La Fiscalía General del Estado ha dado la orden a todas las fiscalías de España de garantizar que todos los familiares de los muertos por Coronavirus en las residencias de ancianos sean escuchados y que su punto de vista y declaraciones sean tenidos en cuenta en todos los procedimientos penales puestos en marcha.

Así lo ha ordenado el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, mediante la firma de un oficio propuesto por el fiscal general, Álvaro García Ortiz, en el cual se da un plazo de un mes a todas las Fiscalías para que ofrezcan información sobre el número de diligencias de cada comunidad, así como de denuncias, querellas y procedimientos judiciales en proceso de trámite.

Desde el Ministerio Público se considera que "es preciso adquirir un conocimiento detallado y analizar con exhaustividad la situación actual y el devenir de los procedimientos penales puestos en marcha, en relación con los fallecimientos acaecidos en las residencias de la tercera edad como consecuencia de la enfermedad del Covid-19".

El oficio de Villafañe y García Ortiz está fechado a jueves 6 de octubre de 2022, menos de 24 horas después de que el vicepresidente y portavoz de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, dijera que la propuesta del grupo de Vox, que pretendía crear una comisión de investigación sobre la situación de las residencias de mayores durante la primera etapa de la pandemia por Covid-19, "solo tiene un interés electoral y va a causar un daño a esas familias que podrán volver a pensar si se podría haber evitado la muerte de sus familiares", y que dichas personas “ya habían superado” la muerte de sus allegados.

"Creo que eso las familias ya lo han superado y volver a esto por interés electoral no es procedente", añadió Ossorio, haciendo especial hincapié en que "se está mandando un mensaje falso a las familias porque estamos dando a entender que las muertes se podían haber evitado cuando no es así". Estas declaraciones fueron rechazadas de manera unánime entre la izquierda parlamentaria, que se coordinó al día siguiente para recibir al vicepresidente y portavoz con gritos de “dimisión”.

Escuchar a las familias como garantía

En el documento alzado por la Secretaria Técnica, se dan instrucciones a los fiscales superiores de las comunidades autónomas para que se garantice que todos los familiares de las víctimas sean escuchados en los procedimientos judiciales y de investigación, cuidando así su derecho a ser informadas y a tener en cuenta sus declaraciones de cara al desarrollo del proceso.

A su vez, la Fiscalía General ordena a los fiscales asistir en todo caso a la toma de declaración de los familiares y de las personas investigadas, así como a las declaraciones de los testigos que sean considerados importantes para cualquier eslabón de la cadena de investigación. Por otra parte, se solicita también a los Fiscales Superiores que vayan actualizando, con periodicidad trimestral, los datos relativos al número de diligencias de investigación en tramitación en todas las fiscalías de cada Comunidad Autónoma y el número de procedimientos judiciales que se encuentren en curso.