Nace la Unión Ciudadana Por la Mejora de las Residencias (UCMR), una unión de varias organizaciones que reclaman más transparencia para usuarios de residencias de mayores y familiares, así como una mejora en la atención sanitaria y servicios.

En la rueda de prensa de presentación de esta iniciativa, Nandi Guitérrez, trabajadora en un centro y una de las representantes de esta nueva asociación, ha expresado que "las residencias son la Edad Media de la sanidad", en referencia a problemas como la "falta de personal" que obliga a que "tres personas tengan que ocuparse de otras 40, 50 o, a veces, hasta 60", lo que impide a los profesionales realizar bien su trabajo en este entorno. La precariedad en las instalaciones o la escasez de inspecciones son otros problemas.

Para la organización, la pandemia del Covid-19 ha revelado un sistema deficiente que ya existía. Ana Regueira, representante de UCRM, denuncia problemas de "coordinación y asistencia sanitaria" o discriminación a los usuarios a los que "se les deniega el acceso a recursos asistidos de la sanidad pública" cuando entran en las residencias. Según su experiencia, no existen los mismos protocolos, partes de lesiones ni el consentimiento informado que existe en el caso de un paciente que se encuentra en su domicilio, y se producen carencias estructurales que "derivan incluso en situaciones de insalubridad", así como "problemas de asistencia farmacéutica".

La UCRM reclama también la participación por ley y que exista un foro para ello en todas las residencias, además de otros grupos a nivel provincial o autonómico.

La pandemia y su incidencia en las residencias de la Comunidad de Madrid

El impacto de COVID-19 en los residentes de hogares de ancianos ha sido particularmente dañino en el área metropolitana de Madrid. Según cifras oficiales facilitadas por el Gobierno de Madrid y el Ministerio de Sanidad, en marzo y abril de 2020 se produjeron en Madrid al menos 9.470 muertes entre residentes de residencias de mayores, lo que supone un exceso de mortalidad del 53% respecto a la esperada.

Los factores estructurales que contribuyeron a estas sombrías estadísticas incluyen la escasez crónica de personal de enfermería, la falta de supervisión con respecto a la prestación de atención adecuada a los residentes, la ausencia de protocolos compartidos entre los hogares de ancianos y el sistema público de salud y la concentración de operadores privados con fines de lucro.

Como indicador de la prevalencia de la gestión privada de las residencias de ancianos en Madrid, a septiembre de 2020, las empresas privadas gestionan 46 122 camas (87,9 %) del total de 52.452 camas de larga estancia disponibles. Debido a que las empresas privadas tienden a priorizar las ganancias sobre otras métricas, como el bienestar de los residentes, el financiamiento y la provisión de servicios adecuados en comparación con las organizaciones sin fines de lucro a menudo sufren.

En este contexto, una serie de decisiones políticas pueden haber contribuido aún más al elevado número de muertes en los hogares de ancianos. Primero, la oficina de salud de Madrid emitió una serie de protocolos que instruían al personal de los hogares de ancianos a no derivar a los residentes con infección confirmada o sospechada de COVID-19 y discapacidad grave a hospitales públicos para recibir tratamiento. Según datos oficiales facilitados por el Gobierno regional, hasta finales de abril, 7.291 personas mayores (el 77% de los fallecidos) fallecieron en residencias de mayores sin ser trasladadas a un hospital.

En segundo lugar, apenas se implementó una contramedida vagamente recomendada de dotar de personal a los hogares de ancianos con médicos para brindar atención a los pacientes en el lugar. Como resultado, muchos residentes murieron con pocos o ningún cuidado paliativo.