El Gobierno de la Generalitat Valenciana, con Carlos Mazón al frente, no deja de generar polémica, tampoco en lo que respecta a los contratos de reconstrucción tras el paso de la DANA que el pasado 29 de octubre arrasó varias de las localidades de la Comunidad Valenciana.
Si hasta este momento se sabía que el PP valenciano había recurrido a empresas ‘amigas’ o vinculadas al partido, en algunos de los casos capitaneadas por personas relacionadas con los ‘populares’ y también con la corrupción, ahora sale a la luz que el Ejecutivo del presiden ha pagado por el material de obra hasta un 43% más que el precio de mercado.
Precio claramente inflado
Los Presupuestos de Ejecución Material (PEM) de la Generalitat para la reconstrucción de emergencia refleja que los precios estipulados por el Gobierno de Mazón no tienen nada que ver con los que están pagando las empresas contratistas. De esta manera, mientras que los productores venden su hormigón armado a 85 o 90 euros el metro cúbico, el Gobierno regional está pagando entre 135 y hasta 162 euros por el mismo volumen del tipo de hormigón más común: HA-25, HA-30 y HA-35.
En el listado de precios de los contratos de urgencia, al que ha accedido elDiario.es, aparece el hormigón de referencia HA-30, que figura a 150,97 euros por metro cúbico, muy por encima desde luego de los 80,35 euros que rigen los Presupuestos de Ejecución Material vigentes entre 2021 y 2025. Se corresponde con un precio que también está muy por encima al que ofrecen actualmente los productores autóctonos de hormigón. El precio de mercado se sitúa entre los 85 y los 90 euros y, los estimados por el Consell, se encuentran por encima incluso del que se oferta en lugares como Madrid o Barcelona.
Contratos de emergencia
Las obras de reconstrucción que ha llevado a cabo la Generalitat -las que han visto la luz hasta el momento- tienen absolutamente de todo: desde implicaciones en financiaciones ilegales de varias ‘cajas B’ del PP en tramas de corrupción como Gürtel o Taula, hasta acuerdos de emergencia o gestionados ‘a dedo’, hasta el punto de que el equipo de Mazón ha premiado o castigado a compañías sin dar más explicación. Un ejemplo claro de esto son los contratos de carreteras, en los que ha adjudicado 12 acuerdos a 12 empresas distintas.
El valor ha superado hasta el momento los 90 millones de euros, un coste que, llevado a un concurso público mínimo, se habría podido rebajar en un porcentaje importante (de entre un 15 y un 30%). Las compañías contratistas defienden que las obras de emergencia requirieron de una disponibilidad completa, trabajos 24 horas y abandonas obras de ejecución, externalidades que implica aumentar mucho los costes.
PP y Vox tumban la dimisión de Mazón
Pese a las polémicas de los últimos días y mientras se suceden las manifestaciones para pedir la dimisión de Mazón, les Corts rechazaban de pleno que el president diera un paso al lado por su gestión de la catástrofe.
No solo es que los ‘populares’ aprovecharan su mayoría absoluta, sino que a éste se le unió la ultraderecha de Vox, con lo que la votación impulsada por Compromís se saldó con 41 votos a favor y 52 en contra, en una votación secreta que generó todo tipo de críticas y acusaciones de la falta de transparencia.
Filtraciones
Dentro de la polémica suscitada por la gestión de la DANA, se encuentra la filtración interesada -entre otras muchas cosas- del equipo regional a diferentes medios de comunicación de una llamada de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a los servicios 112 de Emergencia la mañana del temporal.
Más allá de la DANA
El president tiene en estos momentos, además, otros frentes abiertos fuera de la DANA. Un caso de esto es que una neuróloga e investigadora que estuvo en el Hospital La Fe y que ahora está investigando en un papel de EEUU denunció a la Conselleria de Sanidad de la región por un caso de acoso laboral; un tema que ha sido actualmente admitido a trámite.
El juicio tendrá lugar en junio de 2026, pero no deja de ser resultado de otro punto delicado para el Ejecutivo valenciano. La denunciante también ha llevado a Inspecciónde Servicios Sanitarios la situación de vulneración sistemática de derechos fundamentales ante la inacción y connivencia de la dirección del hospital, la gerencia actual y las instancias superiores responsables y conocedoras, entre las que se incluye a la Conselleria de Sanitat y su conseller, Marciano Gómez.
