El caso de las calificaciones de dos asignaturas de un máster cursado por la presidenta Cifuentes, más allá de otras consideraciones y del resultado del expediente que la Universidad Rey Juan Carlos ha incoado, pone de manifiesto la urgente necesidad de que las universidades españolas aborden de forma decidida el espinoso tema de la integridad académica en los campus universitarios. Desafortunadamente, el caso Cifuentes no es un caso aislado: son múltiples las fechorías (el caso Cifuentes, por ahora, hay que calificarlo de “supuesta fechoría”) que indican que la Universidad no permanece inmune a la corrupción, cosa especialmente grave si se tiene en cuenta que nos referimos a un espacio formativo que entre sus objetivos incluye la promoción de valores éticos como los de la integridad, la honestidad, la transparencia o la responsabilidad.

Muchas de nuestras instituciones de enseñanza superior siguen sin una política de integridad académica clara y, consecuentemente, sin dispositivos eficientes

Si bien es cierto que en los últimos años estamos asistiendo a un progresivo interés por el tema de la integridad académica y algunas de nuestras universidades están realizando acciones en este ámbito, hay que reconocer la insuficiencia del camino recorrido y la limitación de los esfuerzos realizados. Muchas de nuestras instituciones de enseñanza superior siguen sin una política de integridad académica clara y, consecuentemente, sin dispositivos eficientes, sin procedimientos precisos y sin delimitar las responsabilidades del conjunto de la comunidad universitaria.

La investigación es, probablemente, el ámbito de la integridad académica que está recibiendo una mayor atención en la Universidad española, traduciéndose en la asunción de declaraciones –buen ejemplo es la Declaración Nacional sobre Integridad Científica, adoptada por la CRUE- o creando códigos de buenas prácticas en la investigación –buen ejemplo es el código de la UAB-. Por otra parte, han proliferado los comités de ética en la investigación en las universidades, incluso se han creado cátedras y organizado encuentros científicos sobre el tema. A pesar de todos estos esfuerzos que descubren una realidad incomparablemente mejor a la de hace años, hay diversos factores que limitan su eficacia. Sólo señalaré tres que considero fundamentales. El primero: no tener en cuenta que la creación o adopción de códigos éticos en la Universidad debe hacerse desde una perspectiva participativa. Segundo: no acompañar a los códigos y a las declaraciones de mecanismos (normas, procedimientos y niveles de responsabilidad) que faciliten su traducción práctica. Tercero: no poner en marcha los suficientes mecanismos formativos que garanticen el conocimiento y asunción de los códigos por parte de la comunidad universitaria. Reorientar los esfuerzos a favor de la integridad en la investigación considerando estos factores limitadores los haría más eficaces.

El tema del plagio en las evaluaciones (en los exámenes y en los trabajos) es otro de los ámbitos que más atención está recibiendo. Se sabe hasta qué punto el plagio está extendido entre nuestro alumnado universitario y se conocen las características del fenómeno de la compra-venta de trabajos académicos. También se sabe que las causas de estas malas prácticas son diversas y que van desde malos planteamientos didácticos por parte del profesorado hasta déficits formativos del alumnado en escritura académica. El déficit de normativas que padecen las universidades españolas para una adecuada gestión del tema del plagio favorece la impunidad de conductas detestables. En este contexto se perfilan una serie de orientaciones que facilitarían una adecuada política de integridad académica centrada en los procesos de enseñanza-aprendizaje: generalizar la utilización de programas informáticos detectores del plagio a la hora de corregir los trabajos académicos; ofrecer al alumnado formación sobre escritura académica que permita evitar el plagio involuntario; establecer y difundir una normativa clara sobre el tema; incluir también al profesorado para que sea conocedor del problema del plagio y cómo determinados planteamientos didácticos pueden facilitarlo o hacerlo más difícil; y no constreñir el tema de la integridad en los procesos de enseñanza-aprendizaje al tema del plagio por parte del alumnado. Por todo ello es fundamental adoptar un código deontológico de la profesión docente, adopción que, como en el caso de la investigación, debe hacerse desde una perspectiva participativa y estableciendo mecanismos claros para su difusión y puesta en marcha.

Sólo dos universidades públicas han sido calificadas de opacas y 26 de transparentes. En las privadas: 3 transparentes, 7 translúcidas y 16 opacas

Por último, la transparencia constituye otro ámbito que una buena política sobre integridad académica no puede soslayar. La Ley 19/2014 sobre transparencia ha facilitado la publicación por parte de las universidades españolas de una gran cantidad de información a la que antes difícilmente se podía acceder. Así, en el último análisis de la Fundación Compromiso y Transparencia sólo dos universidades públicas han sido calificadas de opacas y 26 de transparentes; en el limbo de las traslúcidas se sitúan 21. No tan bien paradas quedan las universidades privadas: 3 transparentes, 7 translúcidas y 16 opacas. Queda pues un amplio recorrido para lograr que nuestras universidades sean instituciones transparentes y comprometidas con la integridad académica. Casos como el de Cifuentes y la Universidad Rey Juan Carlos nos impelen a acelerar el paso.

 Aina Calvo es miembro del grupo de investigación ‘Educación y Ciudadanía’ que tiene en la integridad académica una de sus líneas de investigación.