El novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha recibido en los últimos días otro revés más en su intento por dar portazo cuanto antes a la causa judicial, incluso si para ello tenía que pisar el acelerador para declarar de manera voluntaria en la pieza separada en la que se abordan los posibles delitos de corrupción y administración desleal.
El último varapalo ha llegado ‘desde León’ en tanto en cuanto el fiscal ha puesto sobre la mesa la posibilidad de ampliar las pesquisas principales a la persona que defendió al principio a la pareja de la lideresa regional y a través del cual adquirió el ático de lujo que comparte con la política conservadora en el barrio de Chamberí, Javier Gómez Fidalgo.
Si finalmente la magistrada Inmaculada Sanz acuerda la declaración como investigado del economista, el caso iría un paso más allá. Por el momento, lo que el fiscal pide es su declaración en la pieza principal, la de los dos fraudes fiscales, pero en su escrito apunta indirectamente a una operación polémica de compraventa por parte de González Amador. Esta operación es la que ha provocado la apertura de esa pieza separada para determinar si el novio de Ayuso ha cometido asimismo corrupción en los negocios y administración desleal.
El economista leonés representó a González Amador durante la inspección que realizó la Agencia Tributaria al empresario a lo largo de 18 meses, en el transcurso en el que los inspectores de Hacienda percibieron que el empresario estaba logrando multiplicar el volumen de ingresos que tenía antes de la pandemia gracias a la presunta utilización, entre otras cosas, de compañías pantalla.
El motivo por el que el órgano competente pide que Gómez Fidalgo declare pasa porque la persona que opera desde León habría participado en la declaración de los ingresos. Por ese motivo, el fiscal considera la posibilidad de que exista algo más que la prestación de unos meros servicios profesionales hacia la pareja de Ayuso.
En esta línea, el escrito proyecta que “el examen de los escritos presentados (…) evidencia que las alegaciones que hace no son las de un asesor contratado con ocasión de la inspección tributaria, sino la defensa ante la Inspección de las autoliquidaciones mendaces de Maxwell [la principal sociedad de González Amador] de los ejercicios 2020 y 2021 en cuya confección había tenido parte”.
Asimismo, hay que considerar que la responsabilidad penal de los asesores es “doctrina pacífica” del Tribunal Supremo, lo que de traduce en que no existe contradicción entre sus resoluciones sobre la posibilidad de que el economista pueda ser condenado como autor o cooperador necesario del fraude fiscal en el supuesto de que se demuestre su participación en éste, así como que el mero hecho de haber sido contratado por la persona que defraudo no trae consigo que no recaiga sobre él responsabilidad.
Así las cosas, en este caso concreto el fiscal alude a la manera en la que Gómez Fidalgo habría ayudado a González Amador a tratar de liberarse de la acusación de fraude fiscal con escritos “mendaces”. En ese sentido, el representante del Ministerio Fiscal pone “sin ánimo de exhaustividad y a título de mero ejemplo” dos respuestas que se intercambiaron uno de los protagonistas de estas línea y la Agencia Tributaria; y que llevan la firma del economista.
Acelerar la declaración
Antes de lo expuesto en estas líneas, la defensa del novio de Ayuso hizo alusión a sus intenciones de hablar cuanto antes en la pieza separada, una decisión que llegaba después de que la Audiencia Provincial de Madrid rechazara el último recurso presentado por el empresario para archivar la pieza separada que apela a dos nuevos presuntos delitos.
La acusación popular entiende que, detrás de la simulación subjetiva de ese negocio jurídico, puede haber una "administración desleal", según apunta el Abogado del Estado, o incluso un delito de corrupción de los negocios. Dice que podría tratarse de "una contraprestación que podría deberse a la adjudicación de los contratos que le fueron adjudicados a Maxwell y después a Masterman, o bien una contraprestación por la operación en la que Maxwell intermedió ya que, como resultado de esas actuaciones, la empresa de González Amador facturó a ambas empresas más de 2 millones de euros en 2020".
