La sombra de la corrupción impregna al entorno político y personal de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este lunes, una nueva información que afecta a su número tres, Ana Millán, investigada por un presunto cobro de mordidas a cambio de concesiones al empresario Francisco Roselló, ha golpeado al Partido Popular (PP) madrileño. Un nuevo testimonio del caso, revelado por eldiario.es, que afecta a la que fuera alcaldesa de Arroyomolinos desde hace cuatro años ha vuelto a poner de actualidad el posible caso de corrupción.
La funcionaria que trabaja con Millán cuando era concejala de Juventud en el municipio del sur de Madrid ha confirmado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que el empresario, propietario de Grupo Educativo, recibía un trato preferente por parte de la edil. “Millán se reunía a solas con el empresario, nadie podía entrar”, ha confesado la mano derecha de Millán. La funcionaria, que participa de la investigación en calidad de testigo, ha reconocido que este proceder solo se daba con Roselló, pues en el resto de reuniones sí estaba presente.
La testigo ha detallado a los agentes de la UCO que su puesto de administrativa le impedía firmar los pliegos de las adjudicaciones y que Millán estampaba la firma después de darle las indicaciones con todo lo que debían incluir. “Concerniente a los contratos en los que las empresas de Grupo Educativo estaban, Ana Millán la apartó, no dejándola intervenir. Que únicamente le decía, una vez ya decidido, los campamentos/talleres que había que contratar”, ha declarado.
Desde el PSOE denuncian que cuando se produjo la declaración de la testigo ya hacía tiempo que los agentes de la UCO habían calculado que Millán, su hermana y su pareja habían ingresado 214.638,45 euros de las empresas de Roselló, entre 2008 y 2016. Además, añadían que había conseguido contratos en ese periodo superiores a 600.000 euros de la concejalía de Juventud. Pese a que el testimonio llegó dos meses antes de las elecciones municipales de mayo de 2023 y de que llevaba un año investigada, Ayuso no dudó en colocar a Millán en las listas.
Ahora es diputada de la Asamblea de Madrid y una de las figuras de confianza de la presidenta. Precisamente esta elección como diputada ha obligado a la jueza Lidia Prado a inhibirse en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la condición de aforada que ha pasado a tener Millán. En su auto de inhibición, la jueza cita los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y fraude a la Administración.
La situación ha llevado al PSOE a exigir explicaciones a la lideresa autonómica conservadora, acusándola de no pronunciarse de los casos que afectan a su entorno. “Como en todo lo que la rodea, Isabel Díaz Ayuso no ha dado una sola explicación sobre el ascenso de una persona imputada”, critican fuentes de los socialistas. “Ascensos que se producen por indicación expresa de Ayuso, ya que nada se mueve en el PP de Madrid sin su aprobación”, zanjan desde Ferraz.
