Explicaciones para la censura. Esto es lo que precisamente ha pedido la Abogacía General de la Comunidad de Madrid al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ante su intento de acabar con -aseguran desde la Administración regional- la "carga ideológica" impuesta por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Los abogados públicos de Madrid han exigido argumentos a la Consejería de Educación para eliminar esos conceptos ya que, según reconoció la propia lideresa, "no se ha detectado nada relevante" en cuanto al presunto adoctrinamiento.

Con todo, el Ejecutivo autonómico ha anunciado la pasada semana la publicación de los decretos para los currículos de Secundaria y de Bachillerato con sendas modificaciones para retirar los conceptos "ideológicos" que achacan a la LOMLOE de Sánchez. "Se reducen y sustituyen, como ya ha adelantado en muchas ocasiones el vicepresidente y consejero de Educación, por sinónimos, conceptos repletos de carga ideológica", insistió el pasado miércoles en rueda de prensa el consejero de Presidencia, Enrique López, que sustituyó a Enrique Ossorio.

Sin embargo, para la Abogacía estos cambios no están justificados, tal y como ya afirmaron en un informe elaborado a petición de Educación sobre estos decretos. Así, en el caso de Bachillerato han detectado cerca de 35 alteraciones u omisiones de la norma estatal que tienen que ver con perspectiva de género, la no discriminación, la participación social, la sostenibilidad o la identificación de conductas racistas, xenófobas o LGTBIfóbicas. No figura, en cambio, que hayan eliminado del currículo el concepto "ecofeminismo resiliente", término al que siempre se refieren los consejeros y la propia Ayuso para demostrar la "carga ideológica" de la "izquierda radical".

 Así, en el informe publicado en el Portal de Transparencia de la Comunidad se recoge la reclamación que se realiza desde los abogados públicos a la Consejería para que justifique estos cambios en los temarios y avisan de las consecuencias. "En otro caso, no ajustarse al tenor de la norma básica implicaría que nos encontrásemos ante consideraciones de carácter esencial", indican en el texto, dejando la puerta abierta a un posible recurso ante la Justicia al no cumplir la ley básica.

Cambios en todas las asignaturas

Si atendemos al requerimiento de la Abogacía General, la Administración liderada por Ayuso habría acometido cambios en prácticamente todas las asignaturas en una suerte de guerra abierta contra el "adoctrinamiento de la izquierda", y más concretamente de Sánchez. Estas son algunas de las transformaciones que se recogen en los decretos aprobados por el Consejo de Gobierno madrileño:

En Biología y Geología, la Lomloe recoge que uno de los objetivos de estas materias es enseñar en "cooperar y colaborar en las distintas fases de un proyecto científico para trabajar con mayor eficiencia, valorando la importancia de la cooperación en la investigación, respetando la diversidad y la igualdad de género, y favoreciendo la inclusión". Sin embargo, Educación ha borrado todo lo relativo a la diversidad, la igualdad de género y la inclusión.

En Digitalización, el texto de Ayuso elimina la referencia a la importancia de respetar "los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso posibilitando su aprendizaje permanente" así como todo el apartado sobre 'Activismo en línea: plataformas de iniciativa ciudadana, cibervoluntariado y comunidades de hardware y software libres'.

También hay censura en Educación física. Los abogados apuntan que Madrid quería suprimir el apartado 'Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en situaciones motrices (comportamientos violentos, discriminación por cuestiones de género, competencia motriz, actitudes xenófobas racistas, LGTBIfóbicas o sexistas). Asertividad y autocuidado'.

Asimismo, los servicios jurídicos ven lagunas en los contenidos de Educación plástica, por lo que reclaman que "debe completarse" con competencias en "un manejo correcto de las diferentes herramientas y técnicas de expresión, que debe partir de una intencionalidad previa a la realización de la producción, ayuda en el desarrollo de la autorreflexión y la autoconfianza, aspectos muy importantes en la competencia que parte de una producción inicial, por tanto, intuitiva y que prioriza la expresividad".

En otras asignaturas también se han omitido conceptos reseñables. En lengua extranjera, la Consejería ha eliminado "la comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos", así como los "valores ecosociales", mientras en Tecnología se han suprimido las "comunidades abiertas, voluntariado tecnológico y proyectos de servicio a la comunidad" en las materias indicadas para cuarto de la ESO.

Un decreto "favorable"

Con todo, Abogacía aboga por llegar a un acuerdo con el órgano regulador de Educación. "Al margen de lo indicado, la apreciación de cualquier posible ajuste o desajuste es una cuestión técnica, que excede lo estrictamente jurídico, por lo que hubiera sido muy conveniente que hubiera mediado un pronunciamiento del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, en su condición de órgano superior de consulta en la programación de la Enseñanza", afirman en dicho texto, en el que insisten en que "no contiene pronunciamiento expreso sobre tal extremo".

Este informe también recoge la versión de Educación, que argumenta que "en la distribución y complementación de contenidos se han tenido en cuenta tanto la coherencia vertical de los mismos, es decir, su relación secuencial dentro de la misma disciplina, como la coherencia horizontal, es decir, su relación con los contenidos impartidos en otras materias". Además, apunta que "se ha observado que existen contenidos que se repiten en las enseñanzas mínimas en varios cursos y materias" por lo que se ha tratado de evitar "duplicidades".

Se trata de unas explicaciones que no son suficientes para los servicios jurídicos, que insisten en que "en cualquier caso, se requeriría una justificación de los desajustes existentes, como los puestos de manifiesto, a título de ejemplo, en el presente informe para el supuesto de que las competencias y contenidos omitidos formasen parte de algún otro apartado del currículo". Con todo, la Abogacía ha valorado "favorablemente" este proyecto de decreto, "sin perjuicio del cumplimiento de las consideraciones esenciales consignadas" así como "la atención de las no esenciales".