El Ayuntamiento de Madrid ha presentado esta semana un plan para comprar viviendas a particulares y destinarlas a alquiler asequible, una iniciativa “pionera” según el gobierno de Cibeles que, sin embargo, ya puso en marcha Manuela Carmena durante su mandato. Aunque existe alguna diferencia entre las dos propuestas -acote más bien-, la mayoría de líneas rojas son muy similares, sino calcadas.
El plan de Almeida
La iniciativa que llega desde la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) persigue la adquisición de hogares ubicados en cualquier distrito de la capital a precios de mercado, aunque en la práctica lo que oferta el Consistorio se encuentra muy por debajo de éste.
El importe destinado a ello es de seis millones de euros, según explicó el delegado del Área de Políticas de Vivienda, Álvaro González, y de diez según registran los pliegos. En cualquier caso, se trata de una cantidad claramente escasa si se tiene en cuenta que hacerse con un piso en la ciudad es poco menos que prohibitivo.
Así lo plasma en declaraciones a ElPlural.com el responsable del área de Urbanismo del PSOE en la ciudad, que tacha de “ridículo” el presupuesto planteado y vaticina -quizá con un toque de sorna, aunque no por ello deja de reflejar la realidad- que con él “no se van a conceder más de 20 casas” cuando en Madrid existen más de 40.000 personas demandantes de vivienda y 3,5 millones de habitantes.
“Es el precio que tendría Donostia para comprar 20 o 30 viviendas (…) Aquí tendríamos que estar hablando de un presupuesto con el que fuéramos capaces de adquirir 800, o incluso 1000 o 1500”, ratifica destacando que en el último año la EMVS ha comprado únicamente 13 pisos a particulares.
Es decir, que, por lo pronto, la medida “pionera” tal y como la plantean los populares -hay que destacar que no solo en Madrid ya se había planteado antes, sino que otras administraciones alrededor del país también la han llevado a cabo- tiene dos fallos clamorosos si lo que se quiere es paliar realmente el principal problema de la capital: que el precio de que oferta el Ayuntamiento está muy por debajo del de mercado y que con el presupuesto total se conseguiría satisfacer a un porcentaje ínfimo de ciudadanos.
A ello hay que añadirle otro obstáculo, y es que cuando se pretende comprar lo máximo posible con muy poco dinero, el producto final no suele ser de la calidad esperada. En la presente ocasión se traduce en que puede que la mayoría de los hogares que se adquieran se encuentren en barrios donde el precio del metro cuadrado es más bajo y, en definitiva, la zona “peor”, entendiendo como tal que ésta no esté lo suficientemente dotada de servicios públicos o que el acceso al transporte sea menor, por ejemplo.
A partir de aquí, las condiciones que pone el Ayuntamiento para comprar un inmueble destinado después a su venta pasan porque se encuentra ubicado en la capital, esté vacío, en buen estado de conservación y tenga, al menos, un dormitorio. Asimismo, deberá estar localizado sobre rasante y en el supuesto de que la vivienda no disponga de ascensor tendrá que tener hasta una cuarta altura. Entretanto, la EMVS “comprará tanto viviendas de segunda mano como de nueva construcción, siempre y cuando no sean unifamiliares”.
Asimismo, los pisos deben ser exteriores, haber pasado la inspección técnica, cumplir con las condiciones mínimas previstas en el Plan General de Ordenación Urbana y tener al día las cuotas de la comunidad y dados de alta los suministros de luz, agua y gas.
Propuesta de Carmena
En el año 2016 Manuela Carmena ya perfilaba un programa en la misma línea, con puntos muy similares e incluso prácticamente iguales, aunque centrado en un principio en los barrios más humildes.
El Consistorio que entonces lideraba la izquierda anunció la regulación de la compra de 150 viviendas a particulares destinadas a alquiler social y entre los requisitos de aquella ocasión se encontraban que los inmuebles deberían contar con más de 50 metros cuadrados si son de dos dormitorios y con más de 70 si disponen de tres.
Asimismo, los propietarios no podían arrastrar ningún tipo de deuda y en aquella ocasión la prioridad eran los barrios situados en las afueras del centro como Vallecas, Villaverde, Carabanchel, Arganzuela o San Blas. De manera excepcional, el Consistorio podía adquirir algún piso en otra zona y que disfrutara de más de tres dormitorios, en su caso de más de 80 metros cuadrados.
Aunque un propietario cumpliera con estos pliegos, había otros a los que atender que de no cumplimentarse, no posibilitaba la venta del piso. Por ejemplo, que las casas fueran unifamiliares, o apartamentos con dormitorios sin ventanas, o terceros o superiores en bloques sin ascensor.
La tasación de las viviendas se llevó a cabo por partida doble y a partir del criterio de la EMVS y de una entidad tasadora independiente para dar con un precio medio; aunque el Ayuntamiento establecía un valor máximo por precio cuadrado y distrito. Asimismo, si hacía falta reformar algo de la casa, el coste sería rebajado, según fuentes municipales del momento.
Algunas de las condiciones se limaron pasados los meses después de que solo seis propietarios mostraran interés en un principio para vender. Entre estas; desapareció la exigencia de la tasación previa o se eliminó la limitación de compra a pisos que superaran la cuarta planta. También se redujo el importe económico de los arreglos necesarios.
El equipo de Carmena presentó la medida como necesaria dado el altísimo nivel de demandantes de vivienda en la ciudad y ante la falta de patrimonio público para hacer frente a una situación catapultada por el PP, que fue quien vendió 1.860 unidades al fondo de inversión Blackstone.
