Meses con retrasos en las nóminas, falta de personal y condiciones precarias. Este es el escenario al que se enfrenta el profesorado de las nueve escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid que gestiona Atreyu Blota Carto SL ante la actuación de la empresa y la consiguiente inacción del equipo de Isabel Díaz Ayuso, a cuyo cargo se encuentra este servicio público.
La situación, lejos de ser nueva, lleva tiempo prolongándose ante una compañía que, manifiestan los educadores -educadoras en su mayoría- no dan respuesta y una consejería que no aporta las soluciones que están a su alcance.
Aunque el escenario es límite en el conjunto de los centros afectados y lleva muchos meses inamovible, se torna más difícil si cabe para las trabajadoras de las escuelas Tesoros (Arganda del Rey) y Señor Don Gato (Valdebernardo) tras quedar suspendidas por el decreto 81/2024, de 24 de julio después de quedar vacante su adjudicación de pliegos el 17 de mayo.
Con este último hecho, exponen en Comisiones Obreras (CCOO), ambas escuelas ven sus servicios directamente paralizados, con el consiguiente perjuicio también para los menores y sus familias, tal y como explica su secretaria general de la Federación de Enseñanza, Isabel Galvín, en declaraciones a ElPlural.com: “Las escuelas se ven condenadas al cierre porque la Comunidad no ha encontrado una empresa que coja las riendas (…) Estamos hablando de unos 155 niños por centro”.
Si en todas las escuelas perjudicadas la situación ha sido extrema, en estas dos ha resultado absolutamente límite. “Hay familias que les prestaban dinero a las trabajadoras para que pudieran terminar el mes. No podían pagar las facturas, ni echar gasolina al coche”, apunta, reflejando el desasosiego al que se han estado enfrentando, sobre todo las educadoras de Arganda, donde el sindicato ha añadido una denuncia por riesgos psicosociales, ya que las profesionales están “emocionalmente destrozadas”: “El Ayuntamiento se tuvo que hacer cargo de los niños. Hicieron una ludoteca durante más de un mes para que estuvieran los niños, ya que de lo contrario sus padres no podían ir a trabajar”.
(En Arganda) El Ayuntamiento se tuvo que hacer cargo de los niños. Estuvieron más de un mes en una ludoteca
A pesar de lo complicado de la tesitura, nos atiende una trabajadora de la Señor Don Gato, a la que llamaremos María para preservar el anonimato. En su caso, la gestión afecta a más de una veintena de compañeras, que llevan sin recibir u salario desde abril y con retrasos desde diciembre. Evidentemente, tampoco pueden solicitar el paro al no ser subrogadas: "No sabemos lo que va a suceder, la incertidumbre es muy grande", muestra.
Basándose en el artículo 31 del XII Convenio Colectivo de centros de Educación Infantil que regula la Subrogación Convencional, el departamento de enseñanza del agente social exigió el pasado 23 de julio al Viceconsejero de Política y Organización Educativa, José Carlos Fernández Borreguero, que cumpliera con la legislación laboral y garantizase la subrogación de las plantillas completas, algo que, como ya se ha visto, no se cumple.
Como respuesta de la administración Sol -única y última responsable de la contratación de dicha compañía- solo obtuvieron otra "callada", sin informar de los planes que tenía.
De este modo, sigue actuando por un lado la administración pública y por otro la empresa desde que la firma anunciara un ERTE en el verano de 2023. Y ahora, la portavoz del sindicato lamenta que el modus operandi, también desde el punto de vista comunicativo, se mantiene: “La representante Legal de las Trabajadoras de CCOO recibe el 31 de julio la comunicación de la empresa del inicio de un ERE a pesar de lo dispuesto en el Convenio Colectivo. Existe una evidente falta de negociación y de transparencia, así como la ausencia de petición de responsabilidades a la empresa y la negativa de la subrogación del personal. Entretanto, la consejería mira para otro lado y la empresa dice que no tiene para pagar, pero esto no nos consta; y licita en otros ámbitos”.
Dicho ERE, finalmente, no se ha aceptado. "Estamos a la espera de que nos comuniquen algo más y, por lo menos, que podamos cobrar el paro. La Comunidad dice que no puede hacer nada porque no vamos a ser subrogadas aunque la escuela va a abrir en septiembre, pero con nosotras no; y de la compañía en estos momentos no tenemos más comunicación que lo del ERE", dice María.
No entra una nómina desde abril. Esperamos, al menos, recibir el paro
Para más inri, destaca Galvín, se trata de un sector de por sí muy precario en el que sus trabajadoras cobran el SMI”, cuando alguna se pone mala, “la patronal no quiere que se la sustituya” y, a veces, “tienen que comprar el material didáctico o los juguetes de los niños”. “Eso sin mencionar los problemas que experimentan también los niños con la alimentación y por las que las empresas también se han llevado denuncias”, acentúa.
Con las cartas presentes sobre la mesa, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO incide en lo que ha dicho en otras ocasiones: “Estamos ante un sistema colapsado y fallido, y casos como este no hacen sino evidenciar los defectos de un sistema de contratación de los servicios públicos en el que, por parte de las administraciones locales y regionales se priorizan los proyectos de menor coste por encima de los valores educativos (…) Esto provoca que algunas empresas obsesionadas por competir a costa de la precarización de las condiciones laborales presenten ofertas económicas sustentadas en la imposibilidad del cumplimiento de lo dispuesto en el Convenio Colectivo, chocando frontalmente con compañías que sí se ajustan a los acuerdos vigentes”.
Las trabajadoras cobran el SMI, no se las sustituye cuando se ponen malas y compran los juguetes de las escuelas
Desde Comisiones Obreras refrendan que “la etapa de educación infantil es un derecho de la infancia recogido en las leyes educativas” y que es fundamental que en la edad comprendida entre los 0 y los 3 años se garantice la igualdad de oportunidades. “Todos los partidos llevan en su programa la gratuidad en esta edad, pero en la práctica la cosa cambia (…) No todo vale, los profesionales que con su trabajo hacen realidad el derecho a la educación de los más pequeños -cualquiera, en realidad- no pueden ser maltratados por un modelo privatizador que degrada a las personas precarizando cada vez más sus condiciones de trabajo”, concluye.
