La Asamblea de Madrid ha hecho caso omiso a la petición de rectificación que les hizo llegar el padre de una joven que había sufrido abusos sexuales mientras estaba ingresada en la unidad de psiquiatría del Hospital Universitario Ramón y Cajal.
El contexto en el que se produjo aquella reclamación fue la defensa que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, hizo de Julio Iglesias, tras las denuncias por abuso sexual emitidas por varias extrabajadoras de la mansión del cantante.
La lideresa regional puso en entredicho la investigación de elDiario.es, que duró tres años y contaba con todo tipo de detalles. “Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias”, publicó en X, antiguo Twitter.
El asunto escaló hasta el apartado estrictamente político, ya que la izquierda pidió tanto a Ayuso como al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, retirar los honores al artista. Tanto la administradora primera de Sol como el regidor madrileño se negaron a quitarle la Medalla de Oro y el distintivo de Hijo Predilecto indistintamente.
Más allá de ello, la defensa de la política ‘popular’, desprestigiando por enésima a las mujeres víctimas de violencia de género sentó muy mal en el ámbito social, y hubo quienes se atrevieron a denunciarlo públicamente. Es el caso de este padre, que relató en una carta abierta el “dolor” que sufren las personas que sufren esta lacra y su entorno.
A renglón seguido, pidió amparo al organismo capitaneado por Enrique Ossorio. Ahora, tal y como ha podido comprobar este medio de comunicación, la Mesa ha rechazado la petición alegando que “no se admitirán las peticiones cuyo objeto sea ajeno a las atribuciones de los poderes públicos, instituciones u organismos a que se dirijan, así como aquellas cuya resolución debe ampararse en un título específico distinto al establecido en esta Ley que deba ser objeto de un procedimiento parlamentario, administrativo o de un proceso judicial”.
La Comunidad se ampara en el artículo 1 y el 4.3 del Acuerdo de la Mesa 6 de junio de 2019, sobre tramitación de los escritos de petición presentados en la Asamblea, así como en el artículo 8 de la Ley Orgánica 4/2001, entre otros. Asimismo, sostiene que el artículo 1 del Acuerdo de la Mesa establece que los escritos de petición han de comprender “una concreta solicitud de que se acuerde o adopte un acto o una decisión en materias que, por su competencia objetiva, funcional o territorial, sean de la competencia del destinatario, con independencia de que afecten exclusivamente al peticionario o sean de interés colectivo o general”.
Carta completa
Estimados medios de comunicación, opinión pública: Soy el padre de una joven que fue víctima de agresiones sexuales en un hospital público de la Comunidad de Madrid. Mi hija, con 18 años, sufría graves problemas de salud mental y estaba ingresada en una unidad de psiquiatría cuando fue agredida por un celador. Este hecho, reconocido por sentencia judicial, marcó para siempre su vida y la de nuestra familia.
Hoy, al leer las palabras publicadas por la Presidenta de la Comunidad de Madrid, siento no solo indignación, sino una profunda decepción institucional. Mientras habla de mujeres violadas en Irán —un dolor que nadie cuestiona—, parece ignorar el dolor que ocurrió aquí mismo, bajo su administración, en un centro sanitario público.
No se trata de comparar sufrimientos, sino de cuestionar la coherencia y la sensibilidad de quien ostenta la máxima representación de una Administración que debería proteger a todos, especialmente a los más vulnerables. Mi hija era una de esas personas vulnerables, y el sistema que preside la señora Ayuso falló.
Utilizar el dolor de las mujeres iraníes como arma política, mientras se silencia o se banaliza el sufrimiento de las víctimas que han sufrido dentro de nuestras propias instituciones, no es solo una falta de respeto: es una negación institucional del dolor, una revictimización y una vulneración del principio de igualdad.
¿Dónde estaba esa voz de denuncia cuando mi hija fue agredida en un hospital madrileño? ¿Dónde está el reconocimiento a su dolor, a su lucha, y a la de tantas otras víctimas que no son noticia, pero sí responsabilidad directa de su Gobierno?
Exigimos que las autoridades no solo hablen de justicia en otros lugares, sino que la garanticen aquí, con hechos, con sensibilidad y con una gestión institucional que no trivialice el sufrimiento de las personas a las que deben servir.
Atentamente,
Un padre que aún espera justicia y dignidad para su hija.
