La problemática del acceso a la vivienda ha estrechado el cerco sobre Madrid ante una cuestión de primer orden: el agravante de la proliferación de los pisos turísticos. Después de que el Ministerio de Consumo haya cifrado en más de 15.000 las viviendas estacionales que hay en la capital que no cuentan con la licencia pertinente, el alcalde José Luis Martínez-Almeida lo tachó de “deslealtad institucional”. Pero, ¿cuál es el telón de fondo que erige este nuevo choque entre el PP madrileño con el Gobierno central?
El Ministerio de Consumo, cartera en manos de Pablo Bustinduy, detectó 15.204 viviendas de uso turístico que operan de manera irregular en la ciudad de Madrid, lo que está agravando considerablemente la problemática ya vigente y acuciada de acceder a una vivienda asequible, así como la escalada exponencial de sus precios. Con este escenario, el Ministerio pidió al Ayuntamiento retirar los anuncios ilegales y abrir los consiguientes expedientes sancionadores. No obstante, el hecho de que este informe haya visto la luz, ha sido motivo por el que el mandatario de Cibeles ha acusado al Ejecutivo central de “filtración” a los medios de comunicación y “deslealtad institucional”.
Bajo este marco, las razones que aporta la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid despejan cualquier duda al respecto. “La normativa de la Comunidad de Madrid no exige la publicación del número de licencia en los anuncios de viviendas turísticas. Por lo tanto, el Ministerio de Consumo no tiene competencia para exigir su eliminación”, explica el delegado Francisco Martín en declaraciones a ElPlural.com. “Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid sí puede hacerlo, dado que estos anuncios afectan a viviendas que incumplen la normativa urbanística municipal”, añade. Cabe recordar que Almeida, este lunes dijo que frenar la comercialización en plataformas de estos inmuebles vacacionales "es una competencia del Gobierno de España".
La situación de la vivienda en España ya viene tensionada y compleja desde hace tiempo, más aún en ciudades capital como bien es Madrid. Pese a las herramientas estatales al alcance de la mano, el delegado del Gobierno en la región lamenta que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, “que tiene competencia en materia de vivienda, se ha negado a aplicar la Ley de Vivienda estatal, que permitiría mejorar su acceso”.
Una postura que adoptan tanto la Administración de Ayuso como la de Almeida y, que a ojos del delegado Martín, “demuestran un nulo interés en solucionar el problema de la vivienda”, situando así el objetivo del Gobierno de Pedro Sánchez en “facilitar la labor del Ayuntamiento en la aplicación de su propia normativa urbanística”.
Motivo por el cual, desde la delegación reiteran en declaraciones a este periódico, señalan que “acusar de deslealtad institucional para la administración municipal es un intento de desviar la atención sobre la verdadera cuestión: la falta de actuación del Ayuntamiento de Madrid frente a un problema que está expulsando a miles de madrileños de sus barrios”, ahondan.
Choque entre Cibeles y Moncloa por los pisos turísticos
El Ministerio de Consumo cifró este lunes en 16.335 los inmuebles vacaciones ofertados en Madrid a través de plataformas online como Airbnb y otras, de los que tan sólo 1.131 son legales y operan con su correspondiente licencia. Un montante que deja fuera de esta fórmula a 15.204 viviendas de uso turístico que operan fuera de la legalidad.
Un agravante de la situación que aumenta las dificultades para acceder a una vivienda de uso residencial y que, a su vez, expulsa a los vecinos de los barrios más gentrificados y habitualmente residenciales. Por ello, la cartera de Bustinduy instó al Consistorio de Cibeles a retirar estos anuncios de las plataformas y abrir expedientes sancionadores para erradicar la problemática, situando así como ejemplo las actuaciones acometidas por el Ayuntamiento de Barcelona, a cargo de Jaume Collboni; medida que ayudó a recuperar parte del parque de vivienda disponible para alquileres de media y larga duración.
Como réplica, Almeida tachó este pronunciamiento de parte del Gobierno central como de “deslealtad institucional” al no haberlo hecho en una reunión previa entre las partes, todo ello teniendo en cuenta que fue el Ayuntamiento el que aplazó la última solicitud de cita por ya tener ocupada su agenda y con la consiguiente petición de aplazar la fecha.
Un hecho que se suma a que hace justo un año, en marzo de 2024, ya el Ejecutivo municipal de Almeida conocía esta cuantía de pisos turísticos ilegales que operaban en la capital. “Hay un número muy elevado de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad, sin la obtención de licencia”, aseguró el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad de Cibeles, Borja Carabante, durante la Comisión permanente del pleno de urbanismo del Ayuntamiento, barajando así el baremo entre las 13.000 y 14.000 viviendas turísticas.
