La Transición Ecológica es una necesidad acuciante que tan solo los negacionistas más tozudos se empeñan en seguir combatiendo. La construcción de infraestructuras destinadas a la generación y almacenamiento de energías renovables es vital para seguir avanzando en el combate contra el cambio climático y, como en cualquier otro ámbito, el dinero se abre paso cuando un sector emerge. La problemática se suscita cuando las empresas beneficiarias de permisos, que conceden las administraciones, están ligadas a representantes públicos y miembros de partidos. Esta situación es la que se ha dado en Andalucía, donde el Gobierno autonómico el PP ha concedido permisos al entorno del alcalde de Estepona.

Una investigación de elDiario.es ha revelado que la Junta de Andalucía ha concedido nuevos permisos favorables para el desarrollo de proyectos fotovoltaicos a empresas vinculadas con José María García Urbano, alcalde del municipio malagueño de Estepona, y con un concejal y número tres para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, Salvador Pedraza. Los últimos trámites revelados ascienden hasta los 420 megavatios (MW) fotovoltaicos, que se suman a los 232MW que el Gobierno de Juanma Moreno Bonilla ha otorgado ya a tres empresas cuyo administrador único es el concejal Pedraza.

La red de sociedades incumbe al alcalde, el concejal y una familia de constructores de la Costa del Sol. Bestard España, sociedad domiciliada en Marbella, es la matriz en la que se incluyen hasta ocho empresas dedicadas a las energías renovables en Andalucía. En abril, elDiario.es ya adelantaba que la empresa Adar Energía, parte del conglomerado, había sido adjudicataria de la gestión de una planta solar en Cádiz y que otras filiales se encontraban a la espera de la firma de otros cuatro proyectos repartido entre Málaga y Cádiz. En estes momentos Mitralex Energía SL, Crisadar Energía SL y Adar Energía SL, todas de Bestard España, cuentan ya con permisos para cinco parques solares (232MW).

La firma plasmada en los papeles que dan el visto bueno, con la connivencia de Moreno Bonilla, es la de José Antonio Viquez Ruiz, delegado de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta en Málaga. Otro nombre aparece unido al proyecto de Puerto de Santamaría (Cádiz) que, a pesar de recibir un informe desfavorable del Servicio de Gestión del Medio Natural, obtuvo el permiso firmado por parte del delegado territorial en Cádiz de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta, Óscar Curtido, concejal del PP en Rota durante doce años.

Este proyecto afecta al espacio protegido del Parque Natural de los Alcornocales, de igual manera que el de la planta de Mitralex Energía en San Martín del Tesorillo (Cádiz), situado en las cercanías de los Alcornocales y de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía (España)-Marruecos (RBIM). Ambos consiguieron igualmente el visto bueno, a pesar de que la ONG Ecologistas en Acción advirtió de que estos proyectos eran “insostenibles e inapropiados por su ubicación”. “Generarán impactos irreversibles en el medio ambiente, así como sociales, y destruirán cientos de puestos de trabajo”, añadieron en su momento.

El alcalde que bromeaba con la violencia de género

José María García Urbano, alcalde de Estepona, copó titulares ya durante la pasada campaña electoral que se celebró en el marco de las elecciones autonómicas de Andalucía. En aquel momento, con la presencia del mismísimo presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el alcalde no dudó en bromear con la violencia de género. El 3 de junio de 2022, aprovechando que su mano lucía un vendaje, Urbano se dirigió a un auditorio lleno con lo que consideraba un chascarrillo.

“No entro en muchas explicaciones pero alguno me habéis visto con la mano así dice ‘¿Qué es lo que ha pasado?’. Ni he metido la mano donde no debiera, ha sido un simple accidente doméstico, tampoco tiene que ver con la violencia de género y tampoco me he abofeteado con nadie, que no lo he hecho nunca en mi vida”, señalaba el alcalde entre risas.

Otra de las polémicas que salpicaron a Urbano fue la construcción del polémico tobogán de Estepona, de dimensiones desproporcionadas e inoperante, cuya vida duró más bien poco (menos de 24 horas). Sin embargo, el equipo de Gobierno no se rindió y hace apenas dos meses inauguraron otro tobogán. En esta ocasión, la estructura pagada con dinero público se ubica en el interior del Ayuntamiento y une las plantas cuarta y quinta. Este nuevo proyecto fue, de igual manera que el anterior, fuertemente criticado por el derroche de dinero público que significa.