El Gobierno de Castilla-La Mancha ha cerrado el año reforzando su apuesta por la universidad pública con una medida que ha tenido y seguirá teniendo impacto directo en miles de familias: la gratuidad de la primera matrícula de primer curso en los estudios de grado y doble grado. Una decisión ya aplicada este curso y que ha beneficiado a alrededor de 5.100 estudiantes, articulada a través de las adendas a los Contratos-Programa que la Junta mantiene con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y con la Universidad de Alcalá (UAH) en el campus de Guadalajara. La inversión asociada a esta actualización ha superado los cinco millones de euros, con un reparto mayoritario para la universidad regional.
La portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, ha enmarcado la medida en una estrategia sostenida de igualdad de oportunidades y retención del talento joven, una línea política que el presidente Emiliano García-Page ha defendido desde su llegada al Gobierno regional. La gratuidad de la matrícula inicial no se ha presentado como un gesto aislado, sino como parte de un modelo que ha buscado consolidar financiación estable, precios contenidos y crecimiento académico.
Ese planteamiento se ha apoyado en cifras. El presupuesto de la UCLM se ha triplicado desde 2015, pasando de 92 millones a 357,2 millones de euros en 2026, y la oferta académica ha crecido con 15 nuevos grados, 26 másteres y dos programas de doctorado desde el inicio de la actual etapa socialista. A ello se ha sumado la congelación de tasas universitarias durante un año más, situando a la universidad castellano-manchega entre las más asequibles del país. El resultado ha sido un récord de matrículas de nuevo ingreso, con más de 6.600 estudiantes incorporados al primer curso de grado en el actual curso académico.
Un contraste claro con el modelo de Ayuso
El contraste con la Comunidad de Madrid vuelve a ser evidente. Allí, bajo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, el debate universitario ha girado en torno a la infrafinanciación crónica de la pública y al crecimiento constante del sector privado. La Universidad Complutense de Madrid, la mayor del país, ha reconocido dificultades financieras que la han llevado a recurrir a endeudamiento para sostener su funcionamiento, una situación que ha sido denunciada por su propio rectorado y por la comunidad universitaria.
Mientras la Complutense y otras universidades públicas madrileñas han advertido del impacto de los ajustes en docencia, investigación e infraestructuras, la política educativa del Ejecutivo del PP ha facilitado la proliferación de universidades privadas, hasta el punto de que Madrid se ha convertido en el territorio con mayor concentración de este tipo de centros. El modelo ha sido defendido desde la Puerta del Sol como sinónimo de libertad y competencia, pero ha generado una brecha cada vez mayor entre quienes pueden asumir altos costes y quienes dependen de una universidad pública fuerte.
En ese escenario, las decisiones del Gobierno madrileño han ido acompañadas de un discurso de confrontación con cualquier intento de regular o limitar la expansión privada. Lejos de reforzar la financiación estructural de la pública, el Ejecutivo regional ha optado por judicializar normas estatales y por mantener un sistema que, en la práctica, desplaza recursos y prestigio hacia el negocio educativo. Una deriva que encaja con el marco ideológico del PP y que Vox ha empujado aún más, defendiendo sin matices la mercantilización del sistema y despreciando el papel cohesionador de la universidad pública.
Castilla-La Mancha, en el lado opuesto
Castilla-La Mancha ha tratado de situarse en el lado opuesto de ese debate. La gratuidad de la primera matrícula, la estabilidad presupuestaria y la ampliación de titulaciones han sido presentadas como herramientas para democratizar el acceso y evitar que el origen económico marque el futuro académico. Frente a la imagen de campus endeudados y movilizados en Madrid, la Junta ha subrayado que la UCLM ha crecido sin recurrir a recortes ni a préstamos, reforzando su papel como motor territorial y social.
La comparación entre ambos modelos ha vuelto a colocar al PP ante sus contradicciones. Mientras en Castilla-La Mancha critica el gasto público y cuestiona medidas de apoyo a la universidad, en Madrid ha gestionado un sistema que debilita la pública y normaliza la privatización. Un doble discurso que se repite en otros ámbitos y que en educación superior tiene consecuencias directas sobre miles de estudiantes y sobre el futuro del conocimiento público en España.
