Tras prohibir a una ONG alimentar a “pobres”, Almeida les exige ahora tener un local: "El problema es que molestan"

Madrid, territorio vedado para quienes alimentan a las personas sin hogar. La organización sin ánimo de lucro Bocatas Madrid – que responde al nombre oficial de Asociación Pasión Por el Hombre – denunció en sus perfiles oficiales en redes sociales que, pese a prestar servicios similares desde 1996, el Ayuntamiento de la capital prohibió una de sus últimas acciones, que consistía en el reparto de bocadillos a las personas sin hogar. La justificación de la Corporación que dirige José Luis Martínez-Almeida es que no sólo carecen de regulación sino que su actividad tampoco está sujeta a ningún control y puede comportar problemas de salud y de orden público en la ciudad. La solución que aporta el gobierno municipal es que alquilen un local, aunque según la propia asociación, no es sinónimo de garantías porque ya clausuraron un local de la entidad Plaza Solidaria en Tirso de Molina. "El problema es que los pobres molestan", lamentan. 

Desde el Consistorio explican en público y en privado que han mantenido ya varias reuniones tanto con las asociaciones Bocatas Madrid y Granito a granito ante la imposibilidad de mantener el reparto de comida en la vía pública “sin ningún tipo de control”. Ahora, tras vetarles el reparto, les exigen que dispongan de un local para continuar con sus servicios. El propio alcalde, este pasado martes, después de que trascendiera la prohibición a la esfera pública, defendió la “extraordinaria labor” de la entidad sin ánimo de lucro, agregando que su razón social jamás será objeto de “crítica ni de censura” por parte del Ayuntamiento.

En cualquier caso, el regidor madrileño, pese a sus palabras, explicaba que repartir bocatas en las calles de la capital es una actividad del todo “ilegal”; independientemente de que las intenciones de sean benévolas. “Siempre las apoyaremos, pero lo único que decimos es que lo hagan de forma que la intervención social de verdad pueda fructificar en algo más que dar un bocadillo cada semana”, concluyó a preguntas de los medios de comunicación.

Almeida insistió en que lo único que le demandan a Bocatas Madrid es que “hay que cumplir una serie de cuestiones”, por lo que le han puesto sobre la mesa su cooperación para que dispongan de un local desde el que “poder repartir los bocadillos” para evitar que sea en la calle. Además, también les reclaman que hagan una “filiación de aquellos que reciben” los alimentos porque el área de Asuntos Sociales tiene la capacidad de “poder llegar a esas personas y poder darles una salida o una ayuda” y, así, proporcionarles la “asistencia” que demandan.

De hecho, el propio Almeida criticó que el reparto de bocadillos se hace “sin saber a quién se están repartiendo” y precisamente éste habría sido el motivo de enfado para algunas asociaciones de vecinos. Incluso apunta a que éstas se habrían acercado a “probar que efectivamente no se sabe a quién” se están distribuyendo. Por eso, cree que desde el punto de vista de la intervención social, “tiene una eficacia dudosa”. Fuentes del Consistorio consultadas por ElPlural.com, por su parte, ahondan en la idea de la “imposibilidad de mantener el reparto de comida” en vía pública sin control porque supone “un riesgo para la salud y el orden pública en la ciudad”.

Un precedente con resultado negativo

Para Bocatas Madrid, la exigencia de Almeida no es sino una excusa más. Argumentan fuentes de la ONG a ElPlural.com que ya existió un precedente que no acabó en final feliz. La entidad Plaza Solidaria alquiló un local, siguiendo las recomendaciones del Consistorio. Lo hicieron en la céntrica plaza de Tirso de Molina, pero la Corporación lo clausuró. Así, el temor seguir las indicaciones del Ayuntamiento es que les puede pasar lo mismo.

Estas mismas fuentes aseguran que el único problema que existe en Madrid es que "los pobres molestan". "Nosotros pensamos que es una molestia soportable y llevable", aseguran a este periódico desde la ONG Bocatas Madrid, que blindan su labor porque entienden que "hay que sacar a los más débiles adelante". 

La denuncia de la organización

La ONG ya denunció públicamente que el Ayuntamiento había vetado sus repartos de comida en la plaza de Ópera, una actividad que la organización llevaba realizando desde hacía tres décadas. Según explicaron en un vídeo difundido en su perfil de TikTok, el Consistorio les comunicó que estas entregas constituían una “actividad ilegal” al no estar reguladas por la ordenanza municipal vigente.

En su mensaje, la entidad criticó que “alimentar y acompañar a los pobres estaba prohibido”, y subrayó que durante 30 años habían ofrecido comida y apoyo emocional a personas sin hogar. Detallaron que cada semana acudían a Ópera con una furgoneta cargada de alimentos procedentes del Banco de Alimentos y de una treintena de supermercados, con el objetivo de asistir a quienes “malvivían” en la zona. “No solo entregábamos comida: establecíamos vínculos para que sintieran que no estaban solos en un mundo que solía darles la espalda”, afirmaron.

La organización replicó además al Ayuntamiento recordando que el derecho a la alimentación estaba recogido en diversos marcos internacionales. Citó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como las directrices de la FAO, que instaban a los Estados a evitar cualquier medida que limitase el acceso a una alimentación adecuada o que discriminase a colectivos vulnerables.

Uno de los argumentos empleados por el Distrito Centro para frenar su labor - según señaló la Fundación - fue la falta de un registro formal de las personas atendidas. La respuesta de Bocatas fue tajante: “Como si un transeúnte, un sintecho o un sin hogar tuviera que tener un carnet de pobre para recibir un bocadillo o una Coca-Cola”. La entidad rechazó la idea de convertir su actividad en un proceso burocrático que, sostuvieron, “no respondía a la urgencia humana” que afrontaban quienes vivían en la calle.

En sus vídeos, también explicaron por qué acudían específicamente a Ópera: aseguraron que en la zona “residían más de 300 personas que se buscaban la vida cada día”, y que su presencia no generaba ningún “efecto llamada”, puesto que simplemente se desplazaban allí donde ya estaban los usuarios. “No podían ser tratados como ciudadanos de segunda. Eran los más débiles, y a ellos debíamos ayudar”, reivindicaron, insistiendo en que la pobreza “era un problema humano que exigía respuestas humanas”.