Antonio Carrasco, uno de los altos cargos más longevos en los gobiernos del PP madrileño, vuelve a estar en el centro de la polémica. Más Madrid ha anunciado una denuncia ante el Consejo de Transparencia —y, si no hay respuesta, también ante la Fiscalía— por la actuación de Carrasco y de su socio, Ramiro Salamanca, en el llamado “caso Aqualex”. Ambos fundaron una empresa privada mientras ejercían cargos directivos en la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, y ofrecían asesoría a empresas para optar a contratos públicos.
El escándalo, lejos de ser un caso aislado, arroja luz sobre la trayectoria de Carrasco, marcada por su presencia en múltiples núcleos de poder institucional, incluida Avalmadrid, donde participó como vocal cuando la sociedad avaló con 400.000 euros —que nunca fueron devueltos— a la empresa de los padres de Isabel Díaz Ayuso. La operación, que nunca fue devuelta, se convirtió en uno de los episodios más polémicos que salpicaron a la actual presidenta regional. Aunque Carrasco aseguró no recordar detalles del expediente, su presencia en el órgano de decisión refuerza las sospechas de connivencia institucional en una operación marcada por la opacidad y la falta de seguimiento.
La vinculación de Carrasco con Avalmadrid no fue circunstancial. Además de ocupar un asiento como vocal, formaba parte de la comisión de riesgos, encargada de evaluar los expedientes sensibles. La investigación parlamentaria de ese préstamo concluyó que se omitieron informes clave y que los avalistas no cumplían los requisitos financieros. Pese a ello, la operación salió adelante y nunca fue reclamada. Este episodio marcó un punto de inflexión en el escrutinio sobre Carrasco, cuya trayectoria se ha movido siempre en las altas esferas del poder autonómico
Del corazón de Hacienda a las puertas de los escándalos
La carrera de Antonio Carrasco es un recorrido por las salas de mando de la Comunidad de Madrid. En la primera mitad de la década de 2010, fue interventor general de la Comunidad, uno de los puestos de mayor control presupuestario. Desde ahí supervisaba las cuentas regionales en los años más convulsos del PP madrileño, cuando los casos Gürtel, Púnica y Lezo comenzaban a entrelazarse con las tramas de financiación irregular del partido. Después, accedió a otro puesto de peso: secretario general de la Consejería de Hacienda, una de las carteras más influyentes en el diseño del gasto público autonómico.
Durante más de una década, su nombre ha estado ligado a gobiernos del PP en la Comunidad. Técnicamente funcionario, en la práctica Carrasco ha operado como engranaje esencial en la maquinaria de gestión del poder. Su perfil, reservado y blindado por el aparato, apenas trascendió a la opinión pública hasta que en marzo de 2025 saltó el escándalo que lo derribaría: el caso Aqualex.
Aqualex: la doble vida de un alto cargo
En plena polémica por la transparencia en los contratos públicos, se supo que Carrasco copropietaba una empresa de consultoría privada, Aqualex Boutique SL, al tiempo que ejercía como subdirector general y responsable de contratación de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid. Aqualex ofrecía asesoramiento a empresas para concurrir en concursos públicos del propio Gobierno madrileño. Es decir, una empresa montada por quienes definían las reglas y adjudicaciones del sector público ayudaba a terceros a ganarlos.
La web de Aqualex, hoy desaparecida, presumía del conocimiento interno de sus fundadores y de su capacidad para acompañar a empresarios en la licitación de contratos. Lo hacía, además, sin disimulo, mostrando sus credenciales institucionales. Solo tras la publicación de estos datos, la Consejería de Transformación Digital cesó a Carrasco “por incompatibilidad”, aunque el Gobierno de Ayuso llevaba más de un año al tanto de su participación en la firma.
