La situación de los profesores en la Comunidad de Madrid cada vez es más límite. Una realidad que se hizo de notar antes del fin del curso escolar con hasta tres multitudinarias movilizaciones de la Marea Verde a pie de calle en el corazón de la capital, pero que a su vez vienen denunciando los sindicatos de enseñanza durante los últimos tiempos ante la desatención del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a sus demandas de calado.
“El profesorado está agotado y hay un cabreo significativo”, con estas palabras, el responsable de enseñanza pública de UGT Madrid, Ricardo Marchand, resumía en una entrevista a ElPlural.com la realidad a la que hacen frente los docentes en Madrid, teniendo la vista puesta ya en el comienzo del próximo curso en septiembre, el cual ya se prevé “conflictivo” y con más movilizaciones para pedir cambios eficaces al Ejecutivo de la Puerta del Sol.
Cabe remontarse a meses atrás para entender el contexto completo de este escenario, cuando la Consejería de Educación, encabezada por Emilio Viciana, cortó las negociaciones con la Mesa Sectorial -conformada por los sindicatos y representantes de la educación pública madrileña-, en la que cual se debatían cómo materializar las mejoras para el sector y sus profesionales.
Fue el pasado mes de junio cuando estos contactos se retomaron, aunque el resultado no varió de intentos anteriores: ningún consenso. De esta manera, las demandas de los profesores siguieron quedándose en el aire y, para hacerse de oír, decidieron llevarlas a las calles marchando bajo la Marea Verde.
“La educación pública se está quedando como residual”
En declaraciones a este periódico, Marchand, de UGT, desvela que la sensación general entre los docentes es agotamiento y enfado a partes iguales al no ver resultados en sus reclamaciones laborales, aunque ha sido a raíz de estas convocatorias a pie de calle donde se ha percibido la único de la enseñanza pública bajo una misma causa: “En mayo hubo un respaldo de 40.000 personas en la calle que, prácticamente, representan a todo el profesorado. Ha sido un éxito arrollador”, celebra al respecto.
La Consejería presentó a principios del mes de julio una hoja de ruta con instrucciones de cara al inicio del próximo curso, pero estas no son suficientes ni responden a la realidad que este proceso conlleva año a año. Por este motivo, desde los sindicatos esperan que el consejero Viciana les presente estas condiciones “por escrito”, aunque en un primer momento llegó a anunciar “un plan global” que no se llevó a término.
Cabe recordar que dos de las principales reclamaciones que vienen pidiendo los profesionales de la educación pública se centran, por un lado, en la reducción de las horas lectivas y, por otro, en la bajada de las ratios, aunque es esta última la que se está solucionando por sí sola ante el descenso de la tasa de natalidad.
En el caso de que estas reivindicaciones vuelvan a no ser escuchadas o sometidas a valoración por el Gobierno de Díaz Ayuso a partir de septiembre, desde UGT advierten que el “último recurso” es volver a la huelga, algo que ya se ha hecho: “El inicio de curso en Madrid siempre es muy caótico, el año pasado en algunos centros no se había incorporado todo el profesorado todavía”, desvela Marchand.
Recogiendo todo lo expuesto, la conclusión es clara: el cansancio del profesorado ante la inacción del Ejecutivo madrileño. “La educación pública está quedando como una educación residual, donde el que no puede pagar la privada acaba en la pública. (…) El profesorado está agotado ya de tanto esfuerzo que se le pide y no ver ninguna recompensa al final y hay un cabreo significativo”, unas palabras que el responsable de UGT acompaña con un llamamiento a la Consejería por “velar por el bienestar del alumnado” y que, para ello, es más que necesaria la inversión en educación pública.
Trato “desigual” del Gobierno de Ayuso con la FP
Al hilo de este escenario, en los últimos días se ha ahondado en el revuelo generado por las oposiciones para profesores de Formación Profesional (FP) en la Comunidad de Madrid, un proceso en el que los profesionales denuncian un trato “desigual” y discriminado” por parte del Ejecutivo autonómico.
Y es que, según denuncian sindicatos, se han quedado sin cubrir un total de 232 plazas de las 565 en total que prometió la Consejería de Educación, es decir, un 41%. Un resultado que se debe a la falta de planificación pese a que estas oposiciones, tal y como marcaba el calendario, se tendrían que haber celebrado el año pasado, pero tuvieron que ser aplazadas.
