El Partido Popular madrileño ha vetado la comisión de investigación sobre la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia de coronavirus -la cual fue una petición de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos al Gobierno regional- “al considerar que el objeto es la depuración de responsabilidades políticas propias de una legislatura anterior, habiéndose dirimido anteriormente esas responsabilidades en las últimas elecciones”, según ha podido saber ElPlural.com.

Asimismo, la formación de Isabel Díaz Ayuso la considera “reiterativa” ya que se presentó una similar previamente en la Asamblea regional, además de alegar “falta de competencia de la Comunidad de Madrid sobre las residencias en los meses que se señalan al estar sujeto a la declaración del Estado de Alarma” que impuso el Gobierno central por la crisis sanitaria.

Una vez más, el Ejecutivo popular ha vuelto a alegar falta de competencias cuando recriminaba que el departamento entonces ocupado por Pablo Iglesias en el Gobierno de Sánchez no actuase en los momentos más críticos y a pesar de que el Gobierno distribuyó multitud de ayudas económicas a las autonomías para hacer frente a la oleada de contagios y de que Ayuso, días atrás, reconoció haber tenido el "mando único" de estos centros sociosanitarios. "Fue mi Gobierno el que dio el paso para que en España se actuara de buena manera", defendió Ayuso tan solo hace una semana atrás ensalzando su papel al respecto.

Cabe recordar que Vox, representado por Rocío Monasterio en la Asamblea regional, ‘salvó’ al PP paralizando la investigación, proponiendo un debate con “madurez” por parte de los distintos grupos parlamentarios.

Ayuso pagó para derivar a la privada cuando había plazas en la pública

Otra de las polémicas que alimenta toda la gestión sobre las residencias de mayores en Madrid es que la presidenta regional pagó un total de 1.103.642 euros a 15 residencias privadas para derivar mayores cuando aún quedaba espacio en 25 centros públicos, con un total de 1.523 plazas, según pudo saber este medio.

Asimismo, la Comunidad de Madrid también disponía de más de 2.000 plazas en las residencias concertadas entre abril y junio de 2020, durante los peores meses de la primera ola del virus.

La investigación de la Fiscalía

Desde que los familiares fueron conscientes del trato de sus seres queridos en los centros de mayores, así como de los métodos que se llevaron a cabo para atender a los enfermos, la justicia no ha parado de recibir distintas diligencias de investigación que reclaman una investigación. Es por ello que el pasado 7 de octubre la Fiscalía General del Estado llamó a todas las fiscalías del territorio nacional a garantizar que todos los afectados sean escuchados y que sus declaraciones sean tomadas en cuenta en los distintos procedimientos que permanezcan abiertos.