La política migratoria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso vuelve a estar en el centro del debate. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado que llevará a los tribunales el reparto solidario de menores migrantes aprobado por el Gobierno central. Sin embargo, las acciones en su propio territorio están generando un creciente malestar, especialmente en municipios como Fuenlabrada, donde denuncian un reparto profundamente desigual y decisiones impuestas sin consenso.
La ciudad del sur de Madrid, gobernada por el socialista Javier Ayala, se ha convertido en el epicentro de una polémica que trasciende lo local. En La Cantueña, una zona apartada y cercana a un polígono industrial, el Ejecutivo regional ha habilitado un centro de acogida de menores extranjeros no acompañados, cuya gestión y condiciones han sido objeto de críticas constantes. Allí, según palabras del propio alcalde, se pretende concentrar a todos los menores migrantes que lleguen a la región, lo que a su juicio reproduce “el desborde que ya se vive en los centros de Canarias”.
Desde el Ayuntamiento se denuncia la “falta total de diálogo” con la Comunidad de Madrid. El centro fue habilitado en un espacio municipal originalmente destinado a un proyecto medioambiental. Pese a las advertencias del consistorio, el Gobierno regional continuó adelante, invirtiendo más de 19 millones de euros en una infraestructura que, según sus detractores, se asemeja a “un edificio gris, tipo soviético”, en palabras de Lorena Morales, diputada del PSOE-M. En señal de protesta, el pleno municipal decidió bautizar irónicamente la instalación como Centro ‘Isabel Díaz Ayuso’.
El riesgo de guetificar a menores migrantes
Las quejas no solo apuntan a la ubicación o al procedimiento, sino también a las condiciones de vida dentro del centro. Diversas voces de la oposición aseguran que los menores están viviendo en un entorno que vulnera sus derechos. La Comunidad de Madrid ha impedido las visitas de parlamentarios y ha sido reacia a facilitar información. Morales subraya que los niños están aislados, sin acceso a espacios de ocio o socialización, y denuncia que algunos recorren hasta tres horas al día para asistir a clases de español impartidas por asociaciones sin apoyo institucional.
En este contexto, la empresa que gestiona el centro llegó a enviar una carta al Ayuntamiento de Parla solicitando financiación para ofrecer formación lingüística a los menores, ante la inacción del Gobierno regional. “¿Cómo se va a integrar un niño que vive en un gueto, sin acceso a parques ni posibilidad de relacionarse con otros menores?”, se pregunta la diputada socialista.
Los expertos en infancia y migración advierten de que concentrar a los menores migrantes en zonas aisladas y sin contacto con el entorno urbano supone un riesgo directo para su desarrollo emocional, social y educativo. La falta de interacción con la población local dificulta los procesos de adaptación cultural y alimenta el estigma social. Además, impide que los niños puedan crear vínculos afectivos fuera del centro, limitando su red de apoyo y aumentando la probabilidad de exclusión a medio y largo plazo.
La creación de “guetos” institucionales también puede generar tensiones en los barrios colindantes, alimentando discursos de rechazo y desinformación entre los vecinos. La concentración en un solo punto de jóvenes que ya han sufrido situaciones traumáticas en sus países de origen, sin recursos suficientes ni un plan claro de integración, abre la puerta a dinámicas de marginación, conflictividad y pobreza estructural. Desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada insisten en que el modelo actual no solo es injusto, sino que es ineficaz y perjudicial para el conjunto de la comunidad.
¿Discriminación según el origen?
La polémica sobre el centro de La Cantueña no es ajena al contexto político nacional. Mientras Ayuso se opone al pacto entre Moncloa y Junts, y arremete contra el reparto de menores migrantes propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez, desde Fuenlabrada y otras instancias se recuerda que su actitud fue muy distinta cuando se trató de acoger a menores ucranianos. Entonces, la presidenta no dudó en posar en la Puerta del Sol y facilitar su acogida.
La gestión de Ayuso con los menores migrantes ha abierto un nuevo frente político y social en la Comunidad de Madrid. ¿Está actuando de forma responsable o está usando a los menores como arma arrojadiza contra el Gobierno central? ¿Es justo concentrar en un solo municipio a todos los menores? ¿Debe haber un reparto equitativo entre localidades?
