La nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia que prepara el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, la cual se conoce como LESUC, está provocando gran rechazo entre la comunidad estudiantil, pues, tal y como vienen denunciando, la nueva normativa supondría un ataque a la autonomía universitaria al permitir un control externo sobre la gestión económica y académica de las universidades públicas, con controles del presupuesto y atribuciones más amplias a órganos vinculados al Gobierno regional, lo que podría vulnerar competencias estatales y derechos fundamentales.
No solo eso, sino que también se estaría tratando de presionar a los movimientos estudiantiles y su espíritu reivindicativo, al contemplar la LESUC sanciones de hasta 100.000 € por protestas o manifestaciones “no autorizadas” en los campus, lo que muchos interpretan como una restricción de la libertad de expresión y de protesta estudiantil. Además de ello, también se viene recriminando que el proyecto de ley favorece la privatización o mercantilización del sistema, al incentivar la financiación externa y debilitar la participación pública, lo que podría poner en riesgo la equidad en el acceso y la calidad de la educación superior.
Por todo ello, y tras haber vivido una pausa en sus manifestaciones debido a la Navidad, la comunidad universitaria vuelve a la carga contra el Ejecutivo madrileño y, además de retomar sus movilizaciones, también señala ahora que si la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia sale adelante, tendrían preparada la documentación para interponer un recurso de inconstitucionalidad.
Hasta el 14 de febrero se desarrollarán acciones en los campus universitarios y hasta una posible huelga, que todavía no se ha concretado si podría ser parcial o indefinida. Manos arriba contra la gestión de Isabel Díaz Ayuso que en el pasado mes de noviembre ya demostró tener gran seguimiento, al paralizar los campus de la comunidad autónoma.
A ello se sumaría el recurso de inconstitucionalidad que estudian presentar, ya que las plataformas universitarias, asesoradas por el profesorado universitario, observan que esta nueva normativa no se encontraría sujeta a los requisitos establecidos por el TC, ya que, según exponen, se estaría vulnerando tanto la autonomía universitaria como la autonomía económica y financiera, al beneficiar a los centros privados con una mayor cantidad de recursos públicos. Tal y como subrayan, esto supondría un importante daño la investigación y establece un distrito único de prácticas académicas, además de marcar un régimen de supervisión represivo, así como no respetaría los derechos del personal y del estudiantado.
Las protestas llevadas a cabo por los estudiantes no han sido las únicas que han mostrado su rechazo a la LESUC. Los seis rectores de las universidades públicas madrileñas han expresado que no se encuentran de acuerdo con este nuevo texto normativo, exponiendo que las necesidades de estos centros educativos son otras.
