El Partido Popular (PP) de la Comunidad de Madrid ha adjudicado la mayoría de la red pública de servicios sociales (residencias de mayores, centros de menores, etc) a una empresa histórica y “amiga” del partido, Sasegur S.L, por valor superior a los cinco millones de euros, tal y como muestra el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid (CAM).
La compañía la funda el que fuera edil de Navalcarnero, Baltasar Santos, que fue apartado del Ejecutivo de Esperanza Aguirre después de ocultarle que estaba imputado en varias causas; y Jesús Capote, exedil asimismo de la formación conservadora y que recibió adjudicaciones, en su caso con Cristina Cifuentes en la Puerta del Sol. Más tarde la compañía pasó al hijo de éste último, Pedro Capote, siendo con él como administrador de la empresa cuando la región le ha concedido la licitación que revela estas líneas.
Empresa vinculada históricamente al PP
Sin embargo, Sasegur lleva años y años obteniendo contratos de diferentes consejerías del equipo popular. Para comprobarlo, basta con echar un vistazo rápido al Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid, donde aparecen acuerdos por valor de 6.645.426,64 euros, en su caso por parte de la Consejería de Presidencia y Justicia.
Pero es que esta firma de Seguridad no solo ha resultado beneficiaria por parte del gobierno -actualmente- de Isabel Díaz Ayuso, sino que también el Ayuntamiento de Madrid, ha hecho lo propio.
Sobre el consistorio, cabe recordar que en 2023 el equipo de Cibeles había concedido 14 millones de euros en contratos a la firma de Capote. A estas alturas del artículo, se trata de algo que podría no sorprender tanto al lector, pero en aquel momento el empresario ocupó el centro de la polémica en la ciudad después de que en un restaurante de su propiedad -también contempla una franquicia de restauración- dos personas murieran a causa de un incendio.
"Van sobrados"
Lorena Morales, portavoz de Políticas Sociales del PSOE de Madrid (PSOE-M) denuncia en declaraciones a ElPlural.com no solamente el trato que desde antaño recibe Sasegur, sino también las formas en las que responde la derecha cuando se les critica.
Así las cosas, ya el pasado lunes, durante la Comisión de Familias y Asuntos Sociales, la diputada socialista afeó este asunto al PP, una intervención que rememora en conversaciones con este periódico. “Les faltó reírse. Es increíble lo poco que les importa. Van tan sobrados (…) Se creen que es su cortijo personal para sus negocios”, subraya Morales, que califica de “redondo” el negocio.
En lo que se refiere al actual pliego, fue incluso impugnado por el sindicato de seguridad dado que los precios estaban por debajo de los de mercado. En este sentido, si bien el caso que concierne a estas líneas no se corresponde con un contrato a dedo, sí que obedece a un modus operandi igualmente habitual. “Es una licitación, pero cuando la región saca licitaciones de este tipo, sabes con qué tipo de empresas vas a contar”, detalla la diputada.
La otra compañía beneficiada, multada
La otra empresa que ha obtenido parte de este contrato es la compañía Alcor que, pese a recibir una multa de 1.126 euros por parte de la propia autonomía, se ha hecho también con otros servicios. En concreto, tal y como publica la Cadena Ser, el castigo fue por dejar sin vigilancia los centros de menores de Vallehermoso y Vista Alegre durante más de 94 horas; o lo que es lo mismo: cuatro días.
Morales indaga en este tema en tanto en cuanto este “amiguismo” es especialmente perjudicial en temas como la seguridad en centros de mayores o de menores. “No puedes tratar de determinada manera a las personas que entran en un centro de menores, y no digamos a personas de la tercera edad, muchas de las cuales tienen problemas cognitivos”, destaca la portavoz socialista.
El modus operandi del PP de la Comunidad de Madrid con la Seguridad es un habitual. Prueba de ello es que la empresa familiar de Silvia Cruz, exconcejala del PP en Alcorcón, Ariete Seguridad, logró varios contratos para vigilar, por ejemplo, el hospital Isabel Zendal, proyecto faraónico de la presidenta madrileña durante la pandemia del Covid.
La portavoz de Políticas Sociales del PSOE en la Asamblea de Madrid lamenta que Madrid disponga de la red pública de servicios sociales más pequeña de España y “lo poco que es completamente público” lo van privatizando “poco a poco”: la alimentación, la seguridad etc. “Salvo profesiones como educadores, auxiliares, etc, lo están vendiendo todo al peor postor, y encima amigos”, concluye.
