Sonia García, anterior subgerente del Hospital Universitario Gregorio Marañón, se ha convertido en la nueva directora gerente, manteniendo así la Comunidad de Madrid a la dirección de gestión y ofreciendo continuidad a la gestión del centro.

Todo ello a pesar del escándalo publicado por ElPlural.com en relación a las adjudicaciones sin prórroga a los que se benefició a las empresas del GEE, además del desistimiento de tres procedimientos por inflar su valor, que tenían adjudicados en su mayoría al GEE, y que costó el puesto a su anterior director gerente Joseba Barrueta. Pese a todo, el Gobierno de Ayuso decide ofrecer continuidad en la gestión nombrando a la subgerente como la nueva gerente del Hospital.

Además de ello, el Ejecutivo de Ayuso ha mantenido en el cargo a la directora de gestión (Carmen Oñate), así como al subdirector de gestión y servicios generales (Joaquín Rodríguez).

Mientras tanto, el contrato continúa sin publicarse, enriqueciendo, fuera de toda legalidad al GEE, facturando más de 2,1 millones euros al año.

GEE y sus otras adjudicaciones en Madrid

Tal y como desvelaba este lunes en exclusiva ElPlural.com, la Comunidad de Madrid volvía a beneficiar a la empresa de electromedicina a la que ha entregado millones de euros de manera opaca. En esta ocasión, el Hospital de La Paz ha incluido en su gestión la adjudicación a dedo al Grupo Empresarial Electromédico (GEE), a través de una ampliación de facturación del contrato de electromedicina para incluir el Hospital Enfermera Isabel Zendal. Para ello, la Comunidad de Madrid utiliza la figura del modificado de contratación pública para realizar una ampliación de facturación al GEE e incluir el importe a dedo adjudicado a la mencionada empresa en el Zendal.

La ampliación de contrato de La Paz por incluir los equipos del Zendal es de 175.736,67 euros por 10 meses, lo que supone 210.884,00€ al año. Sin embargo, tal y como publicó ElPlural.com, en tan solo seis meses de 2022 se pagaron sin concurso público al GEE un importe de 521.875,15 euros. Es decir, con la inclusión de los equipos del Zendal en el contrato de La Paz, se pagará 105.442,00 euros por seis meses, mientras que, en 2022, sin concurso, se pagaron 521.875,15 euros, es decir alrededor de un 500% más.

GEE y Madrid, un idilio que no tiene fin

GEE ya tuvo un escándalo reciente con el Hospital La Paz. Tal y como reconocía la Comunidad de Madrid hace unos meses, el grupo ha recibido 22.500.000 euros por un contrato que se ha prorrogado durante más de diez años. 

Los hechos se remontan a septiembre de 2009, cuando el centro universitario madrileño adjudicó a Dräguer Medical Hispania S.A. y a Iberman S.A. (que pertenece a GEE, el Grupo Empresarial Electromédico) todo el proceso de mantenimiento de radiología convencional, equipamiento electromédico y equipos de alta especificidad técnica del hospital público. Este contrato se firmó con una duración estipulada de dos años y un valor total de 5.208.420 euros, sin embargo, ni este tiempo ni la cantidad se ha respetado.

Desde 2011, fecha en la que este contrato debió extinguirse, La Paz ha mantenido la adjudicación a las mismas compañías sin celebrar otro concurso público hasta 2021. Así lo ha admitía la Administración liderada por Ayuso a este periódico, tanto en instancias oficiales como a través de algunos miembros de la Consejería de Sanidad a título propio.

Se trata concretamente de 234 contratos desde 2011 a 2021 por un valor medio anual de cerca de un millón y medio de euros. Una cifra que asciende hasta los 22.430.788 euros en total, tal y como se extrae de la documentación solicitada formalmente al portal de transparencia. Unos datos que ponen en entredicho la gestión llevada a cabo desde hace al menos una década desde el propio hospital y sus centros médicos adscritos.

En concreto, esta información pone en evidencia una concatenación de continuidad de servicio, sin soporte en derecho y sin causa que justifique el que el contratista GEE -sociedad que monopoliza los servicios de electromedicina en la región gracias a este entramado de prórrogas- siguiese facturando con el beneplácito del hospital y de las arcas públicas, sin mediar licitación alguna durante todos esos espacios de tiempo, que les llevaron a ingresar ingentes cantidades de dinero.

También un oscurantismo entorno al personal que desempeña el servicio, a pesar de poder emplear acrónimos o iniciales de los empleados requeridos, que pudiera garantizar el cumplimento y trazabilidad de su identidad, sin, con ello, desvelar la identidad nominativa de estas personas y pudiendo ofrecer transparencia sobre el cumplimento o no de los parámetros contratados.

Respecto al inventario, la respuesta de la Comunidad de Madrid refleja que no existe un control en cuanto a la determinación del valor económico de cada contrato, independientemente de que sean estimaciones al alza, puesto que su justificación no está sustentada, baja ningún parámetro medianamente objetivo.