La Comunidad de Madrid ha vuelto a beneficiar a una empresa de electromedicina a la que ha entregado millones de euros de manera opaca.
Según ha podido conocer en exclusiva Elplural.com, el Hospital de La Paz ha incluido en su gestión la adjudicación a dedo al (Grupo Empresarial Electromédico (GEE), a través de una ampliación de facturación del contrato de electromedicina para incluir el Hospital Enfermera Isabel Zendal
Para ello, la Comunidad de Madrid utiliza la figura del modificado de contratación pública, para realizar una ampliación de facturación al GEE e incluir el importe a dedo adjudicado a la mencionada empresa en el Zendal.
Escándalo en el Zendal: 500% más
La ampliación de contrato de La Paz, por incluir los equipos del Zendal es de 175.736,67 euros por 10 meses, lo que supone 210.884,00€ al año.
Sin embargo, tal y como publicó ElPlural.com, en tan sólo 6 meses de 2022, se pagaron sin concurso público al GEE un importe de 521.875,15 euros.
Es decir, con la inclusión de los equipos del Zendal en el contrato de La Paz, se pagará 105.442,00 euros por 6 meses, mientras que en 2022, sin concurso, se pagaron 521.875,15 euros, es decir alrededor de un 500% más.
Escándalo tras escándalo
Como adelantó en exclusiva este medio, el cuestionado GEE estaría recibiendo por parte del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid más de 7,8 millones de euros anuales de forma opaca mediante prórrogas sin concurso público.
Lo cierto es que este grupo empresarial lleva lustros monopolizando los servicios de electromedicina, gracias a ese complejo sistema de infinitas prórrogas sin concurso público que se aplica en los principales hospitales de la región. Este periódico ha cifrado en más de 86 millones de euros opacos la cantidad que habría recibido con gobiernos del PP.
La Paz y GEE, un largo idilio
GEE ya tuvo un escándalo reciente con el Hospital La Paz. Tal y como reconocía la Comunidad de Madrid hace unos meses, el grupo ha recibido 22.500.000 euros por un contrato que se ha prorrogado durante más de diez años.
Los hechos se remontan a septiembre de 2009, cuando el centro universitario madrileño adjudicó a Dräguer Medical Hispania S.A. y a Iberman S.A. (que pertenece a GEE, el Grupo Empresarial Electromédico) todo el proceso de mantenimiento de radiología convencional, equipamiento electromédico y equipos de alta especificidad técnica del hospital público. Este contrato se firmó con una duración estipulada de dos años y un valor total de 5.208.420 euros, sin embargo, ni este tiempo ni la cantidad se ha respetado.
Desde 2011, fecha en la que este contrato debió extinguirse, La Paz ha mantenido la adjudicación a las mismas compañías sin celebrar otro concurso público hasta 2021. Así lo ha admitía la Administración liderada por Ayuso a este periódico, tanto en instancias oficiales como a través de algunos miembros de la Consejería de Sanidad a título propio.
Se trata concretamente de 234 contratos desde 2011 a 2021 por un valor medio anual de cerca de un millón y medio de euros. Una cifra que asciende hasta los 22.430.788 euros en total, tal y como se extrae de la documentación solicitada formalmente al portal de transparencia. Unos datos que ponen en entredicho la gestión llevada a cabo desde hace al menos una década desde el propio hospital y sus centros médicos adscritos.
En concreto, esta información pone en evidencia una concatenación de continuidad de servicio, sin soporte en derecho y sin causa que justifique el que el contratista GEE -sociedad que monopoliza los servicios de electromedicina en la región gracias a este entramado de prórrogas- siguiese facturando con el beneplácito del hospital y de las arcas públicas, sin mediar licitación alguna durante todos esos espacios de tiempo, que les llevaron a ingresar ingentes cantidades de dinero.
También un oscurantismo entorno al personal que desempeña el servicio, a pesar de poder emplear acrónimos o iniciales de los empleados requeridos, que pudiera garantizar el cumplimento y trazabilidad de su identidad, sin, con ello, desvelar la identidad nominativa de estas personas y pudiendo ofrecer transparencia sobre el cumplimento o no de los parámetros contratados.
Respecto al inventario, la respuesta de la Comunidad de Madrid refleja que no existe un control en cuanto a la determinación del valor económico de cada contrato, independientemente de que sean estimaciones al alza, puesto que su justificación no está sustentada, baja ningún parámetro medianamente objetivo.
Un binomio casi perfecto
La relación entre la Comunidad de Madrid y GEE viene de lejos. Son numerosas las adjudicaciones que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso realiza al Grupo Empresarial Electromédico en un binomio casi perfecto. Tanto es así que la Justicia ya ha puesto su punto de mira en las contrataciones que se realizan constantemente entre Administración y empresa privada, así como en sus prórrogas infinitas realizadas de forma opaca. Tal y como ElPlural.com publicó en exclusiva el 22 de junio de 2020, el Tribunal de Cuentas investigó la denuncia realizada por Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad) por las presuntas irregularidades en los contratos menores firmados sin ningún tipo de concurso por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Según fuentes consultadas por este periódico, el Tribunal de Cuentas empezó sus pesquisas analizando la documentación y declaraciones aportadas por los centros sanitarios y la propia Consejería. En la investigación es clave la labor desempeñada por Alejo Miranda, director general de infraestructura sanitaria de la ConsejerÍa de Sanidad de Madrid y uno de los eslabones significativos de las buenas relaciones entre la administración liderada por Ayuso y este entramado empresarial.
