Los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid no soportan más la situación de precariedad y maltrato laboral por la que naufragan desde que el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón privatizó el servicio en 1997. Huelgas y protestas consiguieron que el servicio volviese a ser público en 2021, pero el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso rehusó de gestionar directamente el servicio y le otorgó el encargo a TRAGSA, controlada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Nada ha cambiado y los trabajadores del servicio esencial denuncian que están “expuestos y machacados por cuatro perras”.
La importancia de los bomberos forestales y el hecho de que estén directamente integrados en el servicio público parecen causas más que suficientes para que sus condiciones estén reguladas; sin embargo, los trabajadores de la Comunidad de Madrid cuentan con un convenio que se firmó en 2008 y caducó en 2012. La no renovación del acuerdo laboral ha acarreado que los salarios estén congelados o no se contemple de forma correcta la peligrosidad del trabajo.
Trabajamos más tiempo, por el mismo dinero desde 2012 y sin actualización salarial conforme al IPC
“Como no hemos tenido apenas actualizaciones salariales, el sueldo sigue siendo prácticamente el mismo desde 2012”, lo que calculan que haya derivado en una pérdida del poder adquisitivo desde entonces de un 24% “y siendo generosos”, denuncia Javier Villanueva, bombero forestal y miembro del comité de empresa, a ElPlural. Por ello reclaman un nuevo convenio de actividad. “Desde el minuto uno se intentó negociar con TRAGSA y en estos cuatro años se han negado y siguen negándose a negociar sin dar motivaciones”, traslada.
La administración de Ayuso se lava las manos en esta materia y aunque los bomberos garantizan que podrían presionar para la consecución de un convenio digno, trasladan que se niegan a reunirse con ellos alegando que “no tienen una relación contractual”. Sin embargo, a la precariedad laboral hay que sumarle que lo bomberos forestales madrileños no han sido encuadrados en la ley que regula su desempeño y en esto si tiene responsabilidad. La administración “ha mantenido bloqueado” su reconocimiento como profesionales especializados en la extinción de incendios y en la intervención de otras emergencias climáticas, alguna tan reciente como la DANA de Valencia.
“La plantilla no tiene reconocida la categoría profesional y no nos reconocen que somos Bomberos Forestales”, lamenta Villanueva, que asegura no se les está aplicando la Ley 5/2024, lo que propicia que trabajadores con 64 o más años tengan estar en primera línea de fuego al no reconocer una segunda actividad o los coeficientes reductores de la edad de jubilación. “Es inaceptable que en la Comunidad de Madrid siga sin abordar la negociación de un convenio que dignifique las condiciones laborales de estos profesionales y desarrolle la norma como estipula la legislación”, denuncian los bomberos.
Una ley que “supone un paso adelante”, pero se queda “en papel mojado” si no se despliega en las autonomías. En el caso de Madrid, por si fuera poco, con la llegada de TRAGSA de la mano de Ayuso tampoco se ha respetado un derecho adquirido con anterioridad, como es la jornada laboral semanal, que estaba situada en las 35 horas. “Era un logro conseguido hace mucho tiempo y nos impuso 37,5 horas. Es decir, estamos trabajando más tiempo, por el mismo dinero que desde 2012 y encima ni nos actualizan el sueldo conforme al IPC”.
Elevada temporalidad y riesgos laborales
Otras de las situaciones que denuncian los bomberos forestales es la elevada temporalidad de la plantilla, aspecto directamente dependiente de la Comunidad de Madrid, quien decide cuántos trabajadores se desempeñan en cada momento. Casi la mitad de la plantilla, el 47%, solo son contratados durante los cuatro meses de verano, la época de mayor riesgo de incendios forestales. Esto merma la plantilla durante el resto del año para labores de prevención o emergencias como al Filomena de hace años y, sobre todo, lastra la estabilidad laboral y económica de los trabajadores.
Otro de los aspectos que más preocupa a la plantilla es la ausencia de un plan de evaluación de riesgos laborales específico para la exposición a agentes cancerígenos, a pesar de que están constantemente expuestos a humos y sustancias tóxicas durante las labores de extinción de incendios y prevención. Una falta de protección que aseguran que “pone en grave riesgo la salud de los trabajadores y evidencia el desinterés de TRAGSA y la administración por garantizar condiciones laborales seguras”, lo que contraviene el Real Decreto 612/2024.
La situación es dramática en casi todos los aspectos para estos trabajadores que allí donde se les requiere y donde nadie querría estar en determinadas situaciones están. Sin embargo, y como pasase con los sanitarios y otros profesionales, una vez superada la urgencia no se les reconocen sus derechos y se los pasan como una pelota entre una institución y otra. “Nosotros somos trabajadores del servicio de la Comunidad de Madrid, aunque nos tengan en un encargo (TRAGSA)”, zanja Villanueva con orgullo, defendiendo su labor y reclamando unas condiciones dignas para seguir protegiendo a toda la ciudadanía.
Movilizaciones “inmediatas” y reivindicaciones
Lo conseguirán a través del diálogo y la negociación o tras una serie de movilizaciones y acciones “inmediatas” que obliguen a la Comunidad de Madrid y TRAGSA a escucharles. Por el momento, trasladan cinco exigencias:
- La negociación urgente de un convenio colectivo que garantice sus derechos y mejore sus condiciones de trabajo.
- La reducción de la temporalidad y la creación de empleos estables durante todo el año.
- La implementación de un plan de evaluación de riesgos laborales que incluya la protección frente a agentes cancerígenos.
- El desbloqueo del encuadramiento profesional y el reconocimiento de su labor especializada.
- La aplicación efectiva de la reciente Ley 5/2024 básica de Bomberos Forestales, de 8 de noviembre.
