La comunidad educativa empieza a ganar la batalla a Ayuso y la obliga a rebajar las multas de su ley de universidades

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, empieza a sucumbir a la presión estudiantil y rebaja las penas por atentar contra la libertad de expresión -que reflejaba el borrador de la ley de educación superior (LESUC) que prepara el Ejecutivo- de un millón de euros a 300.000.

Sin embargo, el texto mantiene multas de hasta 100.000 euros por participar en escraches o lo que la administración Sol califica como “falta de decoro institucional” por participar de manifestaciones sin autorización, sin tener en cuenta que es un derecho, el de la protesta, que aparece en la Constitución.

Lo que ha hecho la Comunidad de Madrid ha sido rebajar las infracciones consideradas como “muy graves”, de manera que dicha calificación ya no resulta tan vaga como en la versión del borrador del pasado mes de junio, que desató una auténtica tormenta en la comunidad educativa.

Por aquel entonces, se afirmaba que “no garantizar, por acción u omisión, la pluralidad y la libertad en el campus, especialmente la libertad de expresión, y de cátedra” podría acarrear una pena de hasta un millón de euros. También recogía que los estudiantes serían castigados por “no cumplir o permitir que se incumpla la Constitución, se vulneren o queden desprotegidos los derechos fundamentales y su pleno ejercicio por parte de las personas que se encuentran legítimamente en el campus universitario”.

El nuevo borrador, sin embargo, señala que se castigará con la cantidad mencionada por “impedir o dificultar, por acción u omisión, los procesos electorales regulados por ley en el campus universitario; así como permitir la celebración de referéndums legales”.

La Consejería defiende que estar “trabajando y escuchando a toda la comunidad educativa para elaborar una ley que concite el máximo consenso”. “El siguiente paso será someter el texto del anteproyecto al trámite de audiencia e información pública, previo a su aprobación en Consejo de Gobierno, y posterior envío a la Asamblea de Madrid para su discusión y eventual aprobación”.

La ley saldrá adelante porque el PP disfruta de mayoría absoluta en la Asamblea, pero no espera tener un camino tranquilo, ya que encontrará la respuesta de los seis rectores de la universidad pública y de un sector estudiantil cada vez más enfadad con el Ejecutivo ‘popular’, y es que, lejos de calmarse las aguas las últimas medidas que ha adoptado la presidenta regional no ha hecho sino empeorar el ambiente.

Con la masacre en Gaza como telón de fondo, en el último mes la presidenta madrileña prohibía las banderas palestinas o cualquier símbolo que mostrase el apoyo en las aulas hacia la población asediada por Israel, lo que supuso la gota que colmó el vaso.

Los sindicatos de estudiantes son muy claros y apuestan directamente por la paralización de la ley y dejan patente además que los conflictos estudiantiles sobre todo en según qué momentos son una quimera. Un ejemplo muy concreto de esto son los procesos electorales internos, que prácticamente se han desarrollado siempre con normalidad, siendo lo más parecido a altercados estudiantiles los que se produjeron en 2023, cuando un grupo de siete personas, entre los que se encontraba el presidente de Nuevas Generaciones del PP, Ignacio Dancausa, y cuatro asesores del Ayuntamiento de Madrid, fueron detenidos por la policía por portar sobres con la papeleta de quien sería después rector, Joaquín Goyache.

La ley… contra la propia ley

La ley que pretende sacar adelante la Comunidad choca frontalmente con la de convivencia que aprobó en 2022 el Gobierno central, así como contra la propia Constitución, ya que varios expertos coinciden en que va contra el artículo 27.10 de la Carta Magna, que asegura la autonomía universitaria.

Mientras asfixia a la universidad pública, Ayuso sigue retorciendo el relato justificando una normativa que una amplia mayoría de la comunidad educativa considera represiva, poniendo el foco en Barcelona o País Vasco y asegurando que en la capital se hace apología del independentismo catalán o de ETA en los centros educativos. Nada más lejos de la realidad.

En otro orden de cosas, destacar que en 2021 se aprobó la Ley de Convivencia Universitaria, que sustituía un régimen disciplinario de 1954, firmado por Francisco Franco y que incluía un régimen sancionador para estudiantes. En paralelo, en 1986 se aplica a los trabajadores de los campus. Esto quiere decir que existe un paraguas sancionador nacional por encima de lo que plantea ahora la presidenta.