El juzgado de instrucción número 39 de Madrid ha admitido a trámite una denuncia presentada por Podemos el pasado mes de septiembre, e investigará los centros educativos de Formación Profesional que la Consejería de Educación del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso construyó a dedo y sin contrato. Un problema que afecta a al menos ocho centros de la región, pero que podrían ser más, y que podría suponer un delito de prevaricación.
ElDiario.es publicó una investigación al respecto de este caso y a la demanda de Podemos se sumaron Más Madrid y el PSOE, al igual que lo hizo la cúpula de la actual Consejería de Educación tras detectar el primer caso, que para continuar con el caso tiene que remitir la causa y toda la documentación en su poder a la jueza de instrucción, en cuyas manos quedará seguir indagando en este posible caso de corrupción.
Fraccionamientos de contrato
La Comunidad de Madrid ya acumula cierto historial en lo que a fraccionamientos de contrato respecta. Por ejemplo, en 2021, se levantó en Ciudad Escolar un hospital escuela de la rama de FP sanitaria por 2,4 millones de euros. Aquel procedimiento se llevó a cabo sin concurso público alguno y dividiendo la factura para saltarse la ley y pagando como si fueran diferentes contratos menores, lo que permite agilizar ciertos trámites burocráticos. Para poder efectuar esos pagos tan grandes sin que saltaran las alarmas, dado que se estaban cometiendo irregularidades, un subdirector de Educación (cesado en marzo) dio instrucciones a dos directores de los institutos públicos Ciudad Escolar y el aledaño instituto Hotel Escuela para el desembolso de más de 700.000 euros de sus cuentas. En total, quedó un impago de más de un millón y medio de euros, por lo que el empresario encargado de la construcción denunció el caso y se reunió con un colaborador de Ayuso, haciendo estallar por los aires el caso.
Escenario similar al que se dio en 2022 en la Escuela de Arte Alcalá, aplicando el mismo sistema para abonar 1,2 millones de euros en pequeños pagos a través de tres institutos. El citado medio también ha informado en otras ocasiones sobre reformas ilegales en hasta cinco centros más.
Mecanismos tramposos
Llevar a cabo una obra en un centro público tiene sus limitaciones legales. Si la ejecución de la misma supera los 40.000 euros más IVA, la ley obliga a que se saque a concurso público, garantizando así un proceso con condiciones contractuales, características técnicas y la presentación de diferentes ofertas, que al final es una mesa de contratación quien decide cuál de todas es la más adecuada para los intereses del sistema público. Sin embargo, si la cantidad es inferior a la cifra citada, todo este procedimiento no entra en escena, y es por eso por lo que desde el Ejecutivo autonómico se asignaron las adjudicaciones a dedo.
Cuando se produjeron todas estas obras, entre 2021 y 2023, al frente de la Consejería de Educación estaba Enrique Ossorio, que hoy se desempeña como presidente de la Asamblea de Madrid. De su lado, su mano derecha en la viceconsejería de Política Educativa, Rocío Albert López-Ibor, proveniente de Faes y hoy consejera de Economía y Hacienda de Ayuso. La propia Consejería, que en la actualidad está bajo el mando de Emilio Viciana, puso en conocimiento de la Fiscalía este caso en marzo.
Más de 300 contratos bajo el foco
En la denuncia de Más Madrid, a la que se adscribió el PSOE y a la que tuvo acceso ElPlural.com, han solicitado la investigación de más de 300 contratos por si pudieran resultar asimismo fraudulentos.
Otro de los casos más sonados, por la forma en la que se hicieron las cosas, fue el del IES Ignacio Ellacurría, un enclave que Ayuso presentó a bombo y platillo durante lo más duro de la pandemia, en mayo de 2020, aunque no fue hasta febrero del año siguiente cuando la lideresa de Sol acude a Alcorcón para inaugurar el mencionado instituto, que iba a ser "pionero" y servir de "referencia" en la educación pública online de nuestro país.
El presupuesto inicial en aquella ocasión era de medio millón de euros, pero para la creación de este hub de primer nivel también se saltaron cualquier control y se repitió el modus operandi que ha demostrado ser habitual. La práctica, cabe destacar, tiene cabida en los delitos de corrupción y prevaricación.
