Mientras el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantiene un discurso casi monotemático contra la “okupación”, en Alicante estalla una polémica que apunta en dirección contraria: viviendas protegidas adjudicadas a cargos del PP o a familiares directos. La pregunta es inevitable: ¿de estas “ocupaciones” no habla? ¿No pide responsabilidades ni dimisiones?
El caso del residencial Les Naus, en la Playa de San Juan (Alicante), no es un simple episodio local. Según informaciones publicadas por varios medios nacionales, la Policía Local detectó situaciones difícilmente justificables: familias con varias viviendas protegidas, adjudicaciones a jóvenes que apenas cumplían la edad mínima exigida y pisos sin personas empadronadas. Se trata de 140 VPO en una de las zonas más cotizadas de la ciudad. Cada irregularidad no es un mero error administrativo: es una familia que se quedó fuera.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy ha puesto el foco en la diferencia de fondo: no es lo mismo que una persona sin recursos ocupe una vivienda porque no puede pagar el alquiler que lo ocurrido con la vivienda protegida en Alicante, donde varios adjudicatarios estaban vinculados al PP o eran familiares de cargos públicos. La diferencia no es solo jurídica; es ética y política.
No estamos ante una anécdota aislada, sino ante un patrón que, de confirmarse las irregularidades que investigan distintas administraciones, apunta a un modelo de gestión que convierte lo público en patrimonio partidista. Cuando quienes gobiernan reparten vivienda social entre su entorno, la protección oficial deja de ser un derecho y pasa a ser un privilegio.
Las preguntas son claras: ¿quién controló el proceso?, ¿qué filtros fallaron?, ¿quién asume responsabilidades? La gestión se delegó en una cooperativa y la supervisión fue, como mínimo, insuficiente, según la información difundida. Pero cuando el fallo afecta a recursos públicos tan sensibles, la responsabilidad es siempre política.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, defendió recientemente en el Congreso la necesidad de reforzar los controles en la adjudicación de VPO y ampliar el parque público. Recordó que la vivienda no puede tratarse como un bien especulativo y que las administraciones deben garantizar que cada piso protegido cumpla su función social.
Desde el PSPV-PSOE se ha calificado lo ocurrido como un uso partidista de recursos públicos. Mientras miles de familias esperan acceso a vivienda social, unas pocas disfrutan de privilegios difícilmente explicables.
Pero el foco no se limita a Alicante. En Logroño, también gobernada por el PP, la polémica ha surgido tras el cambio en el sistema de adjudicación de 106 viviendas protegidas. La modificación del procedimiento ha generado críticas de la oposición por la supuesta pérdida de garantías en el sorteo y los criterios de acceso.
En Vélez-Málaga, la oposición ha presentado denuncias relacionadas con promociones de VPO y con los criterios aplicados por el Ayuntamiento, igualmente del PP. Las informaciones apuntan a falta de transparencia y a cambios en los sistemas de baremación.
En Sant Joan d’Alacant, el propio Ayuntamiento reconoció haber detectado irregularidades en una promoción en suelo municipal e inició actuaciones internas. Aunque las circunstancias no son idénticas a las de Alicante capital, la reiteración de casos bajo sospecha alimenta la preocupación.
Otro caso afecta a una concejala del PP en Palencia que habría accedido a un chalé con piscina de protección oficial, en un expediente con similitudes al de Alicante. La información ha abierto un debate sobre los requisitos exigidos y el control efectivo del uso de estas viviendas.
El contraste con el discurso del PP resulta llamativo. Mientras sus dirigentes convierten la “okupación” en amenaza permanente y endurecen su retórica contra personas vulnerables, guardan silencio o minimizan adjudicaciones bajo sospecha en su entorno político. La “okupación” que el PP perpetra sí que es permitida. Esa doble vara de medir erosiona su credibilidad.
No es lo mismo un Gobierno del PP durante la crisis financiera, con cientos de miles de desahucios, que el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ha impulsado la primera Ley de Vivienda de la democracia. Tampoco es comparable una etapa marcada por la venta de vivienda pública a fondos de inversión con un periodo en el que se ha incrementado el presupuesto destinado a políticas de vivienda.
Desde posiciones progresistas se han pedido explicaciones, auditorías y, si se confirman las irregularidades, la devolución de las viviendas obtenidas de forma indebida. Bustinduy habló de “okupas del PP”, una expresión polémica pero muy gráfica. Pero más allá de la palabra, el debate de fondo es si la vivienda pública se está gestionando con criterios de justicia o de afinidad política.
En plena crisis habitacional, cuando muchas familias destinan buena parte de sus ingresos al alquiler o ni siquiera acceden a vivienda social, la gestión pública exige ejemplaridad. No es lo mismo ocupar por desesperación que acceder a una vivienda pública sin cumplir los requisitos desde una posición de privilegio. Lo primero es un síntoma de exclusión social; lo segundo, de confirmarse, sería un abuso de poder.
La vivienda no puede convertirse en botín político ni en herramienta de fidelización. Debe gestionarse con criterios claros, procedimientos verificables y controles independientes. Y cuando se detectan irregularidades, deben asumirse responsabilidades.
La ciudadanía necesita garantías de que la vivienda pública no será utilizada como red clientelar. Porque la vivienda es donde se construyen proyectos de vida. Convertirla en moneda de cambio política es degradar su función social. Y en un momento de emergencia habitacional, la mayor irresponsabilidad no es la dureza de una palabra, sino la ligereza con la que algunos gestionan lo que pertenece a todos.
