Ayuso impone la ley del silencio vetando preguntas sobre el aborto en la Mesa de la Asamblea

La Mesa de la Asamblea de Madrid, con mayoría del Partido Popular (PP), mantiene su línea habitual de censura, también con el aborto, tema que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha utilizado como arma arrojadiza especialmente en la última semana.

Previamente, el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, abría la puerta a informar a las mujeres que quisieran interrumpir su embarazo sobre el síndrome post-aborto, una supuesta patología que carece de base científica pero que Vox y las asociaciones ultraconservadoras y ultracatólicas utilizan para cargar contra este derecho de las mujeres; una cuestión que encontraba la respuesta de Moncloa, pidiendo a diferentes territorios un registro de objetores de conciencia.

En un primer momento, la administradora de Sol no concretaba qué respondería a la exigencia de Sánchez, pero en los últimos días ya ha confirmado que no creará lo que califica como “lista negra”, incumpliendo así con la Ley Orgánica 1/2023 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Antes de todo esto, la Mesa liderada por Enrique Ossorio, ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, evitaba responder a dos preguntas elevadas por la portavoz de Políticas Sociales del PSOE de Madrid (PSOE-M), Lorena Morales, sobre el aborto. La primera de ellas cuestionaba “qué medidas van a impulsar para combatir la desinformación médica respecto a la interrupción voluntaria del embarazo” y la segunda “qué valoración hace de la información obligatoria sobre el supuesto síndrome post-aborto a las mujeres en espacios públicos del Ayuntamiento de Madrid”.

La respuesta del parlamento de Madrid, otra vez haciendo apropio de su control absoluto, justificando “falta de cortesía” y de “control” por parte del Gobierno respectivamente. No obstante, desde la izquierda consideran que obedece con la enésima prohibición por parte de los ‘populares’, quienes utilizan también a su antojo, lamentan, la Cámara de Cuentas y la televisión pública autonómica, Telemadrid.

Ayuso abandera la batalla contra este derecho de las mujeres

La lideresa de los ‘populares’ se ha propuesta capitanear también la guerra contra este derecho fundamental para las mujeres en detrimento incluso de la línea de partido, no tanto por lo que se piensen en las filas del PP, sino porque a Alberto Núñez Feijóo se le ve bastante incómodo con un problema con el que ahora no contaba.

Pedro Sánchez lo sabe y en los últimos días se ha dirigido directamente al gallego después de que éste publicara una misiva en la que aclaraba su posición. “Isabel, Alberto tiene una carta para ti”, decía con ironía.

Previamente, el presidente del Gobierno contestaba también a su homóloga en la Puerta del Sol después de que ésta, en su rechazo a la lista de objetores de conciencia, dijera a la izquierda: “Váyanse a otro lado a abortar”.

“Esta es la libertad que prometía Ayuso. Volver a los viajes clandestinos a Londres. Al clasismo y al señalamiento. Volver 50 años atrás (…) No lo vamos a permitir. El Gobierno usará todos los instrumentos legales a su alcance para garantizar que los derechos y la dignidad de las mujeres se respeten, también en Madrid. Y, si hace falta, llegaremos hasta la Constitución y el Constitucional”, definía en su cuenta de X, antiguo Twitter.

Contradicciones de la presidenta

La realidad de Madrid, no solo en lo social, dista mucho del discurso de la política de los conservadores en este punto, y es que la formación contempla ya en la región una enumeración de personas que se oponen a practicar la eutanasia, pero es que además aprobó en el Consejo Interterritorial de Salud el pasado mes de diciembre un protocolo común para la creación de dichos registros a nivel autonómico que salió adelante por unanimidad.

En aquel momento, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, no puso ningún obstáculo en una votación que se saldó con unanimidad. Se trata de la misma persona que a cuando Sánchez envió la carta criticó la medida, pero se comprometió a cumplir con la normativa.

“Hay un juramento hipocrático, un código deontológico y un montón de legislación en la que tú no puedes obligar a nadie a quitar la vida”, apuntó. Pero apostilló: “Vamos a cumplir la ley, pero sin que toque un milímetro el derecho de uno de los profesionales sanitarios. Hay que respetar su decisión, tanto de hacerlo como de no hacerlo”.

La Ley Orgánica 1/2023 estima que “se creará un registro de objetores de conciencia del personal sanitario, garantizando la seguridad jurídica y el pleno respeto del derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo y el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario”.