Estamos en elecciones y todo es cuestión de política. Incluso una diminuta oruga se ve envuelta en la trifulca electoral. La Lymantria dispar, conocida como la lagarta peluda, ha devenido en plaga a lo largo de 60 mil hectáreas de bosque de dehesa en Andalucía, sobre todo en Cádiz. El efecto de esta pequeña mariposa provoca un nuevo pulso entre la Junta y el Gobierno central que se hace sentir en Bruselas.
La Lymantria está afectando a los alcornocales que producen corcho. La Junta de Andalucía ha pedido una autorización especial al MITECO para que la Unión Europea permita el uso de diflubenzuron, un insecticida que se comercializa como Dimilín. Pero el diflubenzuron es una sustancia activa prohibida por Bruselas desde 2020, así que Madrid desecha su uso para los alcornocales de Cádiz. El gobierno de Moreno Bonilla denuncia el agravio contra el campo andaluz.
La plaga de Lymantria es “una realidad que podríamos evitar; pero que desgraciadamente no podemos luchar por no contar con las herramientas adecuadas”, dice el portavoz del gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco. La Junta de Andalucía aplica la estrategia de Doñana: posicionarse con los intereses de parte del sector primario para enfrentar al Gobierno de Pedro Sánchez, aunque esto implique contravenir la legislación europea.
“La provincia de Cádiz y Andalucía merece saber por qué el Ministerio no quiere solicitar a la UE esa autorización excepcional, queremos saber por qué el Parque de los Alcornocales no forma parte de la hoja de ruta del gobierno de España”, espeta Fernández-Pacheco, consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. Consultado por El Plural, a pesar de las declaraciones del portavoz andaluz, fuentes del MITECO explican que es el Ministerio de Agricultura el competente en la materia.
Agricultura confirma que se denegó el permiso al uso de Dimilín por medios aéreos porque no es una sustancia autorizada por la UE y porque existen alternativas legales con las que responder a la plaga, tanto con medios aéreos como con tratamiento terrestre en encinas y alcornoques. No hay motivos, según el Gobierno central, para tramitar la “autorización excepcional” que ahora pide la Junta de Andalucía.
Pero, además, desde el interior del Parque natural de Los Alcornocales emergen voces que denuncian la politización de la plaga por parte de la Junta de Andalucía. El sector del corcho emplea directamente a unas 800 personas en Cádiz.
Los propietarios de las tierras y empresarios solicitan el uso de Dimilín a través de entidades como ASAJA. Sin embargo, consultados los trabajadores del campo, emergen críticas. “El Dimilín no es la panacea, no es 100% eficaz. Pero, de todos modos, ya vamos tarde”, explica el portavoz de los corcheros en Cádiz, Pavel Sánchez.
Los trabajadores del corcho lamentan que este debate no se traduzca en soluciones porque, más allá de la confrontación política, la Junta no ha preparado los expedientes de contratación ni las avionetas para fumigar. “Esto debería haberse tratado en septiembre. Como estamos en campaña buscan confrontación, pero los mismos que gobiernan ahora son los que no usaron el Dimilín hace unos años, cuando todavía se podía usar”, explica Sánchez.
ACOAN, la entidad de los trabajadores del corcho, denuncia que la Junta de Andalucía dejó de fumigar cuando el Dimilín todavía era legal. Este debate obedece a intereses que “no tienen que ver con el alcornoque o con nosotros, los trabajadores”.
La Lymantria dispar es una plaga endémica que existe en España desde el siglo XIX. Las orugas se alimentan de especies frondosas como el alcornoque. Tiene un ciclo biológico de una generación anual y sus poblaciones presentan gradaciones o picos de, normalmente, dos o tres años, alternando con períodos de recesión o valles de 5 a 10 años.
El “tratamiento preventivo” habría sido la solución, reflexiona Francisco Blanco, de la Asociación Forestal Amigos de los Alcornocales. Denuncia que la Junta de Andalucía no haya tramitado antes las intervenciones ni haya testado el uso de distintos agentes bilógicos. Después de todo, “el Dimilín en contacto con el agua” afecta a insectos y, por la cadena trófica, a los pájaros y abejas, “tiene demasiada incidencia”.
En la misma línea se posiciona la Plataforma por el Monte Andaluz, que rechaza el uso de Dimilín por los daños a la fauna en general y a la población humana que podría implicar. Optan por el uso de trampas terrestres y de alternativas bilógicas. La plaga sería “relativamente fácil de controlar, si antes claro, se han hubieran hecho los estudios de campo”, explican los ambientalistas, que además denuncian el nulo desarrollo del Plan Forestal Andaluz y la escasa dotación presupuestaria para el control y seguimiento de plagas.
La respuesta, desde la Junta de Andalucía se queda por ahora en la confrontación política, no en la gestión. El Dimilín podría haberse usado en 2021 con la solicitud de prórrogas y en intervenciones puntuales, si se hubiera justificado incluso ahora. Sin embargo, la inacción sobredimensiona los efectos de un animal que se ha convertido en una plaga y que, junto a los efectos de la sequía, tiene en jaque la supervivencia del alcornocal, uno de los bosques mediterráneos más representativos.
