Nuevo choque de trenes entre el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León a cuenta del Servicio de Relaciones Laborales de la Comunidad, SERLA, que Vox pretende extinguir.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha requerido, de nuevo, este miércoles, -de momento, verbalmente-, al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para que actúe contra las políticas de su socio de gobierno, Vox, contrarias a la normativa, advirtiendo de que adoptará medidas judiciales en caso contrario, y, a renglón seguido, Mañueco ha respondido que no va “a consentir el turismo electoral de los ministros de Sánchez”.

Yolanda Díaz afirmó que el Gobierno tomará las medidas que sean necesarias si el presidente permite que los ultras liquiden el servicio de mediación laboral que gestionan empresarios y sindicatos, una vez que la Consejería de Empleo, en manos de Vox, ha sacado pecho de haber eliminado la partida presupuestaria en los presupuestos para 2023 que permitía financiar el SERLA.

El servicio, que funciona desde 2016, con 6 trabajadores y alrededor de 30 mediadores de empresarios y sindicatos, soluciona el 70% de los conflictos laborales en Castilla y León, (colectivos o individuales), tenía en 2022 un presupuesto de 773.000 euros, frente a los 28,8 millones para la Fundación Siglo, de promoción cultural y turística, y ahorra 3 millones de euros anuales en conflictos judiciales sólo en Valladolid.

Sin embargo, tanto el SERLA como la Fundación Anclaje, -que intenta reflotar proyectos empresariales en riesgo en la Comunidad-, fueron señalados como “chiringuitos” por Vox en cuanto comenzó la legislatura, únicamente por su relación con los agentes del diálogo social, -empresarios y sindicatos-, que los de extrema derecha han hecho lo posible por dinamitar desde que tomaron posesión.

Durante su atención a los medios de comunicación, al término de la reunión mantenida con los secretarios generales de UGT y CCOO en Castilla y León, Faustino Temprano y Vicente Andrés, y la vicepresidenta de CEOE en la Comunidad, Ángela de Miguel, Yolanda Díaz ha explicado que estaba en Valladolid “en defensa de la Constitución Española, porque los agentes sociales están contemplados en su artículo 7”, y ante una decisión de la Junta que considera “muy grave”, puesto que “fulmina el diálogo social y la posibilidad del cumplimiento de la legislación laboral”, y “vulnera los derechos laborales”.

En este sentido, la vicepresidenta le reclamó a Mañueco que “con prontitud, con carácter inmediato, recupere un servicio que es fundamental para las personas de esta Comunidad Autónoma”, dado que “no hay razones de financiación que justifiquen esto que está pasando, que es muy grave”, y de llevarse a cabo el cierre que Vox pretende, “sería la única comunidad autónoma que no dispusiera de este organismo”.

La vicepresidenta añadió que la Junta de Castilla y León ha recibido del Gobierno el pasado año 500.000 euros para negociación colectiva que a día de hoy ni siquiera ha licitado, de modo que tendrá que devolver ese dinero público.

"Vulneración de derechos laborales" frente a "turismo electoral"

Minutos más tarde de terminar la comparecencia de la vicepresidenta, Mañueco ha lanzado un tuit, a modo de respuesta: “No consiento el turismo electoral de los ministros de Sánchez que nos visitan para atacar a Castilla y León. Ni insultos ni amenazas. Y garantizo que los conflictos laborales se seguirán resolviendo con eficacia. Es nuestro compromiso con las personas de Castilla y León”, afirma.

También pocos minutos después de ese tuit, la vicepresidenta lanzaba otro: “El SERLA de Castilla y León es un organismo fundamental para la resolución de conflictos laborales que la extrema derecha pretende eliminar. Hoy en Valladolid, con organizaciones sindicales y empresariales, abordamos la importancia de defenderlo y proteger el diálogo social”.

Empresarios y sindicatos, perplejos 

Empresarios y sindicatos de Castilla y León, por su parte, han expresado un mensaje idéntico tras la reunión con la vicepresidenta: Temprano, Andrés y De Miguel han coincidido en destacar la sentencia del Tribunal Supremo que concede, de forma exclusiva, al SERLA, la resolución de conflictos laborales, de modo que este servicio no puede sustituirlo ningún otro, tal y como ha sugerido la Junta de Castilla y León.

Por si eso fuera poco, "La Ley de Procedimiento Laboral", explicó Ángela de Miguel, presidenta de CEOE Valladolid, "obliga a pasar por conciliación o mediación antes de ir a juicio ante un conflicto, sea individual o colectivo", señala, de forma que, señaló, se rompe la seguridad jurídica, además de que los tribunales no podrían asumir la carga de conflictos colectivos si el servicio de mediación deja de prestarse.

Por su parte, tanto Temprano (UGT) como Andrés (CCOO) coincidieron en que eliminar el SERLA no sólo es ilegal, sino que es “una aberración jurídica”.