Una trabajadora muere durante el festivo del 1 de mayo. Era una mujer, marroquí, temporera en la agricultura de Huelva. Murió cuando el autobús que la trasladaba a la finca en la que trabajaban en Almonte accidentó a las 6:25h del lunes. Junto a ella, otras 39 compañeras resultaron heridas, dos de ellas de gravedad en la UCI, aunque el último parte médico asegura que están fuera de peligro.

El Gobierno facilitará visados a los familiares de las heridas graves que permanecerán hospitalizadas. La fallecida formaba parte del grupo de trabajadoras en origen que cada año llegan a Huelva para trabajar en la temporada de frutos rojos. Tenía 35 años y tres hijos y era la primera vez que venía a trabajar a España.

El sistema de contratación en origen se rige por la Orden Gecco del Ministerio de Migraciones. Este año se prevé que 15.000 marroquinas trabajen como temporeras, 5.000 de ellas lo hacen por primera vez. Están bajo el ordenamiento de la seguridad social española, por lo que el accidente laboral implica que Surexport, la empresa para la que trabajaban las siniestradas, asumirá la repatriación del cuerpo.

Sobre el resto de las accidentadas, los sindicatos y entidades locales que defienden los derechos laborales alertan de que las trabajadoras puedan ser devueltas a Marruecos sin más garantías laborales. Pero, al tratarse de un accidente laboral, las temporeras pueden ser indemnizadas o ser receptoras de prestaciones, aunque no tengan cotización previa. La empresa asegura que mantendrá el salario y alojamiento de las trabajadoras accidentadas y los costes sanitarios que precisen las víctimas.

Llueve sobre mojado

Este accidente laboral de mujeres migrantes que, precisamente el día del trabajador, pone de manifiesto la precariedad en la que trabajan gran parte de las personas que desarrollan la todopoderosa industria de los frutos rojos en el suroeste de España.

La fresa y las berries generan en torno a 100.000 puestos de trabajo y comprende el 70% de toda la agricultura onubense, ocupando más de 6.000 hectáreas y exportando por un valor de más de 1.300 millones de euros anuales. Sin embargo, el sector de la fresa de Huelva, cuya reputación está salpicada por la polémica de la legalización de regadíos ilegales de Doñana, vuelve a dar malas noticias con otra muerte en el tajo.

“La Orden Gecco es necesaria, pero no es gran cosa, sobre el terreno vemos abusos impresionantes por parte de las empresas”, explica Pepa Suárez, de la Asociación Multicultural de Mazagón, en Huelva, con años de activismo en contra de los abusos sobre trabajadoras migrantes. Enumera incumplimientos en materia de retribución, alojamiento o jornadas y horas trabajadas.

Desde APDHA, entidad que lleva 20 años monitoreando el trabajo en el sector de la fresa, no pueden evitar desconfianza, “son muchas las veces en las que, más allá de la asistencia médica de urgencia, se ha privado de derechos básicos a las temporeras”, explica Mila Garayald.

Ejemplos recientes de trabajadoras que padecieron enfermedades graves y precisaron de tratamiento oncológico tuvieron que ser subsanados mediante colectas promovidas por las entidades humanitarias, “son trabajadoras y, por lo tanto, tienen derechos que no podemos suplir con solidaridad. No apunto solo al empresario, sino también al tejido administrativo, concluye Garayald.

Pero cabe preguntarse de quién son los brazos que propician este milagro económico. El perfil de las temporeras es de mujeres casadas y con menores a su cargo, con una edad que va de los 20 a 45 y que proceden mayoritariamente de áreas rurales. En su mayoría, son mujeres analfabetas y que solo hablan el dialecto árabe marroquí (dariya).

Cálculos de 2016 revelan que solo un tercio de las temporeras contaban con un trabajo remunerado en Marruecos cuyo salario medio es de 107 euros/mes. En España, las ganancias se multiplican por diez, lo que explica la oportunidad que representa para estas mujeres la fresa.

Esto lleva a que numerosas localidades onubense vean crecer su población con la llegada de temporeras. A menudo, la población flotante de trabajadoras en origen llega a doblar la población censada, a lo que hay que añadir los trabajadores de los asentamientos chabolistas.

Trabajadores a la intemperie

Cálculos de la Asociación Cultural de Mazagón elevan los poblados chabolistas a 119 en toda Andalucía, 40 de ellos en Huelva y el resto en Almería. “Si esto es agricultura intensiva tenemos que entender que precisa mano de obra externa y esa mano de obra tiene que tener un alojamiento digno”, reflexiona Garayald. Sin embargo, rastreando la campiña onubense, sorprende que no haya un solo alojamiento público para miles de temporeras y temporeros que vienen mayoritariamente de África.

Más allá de pequeños proyectos entre entidades humanitarias y empresas o ayuntamientos, no hay una apuesta por ofrecer asistencia y residencia. Como competencia municipal, el debate queda relegado por la incomodidad política que genera. “Muchos alcaldes no abordan el problema por no enfrentarse a los vecinos que dirán que se les da facilidades a los de fuera y no a los locales”, lamentan desde la APDHA

Como eco en la nada queda la presentación en julio de 2022 del programa de acceso a la vivienda que pactaron Gobierno central y Junta de Andalucía con los ayuntamientos para mejorar el alojamiento de las temporeras y erradicar, sobre todo, los asentamientos chabolistas. Solo dos ayuntamientos se sumaron al Plan: Lepe y Moguer.

Un acuerdo que, sin embargo, queda en anécdota. Solo oferta 144 y 75 plazas en cada localidad cuando hay miles de trabajadores, y por ahora, es solo papel. “El dinero llega, pero no termina de ejecutarse, hasta la fecha no se ha hecho nada”, lamenta Suárez. Los braceros del milagro de la fresa deberán seguir esperando.