El caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, daba un paso más esta semana después de que la Fiscalía de Madrid solicitara el pasado lunes a la jueza la imputación de Javier Luis Gómez Fidalgo al considerar que colaboró de manera esencial en los presuntos delitos de doble fraude fiscal y falsedad documental por los que se investiga al compañero sentimental de la lideresa regional.
Fidalgo fue la persona encargada de defender al empresario cuando se volvió mediático, pero el vínculo entre ambos escapa a la Comunidad de Madrid, encontrándose los lazos en la ciudad de León.
Conexión Madrid-León
El protagonista de estas líneas lidera una empresa de “compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia”, Babia Capital S.L, tal y como contó hace cerca de un año ElPlural.com. Lo llamativo es que esta compañía es la misma que adquirió el ático del que disfruta González Amador y en el que vive con Ayuso en pleno Chamberí. La propiedad, cabe recordar, la adquirió después de defraudar más de 350.000 euros a Hacienda.
La compañía se constituye en mayo de 2019, según la información a la que pudo acceder este periódico, con un capital de 6.000 euros, mientras que su importe neto de la cifra de negocios en los últimos años registrados fue de 271.291 euros al cierre de 2021 y de 91.107 en diciembre de 2022.
En lo que se refiere al ático, Babia lo obtuvo en fechas muy cercanas a las que Ayuso y su novio se mudaron, aunque la trama leonesa escapa a lo puramente mobiliario.
Economista de profesión, Fidalgo asesoró al novio de la ‘popular’ a pesar de no ejercer como abogado, función para la que la pareja de la política le designó en junio de 2022. Sin embargo, este periódico se introdujo en su entramado empresarial, descubriendo así que era administrador único de otras seis mercantiles: Multigestión Ases SL, Infuenvase SL, Gómez Barriada Inversiones SL, Cartera Alimentaria Leonesa SL, Gómez Fidalgo Asesores SL y General de Servicios Empresariales SL. Además, ha tenido responsabilidad en otras 22 compañías como apoderado, liquidador o consejero.
Se desconoce cuándo y cómo se conocieron el administrador único de Babia y Alberto González Amador, pero siguiendo los pasos del prolífico empresario leonés, bien podrían haber coincidido durante la época en la que Gómez Fidalgo aparece como administrador también único de Infusiones Susaron SL, con sede en Sevilla; sobre todo teniendo en cuenta que la pareja de la presidenta madrileña es originaria de la ciudad hispalense.
Sea como fuere, lo evidente es que el economista es -o al menos ha sido- un socio muy importante en la vida del compañero sentimental de la administradora de Sol, con operaciones especialmente vinculadas a las ciudades de León y Madrid, y que ha disfrutado de formas de todo tipo con objetos sociales muy dispares y atípicos, desde la consultoría -principal fuente de ingresos- hasta la compraventa de bienes inmobiliarios -como el caso Babia- pasando por la compra de té o la contabilidad o el comercio de artículos recreativos o culturales.
La Fiscalía de Madrid ha solicitado la comparecencia en calidad de testigo también de Blanca López Crespo, quien asesoró a Maxwell Cremona, que figuraba como persona jurídica con la que operó en el presunto fraude de la Agencia Tributaria. Pese a ello, el foco de la polémica se mueve ahora hacia la petición de imputar al economista leonés, algo que ha aumentado el cerco judicial contra González Amador en caso de que dicha solicitud saliera adelante.
Con ello, el pasado lunes el Ministerio Público consideraba que Gómez Fidalgo había resultado un cooperador clave del presunto doble fraude fiscal y falsedad documental cometido a Hacienda y que ya se encuentra en investigación judicial. Ante esta premisa, la Fiscalía sostiene que dispone de indicios de que el economista podría haber participado activamente en este proceso con el presunto fraude de 350.000 euros en los ejercicios de 2020 y 2021.
Con este último movimiento, se amplían los problemas sobre la pareja de Ayuso, ya que la Justicia podría hallar respuesta a partir de León a lo relativo a los presuntos delitos de doble fraude fiscal, falsedad documental, corrupción en los negocios y administración desleal.
Estos últimos presuntos delitos se explican ahora por la posible utilización de una sociedad con la que buscó ocultar ingresos. Esta última pieza separada se abrió para investigar los presuntos nuevos delitos con la “utilización de la sociedad instrumental o de pantalla a Masterman S.L mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona S.L -empresa de González Amador- y su cliente Quirón Prevención S.L". La resolución analizaba "si los hechos relacionados con la utilización de la sociedad interpuesta Materman SL para ocultar unos ingresos que debían haber sido declarados por Maxwell Cremona S.L. pueden ser constitutivos de otros delitos que deben ser investigados".
Bajo esa premisa y pese a que sobre los dos primeros presuntos delitos el novio de Ayuso llegó a retrasar su declaración ante el juzgado hasta en cuatro ocasiones, ahora busca adelantar esta cita para anular lo anterior. La pasada semana su defensa solicitó al Juzgado de Instrucción Nº19 de Madrid que su cliente pudiera declarar “tan pronto lo permita la agenda del juzgado”.
