según el propio registro, sino que la inmobiliaria fue la responsable de comercializar directamente las viviendas.

Por si fuera poco, la desvergüenza llega al punto de que, una vez elegidas las 47 personas a las que irían a parar los chalés, se realizó un sorteo ante notario solo entre los agraciados, con la única finalidad de dilucidar cuál de las casas le tocaría a cada afortunado. “Hasta la fecha, no se conocen explicaciones plausibles sobre estos hechos presuntamente delictivos, pero parece evidente que omitir la objetividad exigida por la normativa para beneficiar a una representante política puede tener consecuencias de índole penal”, recoge la denuncia.

Por lo tanto, los hechos presuntamente cometidos podrían constituir diversos delitos contra la Administración pública, tipificados en los artículos 404 y siguientes del Código Penal, o de otro tipo”, expone el candidato de Podemos. “En Alicante (Comunidad Valenciana) se están dirimiendo en el orden jurisdiccional penal hechos que guardan similitud con los aquí expuestos, si bien referidos a otro ámbito territorial”, compara el denunciante. “La operativa evoca mecanismos o patrones de funcionamiento análogos en relación con la adjudicación arbitraria de vivienda protegida para favorecer a responsables políticos o sus entornos familiares”, ahonda.