El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado la razón al Ayuntamiento de Parla, gobernado por el PSOE, y condenado a los propietarios vinculados con el PP de la localidad madrileña que intentaron “boicotear” el proyecto PAU5.
La sentencia, a la que ha tenido acceso de manera exclusiva ElPlural.com, condena en costas y al pago de los abogados de los nombres relacionados con la ‘trama’ que este periódico reveló el pasado lunes. Los socialistas dan a conocer el texto este mismo martes en pleno monográfico: "Queda demostrado que se gastaron dinero de forma indebida", apostillan fuentes conocedoras de los hechos.
PAU 5 de Parla
Hay que remontarse a 1997 para encontrar el origen del proceso PAU 5 de Parla, el principal desarrollo industrial del municipio madrileño y del que, según evidencia la actual sentencia, se quisieron aprovechar rostros que guardaban lazos con la derecha, tal y como denunciaba el Consistorio ahora, casi 30 años después del inicio del proyecto.
El motivo es que miembros ‘populares’ han tratado de bloquear el desarrollo urbanístico industrial mencionado, actuando así de forma ilegal y gastando el dinero de la disuelta Junta de Compensación, algo “ilegal” a todas luces, como emiten voces que ponen pie en pared contra el escenario en declaraciones a este medio de comunicación.
El Ayuntamiento capitaneado por Ramón Jurado (PSOE) cambió el pasado mes de mayo el sistema de ejecución del PAU5 como consecuencia del bloqueo de algunos de los miembros de la Junta de Compensación del desarrollo industrial y logístico de Parla. La intención de estos terratenientes, vinculados al PP de la ciudad según el Consistorio, pasaba porque los terrenos acabaran siendo de uso residencial en lugar de ser un complejo industrial como estaba previsto. En la práctica, esto implica que el desarrollo del espacio lleve décadas estancado.
Los señalados
Son varios los nombres que aparecen en el entramado. El primero de ellos es el de Miguel Bermejo, concejal del la formación que a nivel nacional lidera Alberto Núñez Feijóo durante 20 años y actual presidente de la Junta de Compensación, asimismo conocido en el municipio por ser un gran terrateniente. La segunda persona señalada es Patricia García Rivera, a su vez secretaria del organismo mencionado, cuya familia ostente multitud de propiedades en Parla, pero también en Pinto.
A ellos se suma Miguel Ángel López, estrechamente vinculado con el PP de la Comunidad de Madrid, dirigida de un tiempo a esta parte por Isabel Díaz Ayuso. En su caso, fue alcalde de Torrejón de Velasco, portavoz del PP en el Consistorio de Parla y uno de los grandes propietarios que estaría intentando boicotear el desarrollo del plan municipal.
Bermejo y García de Rivera se arrogaron a la Junta de Compensación y actuaron en nombre (y detrimento) de más de 400 propietarios, ya que se negaron a apoyar un Convenio redactado por el Ayuntamiento que muchos propietarios -en su mayoría pequeños- veían con buenos ojos. Las actuaciones de los grandes terratenientes relacionados con el partido de derechas adquieren una gravedad especial si se tiene en cuenta que los poderes con los que manejan las cuentas de la Junta fueron revocados en julio de 2024, un hecho que desatendieron estas personas al tomar la decisión.
El texto que deja en evidencia al PP
A más a más, los grandes propietarios relacionados con el Partido Popular ignoraron el acuerdo publicado en el Registro de Entidades urbanísticas colaboradoras de la región el 4 de julio de 2024, que pudo leer de forma íntegra este medio.
El texto reza lo siguiente: "La Asamblea de propietarios celebrada el día 04 de Julio de 2024, acordó la revocación de todos los poderes concedidos por el Consejo Rector disuelto y sin efecto alguno (sic), debiendo abstenerse bajo los apercibimientos legales oportunos, cualquier miembro del mismo a arrogarse la representación de la Junta de Compensación…".
