En la actualidad, de acuerdo con lo establecido en el texto constitucional de 1978, el presidente del Gobierno es nombrado por el rey pero solo después de haber obtenido el apoyo de la mayoría de los diputados. Este modelo lo vemos reflejado en las Comunidades Autónomas, así el presidente de la Junta de Andalucía es elegido “de entre sus miembros por el Parlamento”. Esto significa que ni el presidente del Gobierno ni el de la Junta de Andalucía derivan su mandato de una elección directa, tenemos un sistema parlamentario donde los ciudadanos no votamos para elegir al presidente del Gobierno ni al de la Junta, sino que elegimos diputados, del Congreso o del Parlamento andaluz, y son ellos quienes, como representantes nuestros, eligen a los respectivos presidentes.


Todo esto es, sin duda, una obviedad, que debe saber cualquier alumno de ESO y de Bachillerato, y sin embargo algo perteneciente a las dos normas jurídico-políticas más importantes que tenemos, la Constitución y el Estatuto de Autonomía, parece no existir para el Partido Popular, no porque lo ignore sino porque está dispuesto a utilizar cualquier mecanismo para finalizar con el mandato socialista en España y en Andalucía. En esta segunda, porque hablan de presidente “interino” desde que se produjo el cambio de Chaves por Griñán y difunden la idea de que el nuevo presidente no ha pasado por la urnas, aunque son conscientes de que sí ha cumplido con los trámites establecidos en nuestras normas, puesto que los presidentes, perdonen mi insistencia, no los elegimos de forma directa. Pero su juego político consiste en hacer creer a los ciudadanos que el actual presidente de la Junta no tiene legitimidad, con lo cual consiguen enredar a un sector de la población que no está al tanto de las normas que rigen nuestro sistema político, al tiempo que incumplen la que debería ser una de las normas fundamentales de quienes desempeñan cargos públicos: cumplir con una misión pedagógica de cara a que todos conozcan y valoren el funcionamiento de las instituciones.


E igual ha ocurrido desde el momento en que Rodríguez Zapatero ha anunciado su voluntad de no ser candidato en las próximas elecciones. De nuevo trasladan a la sociedad el mensaje de una situación de provisionalidad, que sin embargo nunca se les ocurrió aplicar en el caso de la segunda legislatura de Aznar. Se trata de un juego sucio porque no va en contra de los adversarios políticos, sino que ataca los fundamentos del Estado democrático. Este tipo de recursos son los que todavía provocan una gran desconfianza en un sector del electorado hacia la derecha, y por supuesto desmienten que de verdad en algún momento hayan iniciado el camino hacia el centro. Rajoy tiene a su alrededor un grupo de personas encargadas de hacer declaraciones en ese sentido, y también Arenas en Andalucía, aunque en este caso él no se priva de echar leña al fuego de la demagogia.


No se me escapa otra cuestión paralela en este asunto, cual es que nos preguntáramos por qué en la historia española más reciente hemos derivado hacia un sistema presidencialista, cuando en función de las normas no debería ser así, pero eso sería entrar en consideraciones diferentes a las que me guiaban en este artículo.


José Luis Casas Sánchez es Profesor de Historia