La situación de las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia del Covid puso en entredicho la gestión del equipo de Isabel Díaz Ayuso en esta materia. La punta de lanza para la impotencia de quienes perdieron a un ser querido en los primeros días de aquel fatídico 2020 y la rabia social generalizada se concentra en los protocolos que han pasado a la historia calificados como “de la vergüenza”; documentos que impidieron el traslado de personas internas en estos centros a hospitales.
Algunos de estos casos, no sin pocas dificultades, han aterrizado en la Audiencia Nacional, que ha aceptado demandas contra la administración pública por el trato que recibieron miles de mayores que fallecieron hace ya más de cuatro años en residencias. “La memoria y el paso del tiempo distorsionan”, emite una de las voces denunciantes, que en este caso prefiere preservar el anonimato, a ElPlural.com.
Y esto, apostilla, es fundamental, no solo para no olvidar, sino también de cara a las posibles consecuencias jurídicas y frente a unos juicios que ya “sí o sí” van a tener lugar, tal y como explica el abogado Carlos Sarindero a este periódico. Así las cosas, tanto él como los y las denunciantes -ElPlural.com ha tenido constancia de dos casos que se encuentran en el mismo punto o similar- identifican la importancia de “documentar todo muy bien” sobre este asunto.
“Es que fue un genocidio”. Así de crudo resume lo que ocurrió en los centros de la tercera edad de la Comunidad de Madrid, no ciñéndose tanto en la muerte de las personas que la sufrieron, como las condiciones en las que ésta llegó. Más allá de que muchas de ellas se pudieron haber evitado, tal y como varios expertos han resuelto con el paso de los meses. “No les llegaba la medicación, no nos informaban de nada… Fue un trato inhumano hacia todas las personas que fallecieron”, indica la fuente principal de este artículo.
Retomando lo anterior, las pruebas de que se pudo haber hecho más están ahí. A algunas de ellas ha tenido acceso este periódico y las ha ido publicando: conversaciones entre personal de residencias y los familiares que demuestran que se les prohibía a los segundos desplazar a título individual a los pacientes, historiales clínicos que muestran lo mismo, informes forenses en la misma línea a incluso, dicen a este periódico, correos electrónicos en las partes implicadas (diferentes consejerías y personal de residencias).
Con todos los datos encima de la mesa, las fuentes damnificadas exponen a este periódico que el ex consejero de Políticas Sociales -de Ciudadanos- Alberto Reyero, fue “la única persona íntegra”, al ser la única que dimitió.
Este diario ha podido leer historiales clínicos, previo permiso de los familiares de los pacientes, que demuestran, entre otras cuestiones, que los protocolos de la vergüenza se ejecutaron de facto antes de su redacción y/o firma. Asimismo, los documentos reflejan que el centro -en este caso la residencia Monte Hermoso- pidió el traslado del paciente, sin conseguirlo.
Frases que se podrían reproducir en otras residencias como “Se intenta derivar al hospital dada la situación sin éxito” o “Se realizan múltiples intentos de derivación sin éxito por no cumplir los criterios de protocolo de la Consejería de Sanidad”, van en esta dirección. En ello destaca el nombre de Carlos Mur, el cargo madrileño que firmó estos protocolos. Igualmente, aparece cómo pidieron recursos que nunca llegaron: “Se decide derivar a urgencias y se solicita ambulancia (…) Dicho recurso no acudió a recoger a la residente”.
Informes forenses apuntan igual: “Con esta saturación -de oxígeno- procedía a la solicitud de traslado, y salvo otro criterio que lo desaconsejase, se debería haber trasladado al paciente. No se hizo (…) A la vista del estado del 14 de marzo procedería haberse solicitado. Quizás se hiciera, y salvo que otro criterio que no consta de desaconsejara”. El paciente al que se refieren estas líneas tenía una saturación superior al 80%.
El abogado con el que ha hablado ElPlural.com considera que en los casos que lleva es bastante factible la victoria, aunque llama a la cautela: “Se ven claramente los contactos que hay entre las partes, que se impide el traslado, pruebas del personal sanitario, forense…”. “No creo que se desestime, porque es muy grave y está muy bien documentado”, añade a la vez que asegura no saber qué tiene que pasar para perder el juicio. “No había nada que impidiera el traslado”, remacha.
Para más inri, cabe recordar que también hay actas policiales que muestran el trato que recibieron los pacientes durante la pandemia. Este y otros periódicos proyectaron los documentos que evidencian la situación de abandono a la que se enfrentaron estas personas, así como las y los trabajadores.
