Un juez de Madrid que investiga una de las causas penales por las 7.291 muertes de personas mayores en las residencias durante la pandemia se ha focalizado en dos de estos centros, sobre los que ha reprochado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso la aplicación de los conocidos como ‘protocolos de la vergüenza’ que impidieron la derivación de los pacientes a los hospitales.
El magistrado considera que, por estos hechos, la gestión de la Comunidad de Madrid fue “como poco, muy discutible” y cuyas consecuencias “no fueron valoradas bien por la autoridades política” competente “y cuya responsabilidad excede el ámbito de esta causa al tener aforamiento los responsables”. No obstante, este juzgado de Madrid, que investigaba la muerte de residentes en dos centros, uno público y otro privado con plazas concertadas, ha terminado archivando la causa penal al entender que se atendió a estas personas “de la mejor manera que se pudo” durante aquellos momentos de crisis.
De esta manera, el magistrado considera que los ‘protocolos de la vergüenza’ fueron “cambiantes y confusos” y que fueron motivados por la necesidad de actuar con urgencia ante la crisis sanitaria de la pandemia. Así, la decisión de no derivar a los residentes a los hospitales más cercanos pese a sus patologías evidentes “pudiera ser discutible y reprobable”, pero sostiene el juez que es una cuestión que queda “fuera del ámbito de responsabilidad penal por imprudencia grave”.
El juez archiva la causa penal
Se trata del juzgado de instrucción número 4 de Madrid, el cual investiga desde hace tres años las muertes de residentes del centro Adolfo Suárez de San Blas, de gestión pública, y el de Amavir en Arganzuela, concertado. En este proceso judicial comparecieron cargos autonómicos que hicieron frente a la crisis: Alberto Reyero, entonces consejero de Políticas Sociales, y Carlos Mur, director general de coordinación sociosanitaria. Ambos mostraron sus asperezas ante los protocolos de Ayuso ante el juez.
Pese a los reproches dirigidos al Gobierno madrileño, finalmente, el magistrado ha decidido archivar la causa penal después de haber analizado el informe del médico forense en el que se concluye que los familiares de los denunciantes recibieron un seguimiento “regular” y con medidas “adecuadas”, teniendo en cuenta a su vez la “saturación de los hospitales, desbordados más bien”.
Y es que la cuestión en sí, según el juez, radica en que la vía penal no sería la adecuada para depurar responsabilidades sobre esta gestión: “Es obvio que no puede exigirse lo mismo al personal sanitario o asistencial, ante una situación puntual y controlada de un paciente o un residente, que ante la situación desgarradora e inabarcable que todos sufrimos”, aduce, según ha recogido este jueves eldiario.es.
Ante esta decisión, los familiares que han denunciado aún cuentan con la oportunidad de recurrir, aunque también queda la vía de derivar la misma causa a lo civil o lo contencioso-administrativo para depurar dichas responsabilidades.
La 'macrodenuncia' contra Ayuso por las residencias
Bajo el mismo telón de fondo, cabe reiterar que, hace un mes atrás, hasta cuatro fiscalías madrileñas abrieron diligencias por cada uno de los denunciantes, hasta 109 en total, para determinar si se cometió un delito de denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios en las residencias de mayores de Madrid durante la pandemia.
Sobre esta denuncia de grandes dimensiones, hay cuatro excargos del Ejecutivo de la Puerta del Sol que podrían tener consecuencias penales según se castiga en el artículo 511 del Código Penal: Carlos Mur de Víu Bernard, Director de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid entre el 25 de septiembre de 2019 y el 13 de mayo de 2020; Francisco Javier Martínez Peromingo, geriatra de referencia del Hospital Rey Juan Carlos durante la primera ola de la pandemia y director de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid entre el 14 de mayo de 2020 y el 5 de julio de 2023; Pablo Busca Ostalaza, Director gerente de los servicios de Urgencias Médicas de la Comunidad de Madrid (SUMMA 112) y Antonio Burgueño Carbonell, asesor sanitario de la presidenta madrileña y autor del Plan de Choque.
