Daniela es madre de dos niñas menores de edad y hace menos fue víctima de un desahucio acometido por la Sareb, el banco malo controlado por el Gobierno de España. Expulsada de su hogar, la familia fue trasladada a un recurso municipal sin saber que el calvario no había terminado en las viviendas prefabricadas que lo componen. Daniela y sus dos hijas volverán a ser desalojadas este jueves 10 de abril, en este caso por el Ayuntamiento de Madrid de José Luis Martínez-Almeida, y se verán en la calle sin alternativa.
El albergue de Las Caracolas, un recurso público dependiente del Ayuntamiento de Madrid y ubicado en el barrio de Vallecas, podría ser un espacio de protección de familias vulnerables que lo han perdido todo. Podría servir como red de seguridad para personas que “carezcan de recursos propios para acceder y mantener un alojamiento”, como el propio Consistorio define en su página web. Pero funciona como un lugar al que acuden familias desahuciadas que vuelven a ser desalojadas poco tiempo después, reeditando el trauma y siendo arrojadas a la calle sin alternativa.
El Ayuntamiento alude que el recurso es temporal y los servicios municipales han advertido a la familia, con menos de una semana de antelación, de que deben de abandonarlo. Daniela podría resistir, tiene a las organizaciones del barrio de su lado, pero ya le han advertido que “si no se van llamarán a la policía para echarlas a la calle”. La cruel denuncia llega de la mano de PAH Vallekas, que se coloca al lado de la madre y sus dos hijas, frente al Consistorio que quiere dejarlas en la calle.
Nada nuevo en Las Caracolas, donde en los últimos meses se han producido “más de 200 desahucios de personas vulnerables”, según relatan desde la plataforma barrial que defiende el derecho a la vivienda. “Las personas atendidas por emergencias son expulsadas al mes de llegar allí”, lamentan, “expulsadas de un centro con normativa carcelaria destinado al confinamiento de familias pobres”. Desde PAH Vallekas ahondan más en la situación de las personas que se ven abocadas a vivir allí bajo unas condiciones de casi privación de libertad.
“Se les está tratando de manera infrahumana, se les retira comida que traen de fuera y que compran con el poco dinero que tienen y si, se da el caso de que pueden meterla, se les niega poder cocinarla”, exponen. Además, “se les retira la posibilidad de ver a familiares o hacer salidas muchas veces e, incluso, si les ven con plataformas o sindicatos de vivienda como el nuestro se les retira el material informativo y se les imponen sanciones internas”, descomponen una serie de actuaciones que podrían ser constitutivas de delito.
Sin alternativa
Barracones prefabricados que, aún así, son “la única alternativa con techo para Daniela y su familia”. Por ello, desde el colectivo exigen a Almeida que “pare este y todos los desahucios de Las Caracolas”. Simultáneamente, señalan al banco malo como “responsable del primer lanzamiento” y le otorgan la responsabilidad de “realojar inmediatamente a esta familia”. Las administraciones públicas no solo han dejado tirada a Daniela y sus hijas, sino que están funcionando como verdugos al desahuciarla sin ninguna alternativa habitacional, pese a la evidente situación de vulnerabilidad que atraviesa.
Apenas han transcurrido unos días desde que miles de personas llenaron las calles de la capital en defensa del derecho a la vivienda y este jueves desalojarán a dos niñas del lugar donde las llevaron después de desahuciarlas. “No deja de ser paradójico que las administraciones encargadas por ley de garantizar el derecho a una vivienda digna sean las que desahucian. La Sareb del Gobierno progresista, la Agencia de la Vivienda Social de Ayuso y Las Caracolas o la Empresa Municipal de la Vivienda de Almeida así lo demuestran”, sentencian desde PAH Vallekas.
El Ayuntamiento explica el desalojo
Tras la publicación de esta información, el Ayuntamiento de Madrid se ha puesto en contacto con este periódico y ha dado su versión sobre lo ocurrido.
“La situación actual de esta familia parte de un desahucio por parte de la SAREB (Gobierno de España), que no tuvo ningún reparo en echar a las menores. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Madrid dio una respuesta inmediata a la familia, garantizándole alojamiento y atención social en el Centro de Emergencia Temporal Las Caracolas. Un apoyo que se ha mantenido durante un mes”, exponen fuentes del consistorio.
En el mismo sentido, han añadido: “Sin embargo, en este tiempo el padre ha sido expulsado por incumplir las normas del centro y la madre ha rechazado sistemáticamente participar en cursos de inserción laboral que permitan mejorar su empleabilidad y recuperar su autonomía económica. Es pasiva a la intervención social que desde el centro se ha intentado realizar con ella y que es requisito indispensable para la permanencia en el recurso. No obstante, por la situación de las menores, el Ayuntamiento trabaja en otras alternativas de atención a la familia dentro del ámbito de las competencias municipales en la emergencia social”.
