Discrepar con la gestión de la Comunidad de Madrid o con los postulados políticos de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, convierte inmediatamente al que protesta en un peligroso chavista cuya única pretensión es atacar a su omnipresente persona. Ocurrió con la marea sanitaria, que reclamaba mejoras laborales y una mayor dotación para la atención primaria, y está sucediendo ahora con los bomberos forestales, que llevan desde febrero advirtiendo de la escasez de recursos para prevención y el combate de incendios y reclamando una regularización de sus puestos y una subida de sus salarios, prácticamente congelados desde 2012.
Los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid llevan sufriendo la precariedad laboral desde que, en 1997, Alberto Ruiz-Gallardón privatizó el servicio, el cual Ayuso rehusó de recuperar cuando tuvo oportunidad, en 2021, y entregó a TRAGSA, controlada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El último convenio del que disponen estos servidores públicos es de 2008 (caducado cuatro años después) y ni siquiera tienen reconocida su categoría laboral, pese a existir una ley que así lo mandata desde noviembre de 2024.
Para solventar esta situación, los propios bomberos forestales llevan reclamando desde febrero reunirse con la Administración, como relataron a ElPlural.com por aquel entonces, y protagonizaron varias protestas en los meses consecutivos frente a la sede de TRAGSA y la Consejería de Medio Ambiente, con una participación del 90% de la plantilla. No obstante, no fue hasta hace una semana que el Gobierno de Ayuso se abrió a mantener una mera reunión informativa, de la que se excluyó al comité de empresa, sobre los pliegos del próximo curso, coincidiendo con el inicio de la huelga de un mes convocada.
Salarios congelados desde hace más de una década y que apenas superan los 1.200 euros netos, según las nóminas que ha podido consultar este periódico; categoría profesional no reconocida, aunque la ley 5/2024 obliga a ello; incremento impuesto de la jornada laboral de las 35 a las 37,5 horas, no respetando un derecho adquirido; casi la mitad de la plantilla (47%) únicamente contratada en verano, ignorando las labores necesarias de prevención o las excepcionalidades y la estabilidad laboral y económica de los trabajadores.
Todo ello, sumado a la falta de un plan de evaluación de riesgos laborales específico para la exposición a agentes cancerígenos, a pesar de que están constantemente expuestos a humos y sustancias tóxicas durante las labores de extinción de incendios y prevención, es lo que sufren los bomberos forestales desde hace muchos años y que las diferentes administraciones del Partido Popular (PP), consecutivas desde el 1995, no han querido abordar. Sin embargo, para Ayuso hay detrás un plan para atacar a su persona.
Ataque y chantaje emocional
“Es una huelga sin sentido”, ha atacado directamente la presidenta de la Comunidad de Madrid al derecho de los trabajadores a luchar por sus derechos. Por si fuera poco, también ha decidido tirar de una especie de chantaje emocional, aludiendo a la ola de incendios que se están produciendo en las provincias colindantes de Madrid y en la propia Comunidad y de los que los bomberos forestales ya advirtieron a comienzos de año para llamar a una inversión en prevención que no se produjo.
“Precisamente y en estos momentos, solo en Madrid. En estos momentos donde la vida y el patrimonio natural están comprometidos, en peor momento del verano y de los más difíciles”, ha pretendido culpar a los profesionales, deslizando que detrás se esconden otras motivaciones. “Chorradas”, trasladan trabajadores afectados a ElPlural.com, quienes a su vez recuerdan que “este conflicto no es solo de este año, sino que empezó hace tiempo”. “Llevamos protestando desde hace meses, pidiendo reuniones con la Comunidad de Madrid sin respuesta”, ahonda Javier Villanueva, bombero forestal y miembro del comité de empresa.
“Lo único que hay detrás de todo esto son trabajadores precarios que piden unas mejoras laborales tanto a la Comunidad”, a la que achacan la temporalidad, categoría profesional y mejora de centros de trabajo, “como a TRAGSA”, responsable de la renovación del convenio colectivo. “Cada uno tiene sus competencias en la problemática”, añade. No obstante, no se muestra sorprendido por la reacción de Ayuso, que ha preferido señalar a los trabajadores precarios como culpables en vez de negociar sus reclamaciones.
“Toda protesta de los trabajadores es criminalizada y desprestigiada desde los gobiernos del PP y la patronal. No es nuevo”, lamenta Villanueva. “Pasó con los mineros, el metal de Cádiz u otros bomberos forestales, como en Valencia en su momento”, ejemplifica el proceder del poder. No obstante, asegura que no frenarán su reivindicación, pese a que todavía “no ha habido ningún avance, sobre todo en lo referido a TRAGSA”, denuncia, a este medio. “En cuanto a temas económicos, nada”, apunta, aunque celebra que parecen haber conseguido un compromiso de regularización y estabilización de las plantillas y, sobre todo, el apoyo social que están recibiendo.
